Entre los numerosos problemas que afectan a Reino Unido, una crisis soterrada, que lleva 14 años fraguándose pero cuyos orígenes
se remontan hasta Margaret Thatcher,
ha desatado la sorpresa. En lo que va de legislatura ya se han puesto en marcha los trámites para activar 8 procesos de quiebra entre los ayuntamientos británicos, en lo que es tan solo el aperitivo de una auténtica oleada de impagos. Desde la Unidad de Información de Gobiernos Locales (LGiU, por su siglas en Inglés), han lanzado un informe advirtiendo que
el 51% de todas las administraciones entrarán en quiebra
la próxima legislatura. Un auténtico incendio que obligará no solo a un rescate a gran escala, sino que está forzando desde ya a recortar de forma masiva los gastos para adecuarse a la legislación.
A poco más de un mes de las elecciones municipales en gran parte de Inglaterra, con sus grandes ciudades (Londres, Mánchester o Liverpool) a la cabeza, todas las miradas están puestas en la creciente lista de ayuntamientos que ya han pedido un rescate o están a punto de hacerlo. Birmingham, Nottingham, Woking, Slough, Thurrock y el barrio londinense de Croydon se han visto obligados a hacer una solicitud de “apoyo financiero extraordinario” al Gobierno ante la imposibilidad de cuadrar sus cuentas. Y un 20% de los primeros ediles de Inglaterra creen que es probable que se vean obligados a declararse en bancarrota en el próximo año.
Esta situación ha pillado de sorpresa a muchos políticos que han visto cómo las administraciones locales pasan al foco nacional ante una auténtica crisis de proporciones históricas. De hecho, desde 2018 ya ha habido trece ‘avisos de Sección 114’ (el mecanismo de quiebra que tienen los ayuntamientos). Hasta llegar a ese año solo se había producido una bancarrota desde el año 2000 y todos dan por hecho que se viene un verdadero tsunami.
Técnicamente, los ayuntamientos de Reino Unido no cuentan con un mecanismo de quiebra al uso. Para declararse incapaces de asumir sus deudas y sus gastos corrientes recurren a la ‘Sección 114’. En el momento en el que una administración lanza este aviso se compromete legalmente a bloquear cualquier nuevo gasto durante 21 días en los que presenta un nuevo presupuesto. Entonces, si el Gobierno acepta esas cifras, puede emprender la recaudación de ingresos extraordinarios por ventas de activos o, incluso, recurrir al “apoyo financiero extraordinario”.
Por ejemplo, el ayuntamiento de Somerset, que está al borde de la crisis, explica que “hemos analizado todos nuestros servicios no imprescindibles para buscar ahorros y hemos tomado una serie de decisiones desgarradoras y desagradables, como recortes en los servicios, subidas de impuestos y tasas, reservas para gastos, venta de activos y propiedades, y un programa de transformación de arriba a abajo que reducirá el tamaño de nuestra fuerza laboral en más de un 20%”.
Esta fórmula de rescate ha costado 2.500 millones de libras solo con los ayuntamientos que ya han quebrado, con la ciudad más grande, Birmingham, recibiendo 1.200 millones. Ante una oleada de quiebras como las que se esperan para la próxima legislatura, Downing Street tendría que emprender un programa de rescate a gran escala. De hecho, desde la Asociación de Gobiernos Locales (LGA) explican que estos ‘rescates’ que tiene que asumir el estado por la caída de los concejos ya han generado un agujero acumulado de 6.400 millones desde 2020, tras crecer a un ritmo de unos 1.400 millones anuales. Ahora esperan que esa cifra continúe ‘in crescendo’ con la entrada en la próxima legislatura y cuando nuevas administraciones pidan ayuda.
Jonathan Carr-West, director ejecutivo de LGIU, dijo que en la última encuesta sobre todos los ayuntamientos, estos concluían que la “situación financiera de los concejos es desesperada y ruinosa”. Hasta ahora, Carr-West señala que los ayuntamientos estaban sosteniéndose gracias principalmente a “recortes, préstamos y gastar reservas”. Sin embargo, la inflación desatada y unos tipos de interés elevados han acelerado de forma crítica este problema estructural. De momento los municipios que ya se han acogido a la ‘Sección 114’ están vendiendo activos para tapar agujeros y la mayoría piden tener acceso a otras fuentes de ingresos, vetadas por la actual legislación.
