Cusco. Identificaron, entre otros aspectos, que la ampliación de la concesión del Sanctuary Lodge se ejecutó sin tener toda la documentación requerida, la que se tramitó posteriormente.
El hotel del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, en Machu Picchu, funcionaría de manera irregular. La polémica adenda firmada entre el expresidente regional del Cusco Jorge Acurio Tito y representantes de Peru Belmond Hotel S.A., que permitió ampliar la concesión del hotel Sanctuary Lodge hasta mayo del 2025, estaría llena de vicios, según la Contraloría General de la República. El contrato tenía como fecha de término el 16 de mayo del 2015.
El informe de auditoría n.° 36-2021, confirmó que el documento no cumplió con los procedimientos legales y que se incurrieron en faltas administrativas, civiles y penales. Uno de los primeros hallazgos es que la adenda, firmada el 29 de noviembre del 2013, no tuvo sustento legal por parte del gobierno regional. El informe de asesoría jurídica, recién se emitió el 27 de diciembre, es decir, un mes después de la adenda.
Según la auditoría, Acurio Tito, firmó la adenda sin contar con informes de áreas pertinentes como para revisar los antecedentes del contrato, mucho menos, con un informe técnico que sustente las variaciones económicas que debían estipularse. El contrato inicial determinaba un monto fijo mensual de US$ 6 mil a favor del gobierno regional. La adenda lo modificó a US$ 10 mil, y según la Contraloría, en realidad el incremento solo ascendió a US$ 761. Además, no se tomó en cuenta documentos de oposición a la renovación del contrato que emitieron algunos consejeros regionales.
El informe detalla que la adenda fue firmada por Acurio Tito por parte del gobierno regional y los representantes del hotel, Laurent André Carrasset y Raúl Felipe Galdo Marín. “También se registra una firma adicional, no habiéndose identificado sus datos” que correspondería a Rafael López Aliaga. La Contraloría contrastó la rúbrica con la ficha Reniec del excandidato y la sometió a un peritaje.
Sin embargo, lo más grave es que, si bien es cierto la adenda fue firmada el 29 de noviembre del 2013, su validez exigiría la escritura pública que fue ejecutada el 27 de diciembre de ese mismo año, cuando Acurio Tito ya había sido sentenciado e inhabilitado por el Poder Judicial por negociación incompatible, el 17 de diciembre del 2013.
Es más, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó su inhabilitación el 27 de diciembre, pese a eso, Acurio continuó con los trámites registrales para ampliar la concesión.
La auditoría detecta también otras anomalías de incumplimiento desde el 2011 al 2018. La empresa habría dejado de cumplir con el pago del IGV, de los montos transferidos al Gore Cusco, durante todos esos años y la entidad asumió la deuda ante la Sunat con recursos públicos por un valor de US$ 988.756,72 y otros montos producto de intereses y moras.
Por todos estos hallazgos, la Contraloría identificó a diez presuntos responsables para quienes piden procesos administrativos, civiles y penales. Además de Acurio Tito, se encuentran otros exfuncionarios como César Gil, Ofelia Yábar, Albert Aníbal Arenas, Rufo Antonio Gaona, Rosio Pérez. Las faltas civiles alcanzan a funcionarios de la actual gestión como Oswaldo Terrazas, Julia Chirinos y Edgard Julio Uribe.
Hallazgos
Documento de la Contraloría. Foto: difusión
