Benavides apela a tratado internacional de la ONU y, según diversos especialistas, el Congreso tendría que modificar su reglamento para que pueda autorizar a la fiscal a proseguir con la investigación contra el presidente.
Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y Óscar Urviola, así como el constitucionalista Omar Cairo, consideraron que la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo tiene serias falencias.
“Ha optado por plantear que hay delitos y el camino está lleno de obstáculos. Le está pidiendo al Congreso que salte una etapa de un proceso penal, que tiene una etapa de investigación preliminar, después investigación preparatoria y, luego, la acusación”, explicó Espinosa-Saldaña.
Añadió que el caso se complica para la fiscal. “La Constitución permite investigar, pero no acusar y, por ello, la fiscal busca que el Congreso aplique la Convención contra la Corrupción que ha firmado el Perú para dejar de lado el artículo 117 de la Constitución, pero es un camino muy complicado”, explicó.
Para Óscar Urviola hay elementos en contra del presidente Castillo, pero el Congreso tendría que modificar su reglamento para que pueda autorizar a la fiscal a proseguir con la investigación.
En tanto, Omar Cairo manifestó que la fiscal está pidiendo al Congreso que le autorice iniciar la fase de investigación preparatoria, pero no es competencia del Legislativo. “Es una denuncia constitucional para el juicio que no pide suspensión, destitución e inhabilitación y no señala infracciones constitucionales. Quizás entiende que la Constitución no le permite acusar”, señaló.
Precisó que el Congreso puede autorizar el procesamiento penal del presidente por delitos diferentes a los del artículo 117, que son cuatro distintos a los que están en la denuncia que aluden el tráfico de influencias agravado y colusión, entonces el Congreso está impedido.
Por eso, la fiscal pide apelar a la Convención contra la Corrupción de la ONU y “esa norma dice que los Estados deben adoptar medidas dirigidas a evitar la impunidad, pero de acuerdo con su ordenamiento constitucional, o sea de acuerdo con el artículo 117″, apuntó.
Con base en esa norma, pide que el Congreso le autorice pasar a investigación preparatoria. “Si el Legislativo admite a trámite, ya estaría infringiendo la Constitución, y si aprueba lo que pide la fiscal, va a conducir a una investigación preparatoria que, cuando termine, se detiene hasta el 29 de julio del 2026″, añadió.
El dato
Salida. Óscar Urviola, expresidente del TC, dijo que la denuncia “tiene elementos para que el Congreso califique la conducta del presidente como permanente incapacidad moral, que lo inhabilita para seguir en el cargo”.
“Si el Congreso aprueba una investigación preparatoria, cuando termine se va a detener el proceso hasta el 29 de julio del 2026″.
Fuente : La Republica
