EN VIVO: Miembros de la JNJ declaran ante la Comisión de Justicia

Henry Ávila, integranTe de la JNJ: “Si esto es un control jurídico, tenemos derecho al debido proceso”

Pasadas las 15:00 horas se reanuda la sesión en la que está prevista la presencia de los siete juristas, así como la legisladora Patricia Chirinos, quien impulsa la moción que busca destituirlos.

La sesión vuelve con la presentación de los magistrados Antonio de la Haza y Henry Ávila. También con acompañados por el abogado Samuel Abad.

La doctora Tumialán culminó su presentación en la Comisión de Justicia. Indicó que algunas respuestas a las preguntas formuladas por los congresistas lo haría por escrito.

Anunció que las actas en las que la JNJ acordó sacar un pronunciamiento respecto al caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, serán remitidas al grupo de trabajo a fin de que puedan analizarlas.

La sesión fue suspendida por 15 minutos. Tras este plazo, le tocará el turno al magistrado Humberto de la Haza.

Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Guillermo Thornberry e Inés Tello se presentarán en la tarde.

Imelda Tumialán, titular de la JNJ, enfatizó que jamás ejercieron presiones sobre Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Indicó que existe una investigación de la Fiscalía para esclarecer si sucedió tal hecho.

La magistrada refirió que, en el caso de Inés Tello, recibieron una opinión juridica y un informe de Servir que avala su permanencia dentro del organismo que nombra, ratifica, sanciona y destituye a jueces y fiscales en todo el país.

Tumialán agregó que han presentado los informes anuales de la JNJ, correspondientes a los años 2021 y 2022, el 14 de julio pasado como consta en el portal de Transparencia del Legislativo.

“No existe evidencia alguna que haya habido filtración por parte de la JNJ”, mencionó la magistrada sobre la información aparecida en IDL Reporteros sobre los avances de las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La magistrada María Zavala culminó su participación en la Comisión de Justicia. Su abogado Samuel Abad fue el encargado de responder todas las interrogantes de los parlamentarios.

Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, es la siguiente en presentarse ante el grupo de trabajo liderado por Janet Rivas (Perú Libre).

La magistrada María Zavala dijo, por intermedio de su abogado Abad, negó que haya llamado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que su institución saque un pronunciamiento a favor de la exfiscal Zoraida Ávalos.

“No existió ninguna comunicación”, refirió Abad ante la interrogante planteada por la legisladora María del Carmen Alva en la Comisión de Justicia.

Durante su exposición, el abogado Abad indicó que la Comisión de Justicia ha creado la figura de la “investigación sumaria” ad hoc que no garantiza el debido proceso para los integrantes de la JNJ.

“No existe norma que establezca un procedimiento. Tampoco existe norma legal que tipifique y precise las causas graves”, refirió.

El letrado anotó también que se han presentado proyectos de ley en la Comisión de Constitución para precisar el límite de edad a los que deseen postular a la JNJ. Se pregunto si es que todo está claro para destituir a los magistrados, entonces por qué se impulsan las iniciativas.

Además, recordó que Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, indicó que para llegar a la JNJ se requiere como máximo tener 75 años y no mencionó nada sobre la permanencia.

Samuel Abad, abogado de la magistrada María Zavala, señaló que venía a realizar una defensa institucional de la JNJ porque los cargos que se les imputa en la investigación sumaria se repite para todos los miembros.

Sin embargo, congresistas como Alejandro Muñante y Gladys Echaiz (Renovación Popular) enfatizaron que cada integrante de la JNJ debía responder de manera individual con sus respectivos abogados.

Finalmente, comenzó a ejercer la defensa de Zavala contra los puntos de la moción que busca remover a la JNJ. Entre otros puntos aseguró que “una discrepancia interpretativa no puede justificar una remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.

“No existe un procedimiento que permita una investigación sumaria”, alegó.

Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, envió un oficio a la Comisión de Justicia para solicitar que todos los miembros de la institución asistan en conjunto a responder la investigación sumaria.

En la vispera se conoció que para las 11:00 horas estaban citados Tumialán, así como los magistrados María Zavala y Humberto de la Haza.

Mientras que a las 14:00 horas será el turno de Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Sin embargo, con 9 votos a favor, 11 en contra y una absteción se rechazó la solicitud de la JNJ.

El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) calificó como “mentira” la versión de que ya tienen establecido destituir a la Junta Nacional de Justicia. “Somos muy firmes en desmentir. Es mentira. Acá respetamos la separación de poderes, algo que la JNJ no lo hizo”, señaló.

Guerra García anotó que van a escuchar los descargos de todos los invitados a la Comisión de Justicia en este proceso sumario. “Vamos a escuchar y luego decidir. No somos jueces”, agregó.

El fujimorista criticó que la JNJ brinde una imagen “negativa” al permitir que la magistrada Inés Tello se mantenga en su cargo a pesar de que superó la límite legal de edad de 75 años.

En su exposición, la congresista Chirinos señaló que la JNJ ejecutó una defensa política y mediática de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, antes de que sea inhabilitada por el Congreso en junio pasado. “Con ese comunicado, [la JNJ] buscó vulnerar el fuero democrático del Congreso de la República”, anotó.

La integrante de Avanza País indicó sobre el caso Inés Tello que integra la JNJ a pesar de que habría superado el límite legal de 75 años para integrarla: “No es competencia de la JNJ interpretar una norma constitucional, sino del Congreso de la República o el Tribunal Constitucional”.

La parlamentaria mencionó que la JNJ solo ha presentado un informe desde que se instaló en el 2020. Argumentó que esto es una causa de haber infringido su propia ley organica.

Finalmente, cuestionó a IDL Reporteros que tenga información sobre los casos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, pidió que su director Gustavo Goritti venga a la Comisión de Justicia a que explique cómo accedió los avances de la JNJ contra la titular del Ministerio Público.

“No es un quiebre al orden constitucional, es una prerogativa exclusiva del Congreso de la República remover a la Junta Nacional de Justicia”, cerró su presentación.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) indicó ante la Comisión de Justicia que el artículo 157 de la Constitución brinda la facultad al Parlamento de remover por causa grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

“Ninguna institución está por fuera de la Carta Magna”, recalca. Además, sostiene que en el 2018 se hizo el mismo procedimiento contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre el 10 al 20 de julio del 2018.

Chirinos recordó por qué causas graves fueron removidos los que estaban en el CNM: se menoscaba la dignidad del cargo, se genera el desprestigio de la institución, se infringen principios democráticos, se vulneró el Estado de Derecho y se quebrantaron las reglas constitucionales de convivencia política.

El exministro del Interior, Walter Albán, indicó que la figura de la investigación sumaria iniciada contra la Junta Nacional de Justicia no existe en la Constitución. Calificó este proceso como una “pantomima”.

“No hay ninguna garantía. Esto es una pantomima. La Constitución no ha previsto, en ningún caso, investigaciones sumarias. Esto es propio del lenguaje gansteril de la señora Patricia Chirinos. Lo que se trata, en buena cuenta, es de destituir a los siete miembros”, indicó en entrevista con Infobae Perú.

Albán cuestionó también los puntos de la moción de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien acusa a los integrantes de la JNJ de cometer presuntas faltas graves.

“Es tan burdo el asunto que una cuestión como falta grave debería estar reglamentada en el Congreso, si hiciera bien su trabajo. Esto lo tendría que haber reglamentado para que se respete el principio de legalidad. Pero ha quedado abierto a hechos que pudieran tener una dimensión tan trascendente como para que sea evidente que alguno o de repente algunos de los miembros de la Junta pudieran haber incurrido en algo que justifique un procedimiento de esta naturaleza y una separación del cargo por el Congreso de la República en base al artículo 157 de la Constitución”, refirió.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió ayer que el Congreso de la República somete a dos investigaciones internar y en paralelo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

“Hay cosas que no están siendo coherentes. No se puede juzgar a la misma persona o investigar y procesar, para ser más simples, en dos instancias del mismo Parlamento”, dijo Gutiérrez en RPP Noticias. Así, recalcó que los miembros de la JNJ, aparte de la investigación sumaria en la Comisión de Justicia, también afrontan denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

En efecto, hay tres denuncias presentadas por los legisladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) contra los doctores Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry en la SAC, cuya presidencia es ejercida por Lady Camones (Alianza para el Progreso).

Hasta el momento no se ha establecido a los ponentes en la SAC que lleven los casos de los integrantes de la JNJ.

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mostrarle su preocupación por las recientes acciones planteadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para bloquear las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, por los cambios en el equipo del caso Cuellos Blancos, las tesis desaparecidas y la polémica condecoración recibida de la Municipalidad de Lima.

El escrito a la CIDH se remitió el 7 de setiembre pasado. “Por medio del presente es muy grato saludarla cordialmente y, asimismo, en representación de los integrantes del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo constitucionalmente autónomo del Perú, dirigirme a usted con la finalidad de manifestarle nuestra preocupación en relación con la repetida vulneración que viene produciéndose, de manera sostenida, a la independencia de la institución que represento”, se lee en el documento enviado a Tania Reneaum Panszi del organismo.

“Con relación a la demanda competencial interpuesta por el Ministerio Público, busca que se declare que la JNJ carece de competencia para investigar las infracciones disciplinarias ocurridas en torno de actos de administración interna o de gestión dispuestos por la fiscal de la Nación, como es el nombramiento de fiscales provinciales a nivel nacional y se declaren nulas las resoluciones de la JNJ”, se menciona también en el documento.

La investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia también ha provocado la atención de la comunidad internacional. Así se podría desprender de un comunicado firmado por las embajadas de Australia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia y Reino Unido en Lima.

“En el marco del Día Internacional de la Democracia, apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones”, inicia el pronunciamiento.

El comunicado prosigue reafirmando su compromiso de apoyar la democracia en el Perú y recuerda que valoran su amistad duradera con el pueblo peruano. El pronunciamiento internacional involucra a México, país con el que Perú tiene relaciones diplomáticas desgastadas por los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de Pedro Castillo, negando su intento de golpe de estado.

La doctora Inés Tello negó que vaya a presentar su carta de renuncia a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es sometida a una investigación sumaria en el Congreso de la República a raíz de que, entre otros puntos, permitió que sea su integrante a pesar de que habría superado la edad legal límite de 75 años de acuerdo al artículo 156 de su ley orgánica.

“Yo no voy a renunciar [a la JNJ], no he cometido ninguna ilegalidad”, dijo a RPP Noticias. La letrada agregó que su permanencia dentro de la entidad que nombra, ratifica, sanciona y destituye a jueces y fiscales es “legal”. Para ello, indicó que un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que evaluó su caso y concluyó que “no considera como causal de vacancia cumplir los 75 años; en consecuencia, el encargo que se le ha dado”.

“Yo no me iba a presentar a una postulación, si no supiera que no me afectaba impedimento alguno. No soy una criatura, soy una persona adulta, sé cómo proceder, respeto la ley y respeto el principio de legalidad”, se defendió Tello frente al cuestionamiento de que quiso presuntamente evadir la ley para estar en la JNJ.

La Comisión de Justicia del Congreso de la República invitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para este viernes 22 de setiembre a fin de que brinde su testimonio en la “investigación sumaria” contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta falta grave.

Así se consigna en el nuevo plan de trabajo. A diferencia del primer texto, que constaba de una hoja, este nuevo documento de 6 páginas contiene los objetivos, metodología y cronograma de la investigación.

Además de Patricia Benavides —que interpuso una demanda competencial contra la JNJ para anular investigaciones disciplinarias—, para el viernes 22 también están convocados la exfiscal de la Nación inhabilitada arbitrariamente, Zoraida Ávalos; el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti y la periodista de Expreso, María García.

El Congreso de la República retrocedería en su plan de remover a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta falta grave y, como alternativa, buscaría la destitución únicamente de los consejeros Imelda Tumialán (presidenta de la entidad), Inés Tello y Aldo Vásquez.

Así lo adelanto el periodista y director de IDL – Reporteros, Gustavo Gorriti en una columna. Según fuentes del referido medio, el rechazo nacional e internacional respecto a la “investigación sumaria” contra la JNJ habría creado diferencias entre el sector del Parlamento que busca copar la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles.

“Las primeras grietas en la coalición mafiosa del Congreso se hicieron poco después visibles. Las dudas de la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, los temerosos cambios de agenda, las pérdidas de tiempo dentro de un plazo que se supone sumarísimo, fueron elocuentes”, indicó Gorriti.

Los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fueron citados por la Comisión de Justicia del Congreso de la República este jueves 21 de setiembre. Los magistrados deberán responder preguntas de los miembros de este grupo de trabajo en el marco de la investigación preliminar que realizan con el objetivo de removerlos de sus cargos.

En principio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Janet Rivas, de Perú Libre, convocó a los jueces de la JNJ para el viernes 15 de setiembre. Sin embargo, la sesión se suspendió porque la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, se encontraba mal de salud. Como se sabe, ella es la autora de la moción que buscaba iniciar una investigación sumaria contra los magistrados.

Se espera que las preguntas a los magistrados en la sesión del jueves 21 de setiembre estén orientadas a las denuncias en su contra. Recordemos que el pleno del Congreso aceptó abrir la investigación preliminar contra los miembros de la JNJ porque concluyeron que respaldaron a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos al emitir un pronunciamiento rechazando la decisión de inhabilitarla.

Los acusan además de haber influido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que también se pronuncien a favor de la exfiscal de la Nación mencionada.

Según los parlamentarios que votaron a favor de la moción, los miembros de la JNJ interpretaron de forma antojadiza el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú, que versa sobre el límite legal de edad para ser magistrado.

Los denunciaron también por no cumplir con presentar el informe anual ante el pleno del Parlamento.

Cabe resaltar que la JNJ se encarga de designar a los jueces y fiscales. Esta institución se creó luego de que se decidiera acabar con el Consejo Nacional de la Magistratura tras denuncias por corrupción reveladas.