La debilidad de nuestras instituciones, sazonada con indicios y hechos de corrupción, la inestabilidad política y jurídica, y los signos de autarquía que caracterizan a los Gobiernos subnacionales generan un ambiente de incertidumbre que golpea fuertemente la economía
A lo largo de la historia económica del mundo, no cabe duda de que adoptar las ideas y acciones en materia de políticas públicas que se centran en la libertad ha dado resultado, al reducir la pobreza y mejorar el bienestar general. En el Perú, por ejemplo, a partir de políticas de promoción de inversiones y el establecimiento del rol subsidiario del Estado, la pobreza se redujo sostenidamente, pues pasó del 58,7% en 2004 al 20,2% en 2019, previo al periodo de pandemia; mientras que la pobreza multidimensional, que mide la tasa de la población que carece de al menos un servicio básico, pasó del 75,4% en 2004 al 44,9% en 2019.
Naturalmente, existen condiciones básicas para que los beneficios de las libertades individuales y colectivas se traduzcan en un mejor ambiente de negocios y mayores oportunidades para las familias. Algunas de esas condiciones estarían agrupadas en lo que conocemos como “reglas de juego” o “Estado de derecho”, básicamente porque sin esto no se contaría con la certeza, la certidumbre, la confianza para tomar decisiones de inversión o de compras, no solo para las empresas —micro, pequeñas, medianas o grandes—, sino también para las familias.
Según el último informe Índice de Libertad Económica, elaborado por el Heritage Foundation, el cual mide las políticas y condiciones económicas de 184 países del mundo, mediante el análisis de doce indicadores agrupados en cuatro pilares, se evidencia que, en promedio, el pilar “Estado de derecho” tiene las puntuaciones más bajas a nivel global, lo que reflejaría la corrupción sistémica que existe en las instituciones gubernamentales de muchos países. Dicho pilar contiene tres indicadores: i) Derechos de propiedad, ii) Eficiencia judicial e iii) Integridad del Gobierno y, en lo que respecta al Perú, tales indicadores son en los que peor estamos, con menos de 50 puntos sobre 100. Particularmente, en el indicador de Integridad del Gobierno apenas alcanzamos una puntuación de 36,3.
En el caso de los resultados del Índice en general, el Perú registró 1,7 puntos menos que en el informe del año pasado, y actualmente nos situamos en el puesto 49 a nivel mundial, mientras que los más libres son Singapur, Suiza e Irlanda, en ese orden. Asimismo, nos ubicamos en el puesto 8 de la región, liderada por Canadá (16 en el mundo), Chile (21) y EE. UU. (25). Las mejoras en el índice de libertad pueden impulsar el desarrollo y la prosperidad.
La debilidad de nuestras instituciones, sazonada con indicios y hechos de corrupción, la inestabilidad política y jurídica, y los signos de autarquía que caracterizan a los Gobiernos subnacionales generan un ambiente de incertidumbre que golpea fuertemente la economía y limita los esfuerzos por reactivarla.
De acuerdo con los resultados del índice, somos considerados un país “moderadamente libre”; pero, si no tomamos conciencia de lo que está en juego por darle la espalda a las ideas de la libertad, por seguir comulgando con la corrupción en perjuicio de los que más necesitan de servicios básicos de calidad, podríamos convertirnos en un país no libre o, peor aún, reprimido, y estar al lado de países como Bolivia (165) o Venezuela (174).
