Denunciar a exmagistrados del TC por votos emitidos en funciones “es inconstitucional”, afirma Marianella Ledesma
La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, reaccionó a la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra ella y otras 20 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, por el cierre del Congreso en el 2019.
En declaraciones a RPP Noticias, la exmagistrada aclaró que, de acuerdo con la Carta Magna, los miembros del TC no tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus votos y, por lo tanto, el procedimiento iniciado por la mencionada parlamentaria es inconstitucional.
“La propia Constitución señala que los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y las mismas prerrogativas de los congresistas. El propio texto de la Constitución, artículo 93, dice que no son responsables ante autoridad ni organo jurisdiccional alguno por sus opiniones, por sus votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”, afirmó.
“Por lo tanto, pretender ahora cuestionar el ejercicio de función jurisdiccional, que se hizo en su momento frente a la interpretacion de las normas de la Constitución, es abiertamente un acto inconstitucional”, manifestó.
El último lunes, Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y los miembros de su último gabinete ministerial, el expremier Salvador del Solar, el excongresista Gino Costa, y exmagistrados del TC, entre otros.
La denuncia fue interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y solicita que se inhabilite para la función pública por espacio de 10 años a los 21 implicados.
Los fundamentos de la denuncia constitucional
La denuncia de Chirinos solicita que a todos los implicados se les investigue por los presuntos delitos de “aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal”.
La parlamentaria consideró que los denunciados “fueron los principales responsables de llevar a cabo el cierre inconstitucional del Congreso, debido a la interpretación indebida de la cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento”.
“Se puede afirmar que el cierre del Congreso en el año 2019 no sólo fue inconstitucional, sino que también transgredió el (artículo 134 de la Constitución), ya que dicha acción benefició a un Poder en específico en perjuicio de toda la Nación”, indica el documento.
“Queda en evidencia que el principio de equilibrio y división de poderes, contemplado en el artículo 43º de nuestra Constitución, quedó grave e irremediablemente vulnerado, y ello constituyó una severa infracción constitucional”, agrega.
En lo que concierne a los exmagistrados del TC Marianella Ledesma, Eloy Espinosa y Manuel Miranda, según la parlamentaria de Avanza País, estos formarían parte de la organización criminal, pues “declararon infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Carlos Olaechea, en contra de la disolución del Congreso” y así “habrían avalado” lo que ella llama un “golpe de Estado”.