“Congreso busca entorpecer el trabajo de la prensa y limitar el acceso a la información”, advierten el CPP y ANP

A través de un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresaron su preocupación ante la presentación de dos proyectos legislativos en el Congreso de la República. “De aprobarse, restringirían el acceso de la información a la ciudadanía y limitarían el legítimo derecho a la expresión de medios de comunicación”, mencionaron.

Se trata de las iniciativas ingresadas por Segundo Montalvo, de Perú Libre, y Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial. El primero de ellos, de acuerdo al CPP, “supone un asedio a la libertad de expresión, toda vez que hace solo siete meses el Congreso no aprobó, en segunda votación, un intento similar por ampliar la pena de cárcel por difamación”.

Mientras que la otra medida buscaría “entorpecer la labor de la prensa, que en los últimos días ha informado a la ciudadanía acerca de investigaciones fiscales contra congresistas y funcionarios del Ministerio Público que estarían envueltos en casos de corrupción”.

Comunicado del Consejo de la prensa peruana en redes sociales. | CPP

En tanto, la ANP sostuvo que los proyectos de ley “resucitan anteriores iniciativas orientadas a criminalizar la actividad informativa”, por lo que los calificó como “un nuevo intento legislativo para coartar la libertad de prensa en el país”.

De acuerdo al gremio, el documento presentado por Montalvo “reviste especial peligro en un país en el que, según data de la ANP, el acoso judicial y la instrumentalización del sistema de justicia son de las mayores afectaciones a la libertad de prensa, considerando que más de 150 periodistas han sido llevados a tribunales en todo el territorio nacional en los últimos cinco años”.

Sobre el segundo proyecto, mencionaron que “no solo afectaría con la penalización de fuentes periodísticas, sino que también busca alcanzar a quien se aproveche o continúe difundiendo dicha información por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social”.

“Estos proyectos de los congresistas Montalvo y Quiroz violan lo prescrito en la Convención Americana de Derechos Humanos y se suman a la lista de amenazas legislativas planteadas por congresistas de distintos signos políticos que subsisten para debate. En razón a ello, la ANP hace un llamado a mantenernos firmes para impedir que prosperen estas nuevas arremetidas contra las libertades informativas”, sentenciaron.

Pronunciamiento en rechazo a las medidas que atentan contra la actividad periodística. | ANP

¿Qué dicen estos proyectos de ley?

El documento ingresado por Montalvo, con el respaldo de Margot Palacios, Flavio Cruz, Américo Gonza, Waldemar Cerrón y María Agüero, propone modificar los artículos 132 y 132 del Código Penal, y el artículo 1969° del Código Civil.

Lo que alerta de su falta de objetividad es que, en el mismo texto, se asegura que “todos los medios difaman y perjudican los derechos fundamentales al honor, la buena reputación y la intimidad de la persona”.

Parlamentario impulsa iniciativa legal contra los medios de comunicación. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / USI

En ese sentido, plantea elevar las penas de difamación de tres a cinco años, con lo cual se aplicaría “cárcel efectiva”. Además, que estén obligados a indemnizar y que la rectificación se realice “sin necesidad del conducto notarial u otro similar”.

“Esta debe realizarse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, si se tratará de órganos de edición o difusión diaria; mientras que, en los demás casos, se deberá publicar la rectificación en la próxima edición que se hiciera. Si la persona afectada lo solicita, la rectificación se efectuará en la misma proporción durante tres días consecutivos o inter diarios y a la misma hora en que se difundió la información”, se lee en el documento.

En el caso de Quiroz, se establece que el funcionario que difunda información reservada, secreta o confidencial materia de una investigación penal será reprimido con una pena de cárcel de entre tres y cinco años.

Cabe mencionar que la sanción no solo sería para la persona que filtra, sino para los medios de comunicación o periodistas que la difundan.