El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, emitió este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant; así como contra el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar; el comandante en jefe de las Brigadas al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (más conocido como Mohammed Deif), y el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh.
La acusación del fiscal de la CPI atribuye a Netanyahu y a Gallant “responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023″:
- hacer morir de hambre a civiles como método de guerra;
- causar intencionalmente grandes sufrimientos, daños graves a la integridad física y la salud, así como trato cruel;
- homicidio intencional y asesinato;
- dirigir ataques de forma intencionada contra una población civil;
- exterminio y/o asesinato, incluidas las muertes causadas por hambre, como crimen de lesa humanidad;
- la persecución como crimen de lesa humanidad;
- otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, a los líderes del movimiento palestino Hamás —Sinwar, Al-Masri y Haniyeh— se les acusa de tener “responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad“, cometidos en el territorio palestino e israelí desde al menos el 7 de octubre de 2023:
- exterminio;
- asesinato;
- toma de rehenes;
- violación y otros actos de violencia sexual;
- tortura;
- trato cruel;
- ultrajes a la dignidad personal;
- otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
La CPI fue constituida en 2002 como primer tribunal penal internacional permanente del mundo, con sede en La Haya, con el objetivo de investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El juicio en la CPI puede ser iniciado, cuando:
- un país solicita una investigación dentro de su territorio o de sus ciudadanos;
- el Consejo de Seguridad de la ONU solicita una investigación;
- un panel de jueces de la CPI autoriza una investigación iniciada por el fiscal de la corte.
Este último punto es el caso del fiscal Khan y de su solicitud de órdenes de detención, cuya exigencia ahora va a ser considerada por el panel de jueces de la CPI. Si se toma la decisión de aceptar la exigencia del fiscal de la CPI, las personas acusadas por el fiscal deben ser detenidas.
La CPI no condena a muerte, pero puede imponer una condena que se cumple en su centro de detención de esta corte dentro de una prisión neerlandesa.
No obstante, el documento constitutivo de la CPI, el Estatuto de Roma de 1998, fue ratificado por 124 países, entre los que no figuran EE.UU., Rusia, China ni Israel, entre otros, por lo que las naciones que no son parte del Estatuto de Roma de la CPI no tienen ninguna obligación en virtud del mismo en términos jurídicos.
Así, la decisión de la CPI de emitir una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania no fue aceptada ni reconocida por Moscú. “Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante“, señaló entonces Peskov.
Ya que Israel tampoco es parte del Estatuto de Roma de la CPI, el primer ministro de Israel, así como su ministro de Defensa, solo podrían ser detenidos —si son declarados culpables por esta corte— en el territorio de los países que sí ratificaron este documento constitutivo. La propia CPI no tiene forma de efectuar el arresto.
En lo que se refiere a la jurisdicción de la CPI, Palestina sí es parte del Estatuto de Roma, lo que, hipotéticamente, abre la posibilidad de que el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar y el comandante en jefe de las Brigadas al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, podrían ser entregados a la corte, en caso de que la CPI les encuentre culpables. En cambio, el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, vive en Catar, país que tampoco ratificó el Estatuto de Roma de la CPI y no tiene obligación de entregarlo a la CPI.
Francia se encuentra entre los países europeos que apoyaron la solicitud del fiscal Khan. Además, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió que si la CPI dicta órdenes de detención contra altos cargos de Israel y Hamás por sus presuntos crímenes de guerra, todos los Estados miembros de la UE estarán legalmente obligados a cumplirlas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su Gobierno acoge con beneplácito la solicitud de órdenes de detención contra los “principales responsables” de la violación del derecho internacional y comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Anteriormente, Petro instó a la CPI a emitir una orden de detención contra Netanyahu luego de que este manifestara que su país seguirá con los bombardeos en Gaza, incluso sin el apoyo de EE.UU.
Por su parte, el movimiento palestino Hamás condenó la petición del fiscal Khan de solicitar órdenes de detención contra tres de sus líderes, al considerar que con esa decisión se está equiparando “a la víctima con el verdugo”.
El primer ministro de Israel también rechazó la petición del fiscal, tildándola de “nuevo antisemitismo”,mientras que el presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó de “indignante” la solicitud de órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, recalcando que “no hay equivalencia —ninguna— entre Israel y Hamás”.
