Ya varios juristas han coincidido en que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial al interferir en un proceso judicial en trámite y suspender los efectos de una medida cautelar”, tomando las palabras del Colegio de Abogados de Lima, que también ha reparado en que esa resolución, emitida a pedido del Congreso, “modifica la composición de la Junta Nacional de Justicia” y afecta gravemente su funcionamiento, especialmente en los procesos disciplinarios.
Cabe recordar que el artículo 139 inciso 2 de la Constitución garantiza la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y prohíbe a cualquier autoridad, incluyendo al Tribunal Constitucional, “avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones … ni cortar procedimientos en trámite.” Como lo ha indicado el doctor Samuel Abad Yupanqui, esto “es suspender la separación de poderes en beneficio del Congreso, que dispuso una arbitraria inhabilitación de dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia.”
De esta manera el Congreso envilece al Tribunal Constitucional, como lo hizo con la Defensoría del Pueblo, corrompiendo sus finalidades dentro de un orden constitucional, para conseguir impunidad en favor de sus integrantes, que a la vez obedecen a mafias de minería ilegal, tala ilegal, tráfico de tierras, tráfico de influencias, sobrevaloración de obras públicas y en general, obtención de beneficios indebidos aprovechando las funciones congresales.
Esto nos afecta de forma general al acelerar la degradación del Estado, que va perdiendo controles de calidad en todos los ámbitos: en la salud, en la educación, en la construcción de obras viales, en la seguridad ciudadana, en la justicia, entre otros. Pero también nos afecta directamente, al deteriorar aún más la calificación de riesgo del Estado en el contexto internacional. En efecto, al golpearse lo poco que queda de independencia judicial, Perú se vuelve un país cada vez más inseguro para cualquier inversionista.
Esto a su vez lleva al aumento de la tasa de interés para los préstamos, como ocurre cuándo nos topamos con un deudor que se zurra en sus obligaciones. Y este aumento lleva a encarecer el capital necesario para comprar un mototaxi nuevo, remodelar una bodega, comprar maquinaria para cualquier producto, financiar la siembra de un cultivo y cualquier otra actividad económica. A su vez este aumento encarece los servicios o productos y por ende, limita el crecimiento o mantenimiento del empleo. En suma, productos más costosos y menos capacidad de ofrecer trabajo.
¿Qué hacer? Además de esperar que el Poder Judicial se defienda del ataque y que la Junta Nacional de Justicia no deje de tomar la decisión que le corresponde respecto de la fiscal suprema Patricia Benavides, a nosotros nos corresponde no dar tregua a los congresistas y a la presidenta de la República respecto de la necesidad de que desocupen los cargos que mantienen ilegítimamente, lo antes posible. E ir buscando en nuestros departamentos, los reemplazos que tendremos que poner en la representación congresal.
