La caravana migrante más grande que ha cruzado México enfrenta la xenofobia y el abuso policial

“Yo soy cristiano evangélico y estoy para ayudar a las personas, aunque nadie me cree. Lo hago con mi esposa, con mi familia, y no he recibido ni un solo peso, porque si yo recibiera 100 pesos de cada migrante que hemos llevado yo sería más rico que Joe Biden”, cuenta, irónico, el activista del Centro de Dignificación Humana en entrevista para Sputnik.

Esta última caravana migrante, con cerca de 15.000 personas —según cálculos de ingenieros en sistema que también migran a EEUU—, la conforman mayoritariamente venezolanos de la población LGBT que huyen de su país por el hostigamiento social del que son víctimas por su orientación. Acorde a los cálculos de los propios migrantes, suman 3.000 menores de edad y 157 mujeres embarazadas, una de ellas fallecidas en Huixtla por falta de atención médica.

El Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó durante los primeros días permisos temporales para prácticamente todos los migrantes, con lo cual se debió asignar, además, ambulancias y policías para custodiar el avance de la caravana. El último reporte del INM, del 11 de junio, señalaba que se habían otorgado 7.000 documentos migratorios.

Luis García señala que desde el primer se comenzaron a liberar los documentos a un ritmo de 800 permisos por día; sin embargo, denunció que las autoridades federales y estatales han destruido estos papeles, ya que no los reconocen, lo que ha dado pie a casos extorsión, detenciones arbitrarias y hasta secuestros, como el caso de cinco guatemaltecos que denunciaron a miembros de la Guardia Nacional tras ser secuestrados en Veracruz, de acuerdo con el reporte del periodista Antonio Nieto.

Fuera de la burocracia, la caravana avanzó hacia el norte del país gracias a la caridad de las iglesias y pobladores que, a escondidas, les dieron agua, pollo y frutas, ante la estigmatización de los migrantes en zonas como Tapachula, municipio en Chiapas con más de 353.000 habitantes que se ha convertido en el epicentro del flujo migratorio por ser el punto de partido de la caravana y donde las autoridades federales tramitan los permisos para su libre tránsito.

A diferencia de otras caravanas, esta logró llegar rápidamente a la frontera norte, en grupos de 500 y 800 que de inmediato se organizaron para cruzar el Río Bravo, el cual recorre los estados fronterizos de México y delimita la frontera con EEUU, o entregarse directamente a las autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar asilo.

Luis García estima que “la gran mayoría” ya llegó a EEUU, pero hasta este 22 de junio aún se reporta la presencia de migrantes en Coahuila y Nuevo León, estados donde se ha limitado su tránsito al prohibirles la venta de boletos en las centrales camioneras.

“Ellos impusieron miedo a los compañeros para que se pasarán por el río”, señala García Villagrán y acusa a los gobernadores de Coahuila y Nuevo León, Miguel Riquelme y Samuel García, respectivamente, de bloquear el avance de la caravana por un acuerdo con el gobernador de Texas, Gregg Abott.

La realidad migrante contrasta con los amplios discursos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en favor de llevar programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a Centroamérica como una forma de impulsar el desarrollo de la región y frenar la migración.

El tema ha sido secundado por el presidente de EEUU, Joe Biden, quien incluso anunció, durante la última Cumbre de las Américas, la puesta en marcha de la Operación Sting, dedicada a frenar las redes de tráfico ilegal de personas.

En la realidad, algunos migrantes no desean permisos temporales de trabajo en México, siendo la xenofobia una razón para moverse, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se muestra omisa ante los abusos de autoridad de los gendarmes nacionales, quienes incluso han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sin respuesta.

En este contexto, para Luis García, los programas sociales salen sobrando, sobre todo cuando la aplicación de la ley no es una garantía en México y la xenofobia crece día con día.

“Ningún migrante quiere quedarse en Tapachula. Se queda aquí en contra de su voluntad porque es muy palpable el odio y la discriminación en contra de ellos, así les paguen el doble, no quieren quedarse. Tapachula se convirtió en una cárcel migratoria”, sentencia el activista mexicano.

Tras una década de dedicarse a asesorar a los migrantes centroamericanos, Luis Villagrán se retira del activismo debido a las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos años y ante la incongruencia de un Estado “esquizofrénico”, como lo clasifica, que por un lado otorga permisos migratorios y por otro permite abusos de autoridad, y, mientras protege a activistas como Luis al integrarlo al programa del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, también permite que se le acuse, a través de la Fiscalía General de la República, de traición a la patria, enriquecimiento ilícito y hasta de golpear a seis agentes de la Guardia Nacional.