La inflación en Colombia sigue muy alta, con 10,84% de aumento entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Detrás de los alimentos, que se llevan la mayor tajada del gasto de los colombianos y han subido de precio por efecto de los problemas logísticos globales y el encarecimiento, lo que más ha empujado el alza son la electricidad y el gas. Como son servicios públicos con precios que regula el Estado, la duda es por qué no ha puesto freno a sus alzas.

En cifras, ese peso de la energía y el gas son cada vez mayores. En agosto, el dato más reciente de inflación, crecieron el 3,29%, mientras los alimentos subieron 1,85%. Para hacerse una idea, solo ese mes, esos combustibles del hogar crecieron casi tanto como las prendas de vestir y el calzado desde septiembre de 2021 (3,77%) y más que los alquileres en ese mismo período (3,26%).

Julián López Murcia, experto en regulación de los servicios públicos, explica que esa reducción dependería de gastar dinero en más subsidios, por la forma en la que está organizado el sector desde la Constitución que, para salir de los problemas de baja cobertura, baja calidad y alto endeudamiento, definió que las tarifas que pagan las familias de deben permitir que las empresas de servicios públicos recuperen sus costos. Y, por eso, “si suben los costos para prestar los servicios, debe subir la tarifa”.

Esa lógica, propia de la visión neoliberal de un Estado mínimo, está matizada en la misma Constitución, que mezcla esa visión con una más socialdemócrata, del Estado social de derecho. “También busca proteger a las personas con menores ingresos. Por eso señala que se podrán dar subsidios para el consumo básico de las personas de menores ingresos, que son explícitos”, dice López. Por esa vía, el Estado puede aliviar la carga de los ciudadanos. El problema aes con qué dinero.

“Para que a los ciudadanos los servicios públicos no les den tan duro, para que no tengan ese impacto en la inflación, sería necesario aumentar los subsidios, que se deben financiar con recursos públicos, no con dinero de las empresas. Pero las contribuciones (el pago extra que hacen industriales, comerciales, y los estratos 5 y 6) no alcanzan para cubrirlos. Toca recurrir a otras fuentes” dice López. “La pregunta es si tenemos suficiente plata y voluntad política para hacerlo”.

Esa definición depende del Gobierno, en cabeza de su Ministra de Minas, y del Congreso, que aprueba los presupuestos anuales y está tramitando ajustes al de 2023. Mientras tanto, la tarifa que cobran las empresas es la que se define de una fórmula que define el Estado, no de la voluntad de cada una.

Para el caso de la energía, es tarifa la define la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una entidad con comisionados que nombra el presidente por períodos fijos de cuatro años, a los que no puede remover para asegurar su independencia. La fórmula actual incluye “los precios en los mercados de generación, transmisión y distribución” y “busca que la tarifa sea un precio ‘como si hubiera competencia’”, así no la haya” explica López. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisa que las empresas cobren según esa fórmula.

Ese esquema no ha sido suficiente para que la tarifa final evite impulsar la inflación. En parte, porque todos los componentes de la fórmula, como el precio al que los comercializadores de energía se la compran a los generadores están atados a la inflación. Lo más grave es que el aumento de la energía desata un círculo vicioso: al empujar hacia arriba la inflación, presiona hacia arriba sus propios determinantes. Por eso, incluso las empresas que venden energía a los hogares están pidiendo que la tarifa deje de subir, según le contó a EL PAÍS John Jairo Toro, el gerente de Aire-e, una de las encargadas de ese servicio en la Costa Caribe.

Todo esto ocurre cuando varios de los encargados del tema están recién llegados, son distantes el Gobierno o no han sido definidos. Tres de los cinco comisionados de la CREG llegaron a la entidad hace un mes: una de las últimas decisiones del Gobierno de Iván Duque fue nombrar a la antigua superintendente Natasha Avendaño, a Sara Vélez Cuartas y Andrés Barreto (al antiguo superintendente de Industria y Comercio y amigo personal de Duque) como comisionados. El presidente Gustavo Petro no ha designado cabeza de la superintendencia, que está en manos de un funcionario encargado. La ministra del ramo, Irene Vélez, no tiene trayectoria en el sector. Mientras tanto, las tarifas siguen subiendo, y con ellas la inflación.