Evaluaciones. Jefa de Estado cumplió 500 días al mando y superó en permanencia a su antecesor, Castillo, pero lo hizo con una carga propia de cuestionamientos por visos de corrupción, ineficiencia y con desaprobación de la ciudadanía mayor a la del exmandatario. Hitos acentúan desconexión de Gobierno con gran mayoría del Perú.
La presidenta Dina Boluarte cumplió 500 días en el mando y superó a su antecesor, Pedro Castillo, que estuvo 497 días. Sin embargo, cruzó esa barrera con una carga de cuestionamientos también con visos de corrupción, ineficiencia y rechazo de la ciudadanía mucho mayor que el que tenía el hoy exmandatario encarcelado.
Las muertes en represión de protestas, sus afanes para aparecer con el presidente de Estados Unidos, la excarcelación de Alberto Fujimori, el caso de relojes Rolex son algunos hitos.
Apenas llegada al mando, en diciembre de 2022, un 27% del país estaba de acuerdo con que asumiera la presidencia y un 71% en desacuerdo, según encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Al mes siguiente, un 19% aprobaba su gestión y un 71% la desaprobaba.
Ese rechazo llegó a un 82% en julio pasado, luego del duro informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el expresado desestimiento de una adelanto electoral.
Luego, creció a un 85% en noviembre, tras el caso de las amigas de Alberto Otárola y los afanes para reunirse con el Papa y el presidente estadounidense, Joe Biden.
El mes pasado, un 86% del país la reprobaba. Apenas un 8% le daba aprobación. Antes, su gobierno había liberado a Alberto Fujimori y él le voceaba apoyo, una viuda de la matanza de Ayacucho la agredió, cayó Otárola y había estallado el caso de los Rolex.
Cuando Castillo dejo el poder, había llegado a ser desaprobado por un 61% de los peruanos y un 31% le daba su aprobación. Es decir, estaba mejor de Boluarte, con tendencia a mejorar.
Análisis
“Sin ser superlativo, el 27% de diciembre del 2022 triplica el magro 8% de aprobación actual. Se debería a que representó un cambio, pero estableció una alianza con las fuerzas más conservadoras, encabezadas por el fujimorismo y con otros aliados del Congreso, de las fuerzas armadas y policiales, y algunos gobernadores entre los que destaca Acuña de La Libertad”, dice el sociólogo Pavel Aguilar, profesor de la Universidad Católica (PUCP) e investigador del instituto de ciencias sociales NOR (Trujillo).
“El declive empieza por su indolencia ante la respuesta violenta del Estado para contener las movilizaciones. El abordaje de estos conflictos ha revelado la persistencia de brechas de ciudadanía, una cultura autoritaria entre las fuerzas del orden y la normalización de violaciones a derechos humanos. Otro pasivo es que se desinfló su promesa de adelanto electoral por la posibilidad de extender su mando al 2026”, agrega
“Dijo al inicio que convocaría a elecciones en 2024 y pronto desistió sabiéndose fuerte con la coalición conservadora que la respalda. También adujo que tuvo reunión oficial con el presidente de los Estados Unidos y fue un encuentro informal. Y ha dado versiones contradictorias sobre los Rolex”, alega.
Asimismo, destacó que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, “cuando estaba en la OEA poco menos y terruqueó a los familiares de las víctimas”y que al liberar a Fujimori “marcó “una posición ideológica y pragmática que le ha valido el espaldarazo de un Congreso” que está igual o más desprestigiado.
El viraje de ser elegida en fórmula de izquierda a gobernar con la derecha acentuó la dificultad. “Su impopularidad es de origen. La derecha más recalcitrante no la quiere por verla con sospecha. Otro sector de derecha se ha entendido con ella por su necesidad de supervivencia, en pacto de convivencia que la hace mascarón de proa. La izquierda más popular la rechaza por su traición hacia Castillo. Una izquierda más ‘institucional’ intentó entenderse con ella, pero fue pronto expulsado del gobierno”, aduce el politólogo Anthony Medina Rivas Plata, investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos (IEPA) y profesor de las universidades de San Marcos y de Santa María (Arequipa).
Considera motivos principales del descrédito a Boluarte su respuesta a las protestas y el escándalo de los Rolex. Añade que trasciende “el doble estándar con el que buena parte de medios de comunicación , líderes de opinión pública y políticos de oposición tratan estos hechos”.
La suma de traición, ineficiencia e indicios de corrupción dificulta que logre respaldo.
“Hay alto descrédito y rechazo porque los peruanos del sur y centro la percibieron como traidora. La aceptación bajó más por falta de gobernabilidad, con protestas y muertes en Ayacucho y Juliaca sobre todo, y la incapacidad de solucionar los problemas críticos como la recesión económica y la inseguridad; los escándalos políticos que involucran a gente de su confianza; y el escándalo por los relojes y joyas”, dice la socióloga Marisol Condori, profesora de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo).
“Entre los peores hitos resaltan las muertes en Ayacucho y Juliaca, su desatino al decir que ‘Puno no es el Perú’, escándalo por plagio de libro, el caso de contrataciones irregulares que involucró a Otárola, el indulto a Fujimori con orden del Tribunal Constitucional, la agresión en Ayacucho, el escándalo por los relojes y la coalición de intereses con el Legislativo”, agrega.
Los especialistas coinciden en la extrema dificultad de que pueda revertir esta situación.
“Su ilegitimidad es difícilmente reversible, aunque plausiblemente sostenible. Se debe en buena cuenta al teje y maneje de las alianzas que ha establecido con las fuerzas de la derecha conservadora, empresarios de la política subnacional de profunda ambición (como Acuña y Oscorima), pero también con un núcleo conservador y hasta reaccionario conocido entre las fuerzas armadas y policiales. Es una suerte de balance endeble, pero finalmente equilibrado, quién sabe hasta cuándo”, explica Aguilar.
“No puede; desde que asumió dije que debía renunciar y convocar a nuevas elecciones inmediatas, o el problema para ella sería mucho peor; algo que ciertamente no ha hecho y ahora está asumiendo las consecuencias de sus decisiones. Lo que debería hacer la presidenta es pensar en su futuro a partir de 2025, cuando el Congreso tenga la oportunidad de vacarla sin convocar a nuevas elecciones”, aduce Medina.
“Es muy difícil que esta situación pueda ser revertida por Dina Boluarte, porque existe un hartazgo social; la mandataria está muy desacreditada y muestra cada vez mayor incapacidad de gobernar al país”, asevera Condori.
El horizonte no aparece promisorio.
