Juan José Quispe, abogado de Rolando Marcas, uno de los heridos durante manifestaciones en Lima, advierte que Fiscalía Superior trata de bloquear investigaciones.
En una muestra que se pretende bloquear las investigaciones de los abusos cometidos contra los manifestantes en las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso, que dejó más de 60 muertos, la fiscalía superior pretende que las víctimas pasen a condición de investigados en una misma carpeta fiscal, así lo denunció el letrado Juan José Quispe, abogado de Rolando Marcas Arango, uno de los heridos durante las movilizaciones en Lima.
Explicó que las irregularidades se hicieron evidentes cuando el titular del cuarto despacho de la sexta fiscalía provincial penal de Lima, Marco Guzmán Baca, se inhibe de las investigaciones en el que los presuntos agraviados son los policías y remite el caso a la Fiscal Superior, Marena Mendoza Sánchez, Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Especializados en Derechos Humanos.
Según el abogado, la fiscal Mendoza Sánchez emite “una resolución inaudita, inexplicable, arbitraria e ilegal el 10 de mayo último, donde resuelve la acumulación de las carpetas fiscales 298 y la 79”.
En la carpeta 298 se investigaba las presuntas agresiones a los policías y en la 79 la investigación sobre los ataques contra los manifestantes que resultaron heridos durante las marchas exigiendo el adelanto de elecciones generales.
“La fiscal superior ha cometido una aberración jurídica porque una persona no puede ser agraviada y denunciada en una misma carpeta fiscal, no puede ser víctima e investigada a la vez. Un equipo fiscal si puede tener dos carpetas fiscales, una carpeta para agraviados civiles y otra para agraviados de la Policía Nacional, pero no se puede juntar las carpetas en una sola”, aseguró Juan José Quispe.
Tras acumular los casos, el expediente pasó a la fiscal del Equipo Especial, Lidia Nieto Pablo, quien pone en conocimiento de las partes la acumulación dispuesta por la Coordinadora de Fiscales, Marena Mendoza, en cumplimiento a lo que dicta la norma procesal.
Ante ello, los abogados de los agraviados civiles interpusieron oposición por lo que consideraron una medida ilegal y la fiscal Nieto Pablo emite la disposición Nº 04 de no acumulación el 24 de mayo del 2023, donde argumenta que es imposible acumular estos dos procesos porque los bienes jurídicos son diferentes.
En su pronunciamiento, la fiscal explica que en el caso de los civiles pueden ser víctimas de delitos contra la humanidad, de grave violación a los derechos humanos, como homicidio o tentativa de homicidio; mientras que los policías presuntamente agraviados podrían ser víctimas de delitos como disturbios, resistencia a la autoridad, agresiones y otros.
Además, la fiscal Nieto Pablo, sostiene que el artículo 31º del Código Procesal Penal precisa cuáles son los motivos por los que se puede acumular las carpetas fiscales, estableciendo que básicamente es cuando varias personas aparecen como autores del mismo hecho punible en la misma fecha y en el mismo lugar o cuando se presentan imputaciones recíprocas, pero eso no se presenta en este caso.
Es decir, desbarata los argumentos de la fiscal superior Mendoza y sostiene que no se deben acumular las carpetas fiscales porque ni el fiscal Guzmán Baca ni la coordinadora, fundamentaron en cuál de los supuestos del artículo 31º del Código Procesal Penal se basan para la acumulación.
Para el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) se trata de un globo de ensayo que no les ha dado resultados, teniendo en cuenta como referencia la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 790-2023-MP-FN que crea el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.
Tras la no acumulación se ha devuelto el caso al fiscal que se inhibió, Marco Guzmán Baca, y ahora debe investigar las presuntas agresiones a los policías, mientras que el Equipo Especial verá el caso de las víctimas civiles.
Quispe advierte que hay una clara intención de los fiscales superiores para acumular los procesos donde las víctimas pueden pasar a calidad de investigados y “eso podría aplicarse en los casos de asesinatos de manifestantes en el interior del país”.
