La abogada constitucionalista, Beatriz Ramírez Huaroto, en entrevista con La República se pronunció sobre la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Sostuvo que, si bien le parece una “cortina de humo”, no deja de ser un tema de importancia nacional que se debe discutir porque “cada vez que tenemos un tema caliente”, aparece su posible excarcelación
Cuestionó a los magistrados del Tribunal Constitucional que salieron a los medios de comunicación a decir que estaban de acuerdo con la excarcelación, pese a que eso no lo dijeron en su sentencia: “Más allá de las posiciones particulares, hay un profundo desapego de lo que dice nuestra Constitución y el código procesal constitucional. En nuestra Constitución, por ejemplo, hay hasta tres artículos que expresamente nos vinculan al sistema internacional. Adicionalmente, es un problema que los magistrados a la hora de declarar sobre casos que han resuelto no sean fieles al texto de lo que resolvieron en mayoría”, indicó.
Sostuvo que el juez de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, de Ica, no ejecutó la liberación y devolvió el caso al TC. Y sea cual sea la decisión, el cumplimiento o no de esta dependerá del Poder Ejecutivo.
“Y lo que hemos visto es que el Ejecutivo, hasta ahora, había decidido cumplir lo que le ha dicho la Corte Interamericana. ¿Este Ejecutivo haría lo mismo? No lo sé”, sostuvo Ramírez Huaroto.
Suspensión provisional de Benavides
Asimismo, Ramírez opinó que se cumplen los supuestos establecidos en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia para proceder con la suspensión provisional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides: que haya indicios razonables de la comisión de faltas graves o muy graves y que la permanencia en el cargo de la persona investigada pueda ser perjudicial para el desarrollo del proceso.
“Más allá de si uno está a favor o en contra de la investigación, la posibilidad de que te investigue la Fiscalía siendo fiscal de la Nación es un encuentro de pretensiones. Es decir, tú quieres seguir siendo fiscal de la Nación, pero la institución que diriges te tiene que investigar. Esa posibilidad no brinda las garantías de que la investigación prospere”, señaló.
Indicó que, de acuerdo con las evidencias que se han ventilado, existe un nivel de sospecha razonable de que ha habido un posible canje de la acción penal —la atribución más importante del Ministerio Público— por ciertas votaciones congresales de interés particular de la fiscal de la Nación y de ciertos grupos de legisladores. “Esa manipulación del ejercicio de la acción penal no es solamente una inconducta constitucional, sino un posible delito”, dijo.
La JNJ ha programado para este miércoles una audiencia en la que se evaluará si la titular del Ministerio Público es suspendida de manera provisional o no.
La entrevista completa a la abogada se podrá leer el domingo en la edición impresa de La República.
