El abogado penalista Fernando Ugaz consideró que la nueva Ley de crimen organizado se ha creado con nombre propio, pese a que, de acuerdo con su lectura, contraviene el Convenio de Palermo de las Naciones Unidas. Ello, debido a que aumenta los requisitos que tipifican el delito y deja afuera ilícitos como tráfico de órganos, tráfico de influencias, colusión simple, entre otros.

“En principio, esta nueva Ley de crimen organizado, desde mi perspectiva y por sus últimas aplicaciones, se ha generado con nombres propios. Los congresistas han tenido algún interés específico para algunos casos en particular”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Por ejemplo, el caso Waldemar Cerrón, que es un caso donde al día siguiente se solicitó, mediante una excepción de improcedencia de acción, que se declare que era ilegal que se le procese con una norma ya derogada y, por lo tanto, se le adecue la nueva norma. El doctor Chávez Tamariz resolvió este pedido declarando improcedente, porque entendía que la nueva ley de crimen organizado violaba el tratado del Convenio de Palermo de las Naciones Unidas”, enfatizó.

“En primer lugar, esta nueva ley describe tres fines que debe tener una organización criminal para que se cumpla el tipo penal. Primero, que tiene que cumplir un beneficio económico. Segundo, que tiene que incorporarse entre un mercado y una economía ilegal. Y tercero, que debía este cumplir un fin para cometer delitos graves. Con tremendo estándar elevado de cumplimiento de tales fines es casi imposible que muchos delitos puedan ser cumplidos”, agregó.

“El Congreso está a espaldas de la realidad nacional”

Más adelante, Ugaz refirió que el Parlamento se encuentra “a espaldas a la realidad nacional” al promover una norma que responde únicamente a intereses particulares.

“El Congreso está, obviamente, a espaldas a la realidad nacional. El sicariato y las extorsiones ha venido en escalada. Y ese desinterés por escuchar el clamor de este tema les ha hecho al Congreso verificar solamente sus temas personales y particulares, y ha emitido normas en contra de la tendencia actual para la lucha contra la corrupción”, aseveró.

“No necesitamos mayores punibilidades, como, por ejemplo, el tema del terrorismo urbano. Ya en la extorsión la norma prevé cadena perpetua. No va a cambiar nada si se aprueba”, finalizó.