El partido alemán La Izquierda presentó en mayo en el Bundestag (Parlamento) una petición para que el Gobierno del canciller Olaf Scholz brinde información sobre la cooperación de Alemania con el controvertido operador del Aeropuerto Palmerola de Honduras, inaugurado en 2021. Ahora, Berlín ha dado sus respuestas por escrito. Sin embargo, la solicitud con 24 preguntas ha sido contestada de forma escueta y sin entrar en muchos detalles.
La corporación Flughafen München GmbH (FMG), por medio de su filial “Munich Airport International” (MAI), brinda servicio en consultoría, gestión de aeropuertos y formación a decenas de aeropuertos en todo el mundo. Y uno de esos clientes es la empresa EMCO, de Lenir Pérez, un millonario hondureño investigado por presunta violación a los derechos humanos y corrupción.
Debido a que FMG es propiedad del Estado Libre de Baviera (51%), la República Federal de Alemania, representada por el Ministerio de Asuntos Digitales y Transporte (26%), y la ciudad de Múnich (23%), los parlamentarios izquierdistas pidieron explicaciones a Berlín.
Al tanto de las investigaciones contra Pérez
Ante el principal cuestionamiento, sobre si FMG verificó las investigaciones por malversación de fondos públicos contra EMCO y Pérez previo a la celebración de contratos de consultoría, el Gobierno alemán informó que FMG y MAI realizaron auditorias los años posteriores a la apertura del Aeropuerto de Palmerola, como lo hacen regularmente con sus socios comerciales. Pero, “en ninguna de las pruebas se hicieron hallazgos en contra de su socio”.
Otra de las preguntas se basó en un estudio del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, que señaló que a pesar de que el Estado hondureño finació la construcción del Aeropuerto de Palmerola con unos 125 millones de dólares y la filial de EMCO, “Aeropuerto Internacional de Palmerola” (PIA), solo invirtió 87 millones de dólares, esta última obtiene el 69% de las ganancias. Sobre ello, Berlín alega brevemente: “El Gobierno federal no tiene información al respecto”.
En entrevista con DW, Ana Pineda, abogada y representante de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en el país centroamericano, explica que el problema radica en “la influencia política que tenía Pérez, por la que logró obtener la concesión del Aeropuerto de Palmerola”. Desde hace muchos años, Pérez habría empezado a forjar una fuerte amistad con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), detenido en la actualidad en Nueva York.
“En general, hay mucha corrupción en cómo se otorgan las concesiones”, afirma la experta y recuerda que Pérez es el segundo empresario más polémico de Honduras, después de Miguel Facussé – el fallecido padre de su esposa, Ana Facussé – quien también habría construído su imperio sobre “mucha corrupción”.
Contaminación del agua y amenazas a activistas
Por otro lado, sobre las investigaciones penales en contra de Pérez y su empresa minera, según las cuales este sería responsable de violaciones a los derechos humanos, amenazas de muerte a ambientalistas y cohecho, entre otros, Berlín indica: “Tenemos conocimiento de las denuncias”. Sin embargo, “el Gobierno alemán aún no ha recibido información de que Pérez haya sido condenado en relación con estas denuncias”.
Pérez es propietario de dos minas de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras en la Región de Tocoa, cuya población lo responsabiliza de los inmensos daños medioambientales y la contaminación del agua causados por la extracción del mineral. Consultado sobre su valoración en este caso, el Gobierno alemán dice que “una evaluación concluyente de quién causó la destrucción ambiental y la contaminación del agua no es posible debido a la falta de información confiable”.
Edy Tábora, activista y abogado de movimientos sociales en Honduras, cuenta a DW que todas las denuncias no han avanzado debido a la impunidad que existe en su país. “Los ambientalistas y defensores de derechos humanos han presentado más de 20 denuncias y aún no hay investigaciones. No solo contra Pérez y sus empresas, sino también contra funcionarios públicos que otorgaron esas concesiones”, lamenta Tábora.
Pedido conjunto con la UE
Asimismo, Pineda, de la FES, indica que en el área del Parque Nacional Carlos Escaleras “han sido perseguidos muchos líderes ambientalistas y se ha llegado a la detención ilegal de personas e, incluso, al asesinato de personas”. Sobre dichas acusaciones, Berlín recordó que, junto con sus socios de la UE, siempre ha pedido a las autoridades responsables de Honduras que brinden información y cumplan con el estado de derecho.
“La atención que se presta ahora al tema se debe, principalmente, a los defensores de derechos humanos de la zona de Guapinol y a la presión internacional de muchas organizaciones internacionales”, asegura el activista Tábora.
Ambos expertos saludan que en Alemania también se estén interesando por el caso. “Para nosotros que estamos en Honduras y sabemos lo difícil que funciona la justicia aquí, es un avance que haya países que se estén preocupando realmente por hacer estas investigaciones sobre personas implicadas presuntamente en casos de corrupción y en lavado de activos”, opina Pineda. Si la fracción parlamentaria de La Izquierda quedará conforme con la respuesta del Gobierno alemán, está aún por verse.
