Decenas de peruanos fueron asesinados durante las protestas contra Dina Boluarte que se registraron entre fines de 2022 e inicios de 2023.
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha exhortado al Ministerio Público a que presente la investigación preparatoria para quienes resulten responsables de las muertes durante las protestas contra Dina Boluarte en Puno.
La República accedió al documento de la resolución de la jueza Margarita Salcedo Guevara contra los imputados Fernando Rodríguez Huanqui, Manuel Fernando Alarcón Elera, Héctor Estoardo Castañeda Barrios, Enrique Arturo Cárdenas Chauca, Josué Reymell Frisancho Lazo, Seguil López Jeanpierre e Ítalo Charalla Choque, por el presunto delito de violación de derechos humanos entre fines de 2022 e inicios del 2023.
La disposición fiscal n.º 8, emitida el 27 de noviembre de 2023, ha formalizado y continuado la investigación preparatoria contra los investigados por la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado en contra de Franz Juan Canaza Cahuaya, Alex Enry Quispe Serrano, Elías Lupaca Inquilla, Elvis Pari Quiso, Percy Alex Castillo Pongo y Carlos Daniel Quispe Montalico, militares que fallecieron ahogados cuando intentaban cruzar el río Ilave.
Asimismo, a Rodríguez Huanqui y el resto de acusados se les atribuye el presunto delito de lesiones culposas graves contra Wilber Ccama Tacanahui, Yerson Mena Flores, David Ccopa Jarri y Franklin Alexander Apaza Mamani, quienes también fueron perjudicados cerca del río Ilave, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de Boluarte Zegarra.
Muertes durante protestas en Puno: PJ exhorta a la Fiscalía presentar investigación preparatoria para los responsables
La resolución emitida considera varios aspectos fundamentales del proceso penal. En primer lugar, se establece la comunicación formal del Ministerio Público al juez de la Investigación Preparatoria para continuar con las investigaciones, según lo dispuesto en los artículos 3 y 29 del Código Procesal Penal.
Asimismo, se hace hincapié en la provisión de defensa gratuita por parte del Servicio Nacional de Defensa de Oficio, garantizando el acceso a la justicia para aquellos sin recursos para designar un abogado defensor.
El documento también aborda los derechos y responsabilidades del agraviado, así como los deberes de las partes en el proceso judicial, incluyendo la obligación de concurrir a las citaciones judiciales y la notificación oportuna de las disposiciones fiscales dictadas.
Entre las medidas impuestas por la resolución, se destaca la comparecencia simple de los investigados, bajo apercibimiento de revocación de la medida en caso de incumplimiento. Además, se requiere al representante del Ministerio Público que precise el plazo de la investigación preparatoria, advirtiéndole sobre el cumplimiento de los plazos establecidos por ley.
En este contexto, se exhorta a los abogados de los imputados a cumplir con sus obligaciones procesales, así como a los sujetos procesales a revisar la carpeta fiscal disponible en las oficinas de la Fiscalía encargada del caso.
¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Perú en relación con las protestas?
La situación de los derechos humanos en Perú en relación con las protestas ha sido objeto de preocupación por parte de organizaciones nacionales e internacionales por incluir:
- Uso de la fuerza por parte de las FF. AA. y la PNP
- Detenciones arbitrarias
- Libertad de expresión y reunión pacífica
- Protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
