Una mentira más de las bancadas que le dan mayoría congresal al régimen de Dina Boluarte, es que esta no supondrá mayores costos a los peruanos contribuyentes. Pero sin contar los inestimables costos en democracia e institucionalidad, el texto literal de la propuesta aprobada, incorpora un aumento sustantivo del gasto anual en el Congreso.
Antes de destacar los artículos que explicitan esta propuesta de expolio del presupuesto público, conviene recordar su contexto.
1 86 congresistas han votado a favor de una reforma de 53 artículos que reconfiguran uno de los núcleos de la Constitución, nuestro sistema de Gobierno. El centro de esta reforma está en la generación de un Senado, como segunda Cámara, con un mínimo de 60 senadores, que podrán incrementarse, en adición a los 130 diputados de la nueva Cámara de Diputados, que también podrán incrementarse “de acuerdo al incremento poblacional” (propuesta de modificación al artículo 90 de la Constitución).
2 La bicameralidad ya ha sido rechazada aplastantemente en el referéndum del 9 de diciembre de 2018, con 84% de desaprobación, en sintonía con el 79% que aprobó la no reelección inmediata de congresistas, como ya lo había para alcaldes, gobernadores y presidente de la República. En ese momento, el rechazo a la bicameralidad fue, antes que el resultado de una deliberación sobre el mejor funcionamiento del Congreso, una manera de evitar que los congresistas de ese momento, de amplia mayoría fujimorista, se reelijan.
3 Con la aprobación actual, se requeriría un nuevo referéndum que la confirme. Sin embargo, el fujimorismo ha pedido una reconsideración de la votación, en busca de un voto adicional que les evite plantear un debate público ante la ciudadanía.
4 Por ende, es urgente que los ciudadanos y ciudadanas conozcamos mejor aspectos de la propuesta aprobada, uno entre varios de ellos, el costo explícito de la misma.
5 Actualmente el artículo 79 de la Constitución indica que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.” Esta norma se mantiene en la propuesta. Cabe recordar que ha tenido nefastas consecuencias, las del abuso de poder, con privilegios y banalidades en beneficio exclusivo del conjunto de congresistas electos en cada período. Este año nos supone a los contribuyentes un gasto de 928 millones de soles, en el pico de una escalada sin control. Cuándo tengamos una Asamblea Constituyente con representantes elegidos exclusivamente para una nueva Constitución, sin competencias sobre el presupuesto anual, debería establecerse que el Congreso también se sujeta al sistema nacional de presupuesto, de manera que los congresistas no puedan autobeneficiarse.
En ese contexto, la segunda disposición complementaria final de la propuesta de reforma constitucional indica que “La implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República, sin que sobrepase el 0.6 % del Presupuesto General del Republica.” Esto significa 1288 millones 740 mil soles, aplicando ese porcentaje al presupuesto anual. O sea, más de 360 millones de soles adicionales a los de hoy. Para tener una idea de lo que eso significa, tengamos en cuenta que una casa de 150 m2, holgada para una familia, cuesta hasta 225 mil soles. De manera que con lo que se nos propone aprobar, se podrían construir 5 mil 730 casas familiares. Le invito a usted, estimado lector, a hacer otros cálculos que aterricen la cifra que la mayoría congresal quiere que le entreguemos para su disposición arbitraria y sin control.
Así que tenemos ahora una razón adicional para movilizarnos exigiendo el pronto reemplazo de los actuales congresistas junto con el actual Ejecutivo; así como una Asamblea Constituyente que nos dé un diseño político que responda a un pacto social que nos abra a un horizonte de desarrollo sostenible en este siglo
