Ricardo Enrique Vargas Contreras dijo que todo fue planeado y que saldrá libre porque no hay ninguna prueba que lo incrimine.
Tras haber sido detenido por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) por presuntamente haber pedido una coima de S/2.500 para la liberación de una persona, Ricardo Enrique Vargas Contreras, jefe del Depincri Cercado de Lima, ha asegurado ante la prensa durante su salida de la carceleta del Ministerio Público que todo ha sido planeado para tratar de incriminarlo en este acto corruptivo.
“Yo voy a salir libre porque no tengo nada en contra. Esto es un exceso del Ministerio Público. Han pedido mi detención preliminar simplemente porque soy divorciado y porque soy el jefe”, indicó el comandante PNP.
Sin embargo, estas declaraciones contradicen a lo encontrado por la Dircocor el último 13 de abril durante el allanamiento a las oficinas policiales.
En tal escena fue hallado un sobre con billetes, elemento de prueba que refuerza las sospechas de corrupción y la tesis manejada por la Fiscalía. La Dircocor indicó que este caso se clasifica como una acusación de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Como se recuerda, la detención de cuatro agentes se realizó bajo orden judicial, como parte de una investigación que se originó a raíz de una denuncia. Dicha denuncia acusaba a los efectivos de solicitar dinero a cambio de facilitar la liberación de una persona detenida.
PNP: ¿cuáles son las sanciones por estar involucrados en actos de sobornos?
En Perú, las consecuencias de participar en el intercambio de sobornos, también conocidos como coimas, son severas, especialmente cuando involucran a miembros de la Policía nacional. De acuerdo con la legislación vigente, recibir beneficios ilícitos como parte de la fuerza policial conlleva hasta cinco diferentes niveles de sanciones, según el Código Penal.
Particularmente, aceptar cualquier tipo de regalo que influya en la ejecución o la omisión de una acción relacionada con las responsabilidades de la PNP (definido como cohecho pasivo impropio) puede resultar en una condena de prisión de entre cuatro y siete años.
Más grave aún es el delito de cohecho pasivo propio, en el que se altera la conducta funcional de un agente a cambio de un beneficio, lo cual es sancionado con penas de prisión de entre 8 y 12 años.
Respecto a la denuncia de actos de corrupción dentro de la Policía, existe la Central Única de Denuncias, que proporciona una plataforma digital y telefónica.
A través de este servicio, los ciudadanos pueden presentar quejas sobre comportamientos indebidos del personal policial y del Ministerio del Interior, además de reportar situaciones como la trata de personas, violencia familiar y puntos de venta de drogas, entre otros asuntos.
Fuente: La República
