Por: Juan Carlos Tafur
Tiene razón Fernando Cillóniz cuando señala, en su última colaboración en Lampadia, que hay que revisar a fondo el proceso de regionalización, el mismo que ha fracasado estrepitosamente. No se trata de volver a centralizar todo en el gobierno capitalino, sino de crear -recojo su idea- organismos constitucionales autónomos que se encarguen de las principales responsabilidades: salud, educación, agua y saneamiento, limpieza pública, tráfico vehicular, vivienda y urbanismo, infraestructura, entre otros.
Siguiendo el ejemplo de la excelencia funcional del Banco Central de Reserva, Cillóniz propone la creación de organismos meritocráticos, altamente profesionales, especializados y con autonomía constitucional, y -ojo con esto- descentralizados, es decir no habría un organismo nacional del agua, por ejemplo, sino que cada región tendría su propia entidad, con personal local, pero con las mismas prerrogativas de autonomía respecto de la politiquería ineficiente del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales.
No se puede volver al centralismo. Es antirepublicano y antidemocrático, además de causante de todas las disrupciones electorales de los últimos tiempos. Es una tara histórica a la que se debe poner remedio y sería, por ello, absurdo y reaccionario pretender una marcha atrás.
Pero el esquema con el que se diseñó la regionalización fue un desastre. Su promotor irresponsable fue Alejandro Toledo, pero en ello tiene culpa compartida. Hay que recordar que el entonces presidente chakano citó a Palacio a Alan García, líder de la oposición, a comentarle que estaba evaluando suspender el inicio de la regionalización porque temía que fuera más perjudicial que benéfica. Trataba, como es evidente, de conseguir su anuencia política para facilitar la decisión. La conversación, que era reservada y hasta ese entonces meramente consultiva, fue violentada por García, quien a la salida de Palacio denunció a la prensa que el gobierno pretendía tirarse abajo la anhelada descentralización, obligando al régimen a retroceder y mantener el despropósito.
Hoy pagamos las consecuencias. Los gobiernos regionales, provinciales y distritales son antros de corrupción (la cantidad de autoridades denunciadas o encarceladas es descomunal), las obras son un desastre inacabado, las responsabilidades esenciales son abandonadas, se gasta en estupideces (como monumentos, piscinas o coliseos inservibles), y el pueblo, a pesar de que estas autoridades nunca antes en la historia han tenido tantos recursos, en algunos casos millonarios, sigue en la pobreza, en la indignidad urbana y la orfandad de servicios básicos. Y le echa la culpa de ello, increíblemente, al centralismo limeño y no a sus propias autoridades, eligiendo una y otra vez cada vez peor. A esta espiral mediocre, ineficiente y corrupta hay que ponerle coto.
