El caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ ha vuelto a poner al expresidente Martín Vizcarra en la mira de la justicia. Los graves cargos que se le imputan podrían ocasionar que enfrente una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, lo que a su vez lo llevaría a un proceso penal. En el siguiente informe, conozca más sobre este nuevo escándalo que involucra al exjefe de Estado.
“Es tan fácil de poder ver las inconsistencias de las declaraciones. Por ejemplo, quien dice que habría recibido plata es Karen Roca y que ha sido por que han entrado en maletines a mi oficina. Para empezar, no hay ingresos por la puerta Perú, el ingreso de todo visitante es por Desamparados”.
Este fue el argumento de defensa que dio el expresidente Martín Vizcarra a RPP, luego de haber sido señalado por una colaboradora eficaz de la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización criminal conocida como ‘Los Intocables de la Corrupción’.
Y es que, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ‘Los Intocables de la Corrupción’ estaban dedicados a promover lobbies ilícitos para apropiarse de dinero del Estado a través de contrataciones públicas fraudulentas en Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según los colaboradores eficaces, estas actividades habrían tenido lugar durante el gobierno de Martín Vizcarra, sindicado de encabezar la citada organización criminal.
El caso se dio a conocer el pasado 30 de enero, cuando fiscales y policías ejecutaron una resolución judicial que ordenaba la detención preliminar por diez días de cuatro exfuncionarios de Provías Descentralizado y un empresario. Pero, además, este caso tiene su origen en las investigaciones hechas a Zamir Villaverde y otros empresarios, por presunto lavado de activos, en el caso denominado Puente Tarata, que a su vez involucra al expresidente Pedro Castillo y a gente de su círculo más cercano.
Uno de los detenidos es Carlos Revilla, quien ocupó el cargo de subgerente de Obras del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra, entre 2011 y 2014. Según la investigación fiscal, Carlos Revilla fue nombrado asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes a solicitud de Vizcarra cuando este último ocupaba el cargo de vicepresidente de la República del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tras asumir la Presidencia de la República, en 2018, Martín Vizcarra habría intercedido para que Carlos Revilla asumiera el cargo de director ejecutivo de Provías Descentralizado.
Desde ese puesto, según la Fiscalía, Revilla habría recibido directivas para “promover lobbies ilícitos” en favor de los intereses de la presunta organización criminal, y por ello habría establecido vínculos con otros funcionarios de dicha institución.
Según la declaración de un testigo en reserva ante la fiscalía, entre los años 2018 y 2019, Carlos Revilla habría entregado dinero en efectivo a Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno, el cual era transportado en un maletín deportivo de color negro. Según esta versión, el entonces mandatario habría solicitado que no se dejara registro de estos ingresos y que se apagaran las cámaras de la casa de gobierno.
Exfuncionario de Vizcarra lo complica y entrega dinero de presunta coima
Al respecto, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello fue enfática al afirmar que siente vergüenza por la conducta mostrada por el exjefe de Estado.
“Vizcarra, para mí, es un personaje oscuro que está jugando en un país de informalidad y de tomarse poco en serio las cosas que importan, porque la gente tiene que reírse, (…) y creo que él calza perfecto en esta cosa circense de una política chicha, en la que hasta es gracioso, si eres un sinvergüenza y un vivo, ¿no?”, manifestó.
Otro de los detenidos en el caso es el exgerente de Obras de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte, quien recientemente se acogió al mecanismo de la colaboración eficaz y entregó a la Fiscalía medio millón de soles en efectivo que habría formado parte de un soborno.
También está implicada la excoordinadora de la Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado Elizabeth Ugarte, quien se encuentra fuera del país, pero con un pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses en su contra.
El fiscal José Luis Quispe Changanaquí solicitó 36 meses de prisión preventiva contra estos tres exfuncionarios de Provías Descentralizados, acusándolos por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y, alternativamente, por negociación incompatible en agravio del Estado.
En tanto, otros dos investigados en el caso se acogieron al mecanismo de colaboración eficaz. Ellos son el exfuncionario de Provias Descentralizado Juan Enciso y el empresario Hugo Meneses, quienes en diferentes declaraciones ante la fiscalía han atribuido al expresidente regional de Moquegua como presunto receptor de sobornos por obras.
La Fiscalía de la Nación ya solicitó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder un informe detallado y documentado respecto a la presunta vinculación de Martín Vizcarra con “Los Intocables de la Corrupción”, para adoptar las acciones que correspondan en torno a este caso. Por su haber ejercido el cargo de presidente de la República, Vizcarra Cornejo todavía goza de inmunidad y el beneficio de antejuicio político en el Congreso.
Para la exprocuradora Ad Hoc del caso Lava Jato Katherine Ampuero, es altamente probable que la Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra ante el Parlamento a raíz de este caso.
“El fiscal de la Nación lo que tiene que hacer es presentar una denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra ante el Congreso de la República, con toda esta evidencia, que ha podido recabar durante meses de investigación este equipo especial”, sostuvo.
La gravedad de los hechos atribuidos a Martín Vizcarra por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’ complican más su situación legal y descartan la posibilidad de que vuelva a ocupar el sillón presidencial o algún otro cargo dentro del aparato estatal.
