Tras una fallida reunión del Consejo de Estado, la titular del Poder Judicial , así como las cabezas de la Contraloría, Defensoría y Junta Nacional de Justicia, invocaron al mandatario a “lograr consensos y acuerdos mínimos” para “restablecer la paz social”
Tras una fallida sesión del Consejo de Estado convocada por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y que contó con la participación del contralor general de la república, Nelson Shack; el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila; y la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, los participantes emitieron un pronunciamiento dirigido al presidente Pedro Castillo.
En el documento, los 4 funcionarios públicos expresaron su “profunda preocupación” por la “persistencia de la crisis política” que, según indicaron, “pone en grave riesgo la institucionalidad democrática” en el país.
“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del sistema democrático y el díalogo como mecanismo fundamental para superar la actual crisis que agobia a nuestro país, que afecta seriamente el funcionamiento del Estado y compromete el futuro de 34 millones de peruanos”, señalaron.
Llamado “urgente” al diálogo
Frente a ello, los firmantes invocaron al jefe de Estado para que “convoque de carácter urgente” a todos los poderes del Estado y “órganos constitucionalmente autónomos” para “lograr consensos y acuerdos mínimos” encaminados a “restablecer la estabilidad y la paz social”.
En ese sentido, plantearon una agenda con 4 puntos: la garantía de la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el sistema de justicia, la vigencia y garantía de los derechos fundamentales y la estabilidad y el desarrollo económico.
“En el interés del país, y en el marco del artículo 43 de la Constitución Política del Estado del que se desprenden los principios de separación de poderes, colaboración y cooperación entre las instituciones, es un imperativo realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la solución de la grave crisis actual”, indica el documento.
Asimismo, hicieron un llamado a “las autoridades democráticamente electas” a ejercer el poder “buscando el bien común, deponiendo cualquier interés particular”.
Ejecutivo, Congreso y Ministerio Público no participaron en la cita
Solo unas horas después de la convocatoria realizada por la titular del Poder Judicial, el Ministerio Público informó que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no participaría en la sesión.
“Ante la convocatoria de una sesión del Consejo de Estado, el Ministerio Público informa que la Fiscal de la Nación no participará de este encuentro, al tener a su cargo investigaciones contra el presidente de la República”, anunció la institución vía Twitter.
La Fiscalía argumentó su ausencia al indicar que Castillo “es investigado directamente por el despacho de la Fiscalía de la Nación, razón por la cual no resulta acorde a la autonomía institucional participar en este Consejo de Estado debido a su naturaleza netamente política”.
“La posición institucional del Ministerio Público expresada en todo momento es que se respete el principio de separación de poderes y el ordenamiento constitucional y legal vigente”, añadió.
Por su parte, durante la mañana de hoy domingo, la Mesa Directiva del Congreso de la República informó que su titular, José Williams, no participaría de la sesión del Consejo de Estado.
A través de un comunicado, la Mesa Directiva alegó que la convocatoria a una sesión del Consejo de Estado requiere de una “coordinación previa” para recoger las propuestas de cada una de las bancadas parlamentarias.
“La concurrencia a esta importante convocatoria merece la coordinación previa para la presentación de las propuestas consensuadas con todas las instancias del Congreso”, se lee en el comunicado.
Postura del Ejecutivo
Por parte del Ejecutivo, tampoco se confirmó la participación del presidente Pedro Castillo o de algún representante del Gobierno. Durante la tarde de hoy, la presidencia informó que el “diálogo sincero y directo” se daba a través de organismos de la sociedad civil.
“Ante la invitación recibida en oficio N.º 0001-2022 y tal como expresamos a la Misión Especial de la OEA, el gobierno afianza el diálogo sincero y directo con las organizaciones populares, gremiales, sindicales, institucionales y políticas, en beneficio de los peruanos”, informó el Ejecutivo en un comunicado.
Horas antes, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, en entrevista con TV Perú, cuestionó que la convocatoria haya sido realizada por la presidenta del Poder Judicial y “con bastante apremio”.
“Es una convocatoria que se hace con bastante apremio, con un plazo bien corto, por una presidenta del Poder Judicial que ya está por dejar el cargo (…) Yo creo que las cosas hay que tomarlas con mucha más seriedad. A quien le corresponde convocar es al presidente de la república (…) Dentro del marco de la seriedad, si se hubiera querido hacer realmente con una buena intención, tendría que haberse hecho con la formalidad que corresponde”, señaló.
Asimismo, criticó que la invitación se haya hecho a través de Twitter y no por “las vías de comunicación que corresponden”.
Fuente: RPP
