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Ejecutivo aprueba decreto para deportar en 48 horas a extranjeros indocumentados

El premier Alberto Otárola precisó que la norma implementa un procedimiento exclusivo para sancionar a extranjeros que no han regularizado su estatus migratorio, pese al último plazo de mayo pasado

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció este lunes la aprobación de un decreto legislativo que modifica la Ley de Migraciones e implementa un procedimiento exclusivo que permitirá deportar, en solo 48 horas, a extranjeros en situación irregular.

En una conferencia de prensa, el premier precisó que, gracias a esta norma, la Policía Nacional (PNP) podrá retener preliminarmente a los ciudadanos indocumentados y someterlos a un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS), a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En una sola audiencia, este organismo tendrá otras 24 horas para determinar la expulsión o el impedimento de ingreso al país, y remitirá la resolución a la División de Extranjería de la PNP para que aplique la sanción.

Otárola remarcó que se trata de un proceso “respetuoso de los derechos humanos, a la doble instancia y al debido proceso de los extranjeros en esta condición”, tal como lo demandan los tratados internacionales.

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“Este procedimiento respeta el contenido fundamental de la tutela procesal efectiva, el derecho de defensa, la pluralidad de la instancia, y todas las garantías que un ciudadano puede requerir. [Además], de manera célere, resuelve en una sola audiencia la situación migratoria de aquellos ciudadanos que no han cumplido [con regularizar su situación]”, siguió.

En mayo pasado, el Gobierno de Dina Boluarte dio un último plazo de seis meses para que los extranjeros residentes en Perú puedan tramitar el Permiso Temporal de Permanencia —que regulariza su estatus migratorio— y se acojan a una amnistía de multas. Una de las condiciones para recibirlo era que no tengan antecedentes policiales ni judiciales.

La medida respondió a la creciente inseguridad ciudadana y la aparición de algunas organizaciones criminales cuyos cabecillas son extranjeros que ingresaron al país en forma ilegal. El plazo venció el último sábado y, hasta entonces, más de 200.000 personas presentaron su solicitud, donde el 94 % fueron venezolanos.

Culminado el período, los ciudadanos con estatus migratorio irregular quedan expuestos a una salida obligatoria o una expulsión. “Felicitamos a los extranjeros que han entendido la necesidad de integrarse a una sociedad de puertas abiertas como la peruana. Y para aquellos que no lo han hecho, el mensaje es contundente y directo: vamos a aplicar las leyes migratorias”, enfatizó Otárola.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, en una fotografía de archivo. EFE/Lenin Nolly El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, en una fotografía de archivo. EFE/Lenin Nolly

“El decreto aprobado hoy día ha establecido el procedimiento especial para que regresen a su país si no cumplen las normas que el Estado establece. Perú no es un país al que se pueda ingresar quien le dé la gana, vulnerando las normas de orden público. Lo que queremos es ordenar las cosas y cuidar, meticulosamente, la vida y la seguridad de nuestros compatriotas”, continuó.

En los últimos seis meses, la administración de Boluarte ha entregado 55.168 carnets de Permiso Temporal de Permanencia, principalmente a venezolanos, como parte del proceso de regularización migratoria. De los más de 7,7 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, algo más de 4,9 millones se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú, según el último reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) facilitó el ingreso de venezolanos que huían de la crisis política y humanitaria, y en los últimos años el número de estos ciudadanos en territorio nacional ascendió a 1,5 millones de personas, con más de 500.000 solicitantes de refugio.

En la víspera, el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que coordinaba con Ecuador y Colombia el desarrollo de un corredor humanitario para quienes sean expulsados por incumplir la regularización. Sin embargo, el Gobierno de Guillermo Lasso desestimó la propuesta al concluir que la probabilidad de que produzca un éxodo migratorio desde el Perú “es baja”.

Fuente: Infobae

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