El retiro de la vida laboral. ¿Qué debería implicar para un ciudadano de a pie? A lo mejor tiempo libre para invertir en la familia, viajes y aficiones postergadas. Es el tránsito a la tercera edad, una etapa de la vida que debería ser más sosegada. Sin embargo, en América Latina, en muchas ocasiones este no es el caso por una simple razón: la ineficacia del sistema de pensiones, tanto en el ámbito público como privado. Para empezar, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), nacidas al calor de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, se posicionaron como el modelo a seguir en Latinoamérica.
Sin embargo, con el paso de las generaciones, su promesa de multiplicar el valor de los ahorros de los afiliados se ha visto eclipsada por la baja densidad de cotización. En otras palabras, la cantidad de meses que un empleado aporta a su fondo es menor al tiempo que estuvo afiliado durante su vida laboral. Si añadimos salarios bajos y altos niveles de informalidad laboral, la receta está completa para obtener pensiones insuficientes. Al ser una realidad que comparten todos los países de América Latina, no es de extrañar que parlamentarios o gobiernos de turno hayan propuesto diversas medidas para remediar la situación de millones de jubilados. Y como es de esperar, el eterno debate entre izquierda y derecha también se manifiesta con múltiples discusiones por medio.
PERÚ Y LA REACCIÓN TARDÍA DEL GOBIERNO DE BOLUARTE
El pasado 20 de junio, el Ministerio de Economía peruano presentó su propuesta de reforma de pensiones tras cinco meses de retraso. La iniciativa buscaba mantener el modelo de las AFP, pero prohibía el retiro parcial o extraordinario de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización durante la etapa activa de sus afiliados.
Este caos de ofertas y promesas lleva a pensar en la realidad desesperada del sistema de pensiones peruano. Según un informe de Ojo Público, más del 90% de afiliados a las AFP que llegan a jubilarse retiran casi la totalidad de sus ahorros. En su mayoría, rechazan recibir una pensión mensual, porque el cálculo del sistema les brinda montos muy bajos que no les permite sobrevivir en el día a día. Para remediar el problema, el gobierno de Boluarte aprobó el pasado 10 de octubre un proyecto de ley que busca establecer una pensión mínima de 600 soles (US$ 153,4), destinada tanto para los afiliados al sistema público como privado.
Se trata de una suma menor incluso al salario mínimo en Perú, cotizado actualmente en S/. 1.025 (US$ 262,1). Ante este panorama, el ministro de Economía, Álex Contreras, resaltó que solo el 30% de la población económicamente activa aporta a una pensión, debido a la alta informalidad. Asimismo, el 27% de peruanos que aportaron al Sistema Privado de Pensiones (SPP) tienen vaciada su cuenta individual de capitalización luego de los múltiples retiros a la AFP que se aprobaron durante la pandemia del COVID-19. La respuesta del gobierno también incorpora a bancos, cajas municipales y cajas rurales como administradores de pensiones, con el fin de reducir las comisiones. Actualmente, el Pleno del Congreso aún debe dar el veredicto sobre esta nueva salida que busca alivianar el drama del pensionista peruano.
LOS PILARES DE PETRO Y SUS RESTRICCIONES EN COLOMBIA
En Colombia, también soplan vientos de cambio al sistema de pensiones, aunque igual de revoltosos que en Perú. El pasado 14 de junio, el Senado colombiano aprobó en primer debate la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Bajo la consigna de hacer un “cambio por la vejez”, la reforma buscaba garantizar una renta vitalicia a todas las personas de la tercera edad en un país donde seis de cada 10 adultos mayores no disponían de este privilegio.
En ese sentido, el proyecto presentó el “pilar solidario”, medida que esperaba otorgar una renta de $ 223.800 (US$ 53,5) pesos mensuales a 2,5 millones de colombianos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad. En la misma línea proteccionista, la reforma incluía una reducción de las semanas mínimas requeridas para que las mujeres sean pensionadas: se pasaba de 1.300 a 1.000 semanas basándose en un fallo de la Corte Constitucional de Colombia. El proyecto apuesta también por el pilar “semicontributivo”, medida que le brindaba una jubilación a aquellos colombianos que tuviesen entre 150 y 999 semanas cotizadas en el fondo público o que dispongan de una cuenta individual en una AFP. Finalmente, los ciudadanos pueden ejercer el ahorro voluntario que les permitirá aportar de forma voluntaria con el fin de elevar sus futuras jubilaciones.
Sin embargo, hasta la fecha, la aprobación del Senado en primera instancia ha sido el punto de estancamiento de la reforma pensional. En el camino, desde el sector privado se levantaron varias voces críticas. Como muestra, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos) criticó las restricciones del proyecto como la eliminación de la jubilación anticipada a cambio del ahorro voluntario, la libertad de elegir la modalidad de pensión, así como la libertad de examinar cada cierto tiempo cómo se administran los ahorros personales. De esta forma, la promesa de un cambio para la tercera edad se mantiene cuesta arriba, aunque todavía es un tema candente en la agenda pública de Colombia.
LA REFORMA MEXICANA Y SUS DESAFÍOS EN SOSTENIBILIDAD
México representa un cargo particular, debido a que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya dio luz verde a una reforma de pensiones en diciembre de 2020. Al año siguiente, tras entrar en vigencia, se redujo el número de semanas cotizadas que requería un empleado para disponer de una pensión garantizada. Así, se pasó de 1.250 semanas cotizadas a 750; no obstante, dicha cifra se incrementará hasta alcanzar las 1.000 semanas para 2031. Esta medida busca reducir el número de trabajadores que previamente obtenían una negativa de pensión por haber empezado a cotizar a una edad relativamente alta o por haber registrado periodos de no cotización. La reforma también instauró que habría un alza gradual de las aportaciones tripartitas a las pensiones (gobierno, empresa, trabajadores), pues pasarían del 6,5% al 15% del salario base de cotización. Así, a partir de este año, la aportación ha subido de acuerdo con el salario base de los trabajadores con la finalidad de cubrir al 15% de trabajadores mexicanos para 2030.
Tras casi tres años de vigencia, el nuevo sistema ha gozado de ciertos logros, pues según reveló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en marzo, miles de mujeres trabajadores han logrado pensionarse con una tasa de reemplazo de más del 70%. El organismo sostiene que de no haberse aprobado la reforma, el porcentaje apenas habría sido del 35%. Se trata de un cambio que fue posible, debido a la ya mencionada reducción de las semanas de cotización para asignar pensiones.
No obstante, para septiembre de 2023, el gobierno de AMLO anunció que impulsaría un programa de ajustes al sistema. Pese a que no especificó de qué medidas se trataban, el Ejecutivo mexicano reconoció que el gasto en pensiones subiría de forma considerable en las siguientes décadas, pues si bien en 2023, la población mayor a 65 años era 8,2% de la población total, para 2050, se esperaba que la cifra se duplique a 17%. De esta manera, el envejecimiento gradual de la población mexicana, como consecuencia de la baja en las tasas de natalidad, se convierte así en el desafío crucial para los siguientes años. Otro reto a destacar es el aumento del gasto público que conlleva la reforma pensional. Así, para 2024, se propone un crecimiento del 12% que incluye pensiones contributivas y no contributivas. De esta forma, se alcanza un 22% del gasto total, donde el 10% con mayores ingresos recibe 4,6 más recursos que el 10% con menos ingresos. Se presenta así una desigualdad que amenaza la sostenibilidad de la reforma en el largo plazo.
EL FRACASO DEL DIÁLOGO EN CHILE
Por último, en Chile, donde el ímpetu para la reforma pensional parecía más elevado, los obstáculos parecen haberse impuesto. El pasado 16 de octubre, el gobierno de Gabriel Boric decidió suspender el trámite legislativo de su proyecto hasta después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. La decisión se sustenta en la duda sobre si la sociedad chilena aprobará un nuevo texto constitucional, así como en una cuestión urgente: el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
Pero, ¿en qué consiste la reforma que ha quedado en suspenso? Pues de manera similar a su par de Colombia, la reforma chilena busca aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se financia con recursos públicos mediante la reciente Reforma Tributaria. El segundo pilar aspira a otorgar una nueva pensión del seguro social, financiada por los empleadores. Y finalmente, el último punto consiste en disminuir las comisiones y mejoramientos de la rentabilidad obtenida en el componente de capitalización individual. No obstante, la propuesta que ha levantado mayor polémica supone la eliminación de las AFP y su reemplazo por un sistema mixto donde intervendrán un administrador de pensiones público e inversores privados.
El cambio de 180 grados que propone el gobierno de Boric ha generado controversia en la oposición parlamentaria, liderada por los partidos de derecha, Renovación Nacional (RN), UDI y los Republicanos. Por ejemplo, en septiembre, el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum declaró en un comunicado de prensa que los chilenos deberían disponer de la propiedad de sus fondos, así como de la posibilidad de elegir entre un sistema privado y público. Asimismo, acusó al Ejecutivo chileno de introducir un sistema de reparto de fondos que “es una fórmula que ha fracasado en todo el mundo”. De esta forma, al igual que en Colombia y Perú, la polarización política obstaculiza la discusión sobre el cambio de sistemas pensionales agotados, pero cuyos cambios se debaten entre el populismo y la realidad. Mientras tanto, el futuro de millones de latinoamericanos continúa a la espera de experimentar una luz de esperanza.
Fuente: Amüerica Economia
