La JNJ rechazó el informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó la destitución e inhabilitación de sus magistrados. Asimismo, criticó la participación de Esdras Medina en el proceso.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció sobre la aprobación del informe final en su contra por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los miembros del pleno de dicha entidad de justicia.
Como se sabe, la SAC aprobó con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el informe final del congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) relacionado a la denuncia constitucional presentada por Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los magistrados de la JNJ.
Dicha denuncia estaba referida al límite de edad para ejercer el cargo de miembro del pleno de la referida junta que, según dicho recurso, habría trasgredido Luz Tello de Ñecco.
“Es una violación flagrante de la Convención Americana de Derechos Humanos”
A través de un comunicado, la JNJ rechazó la acusación constitucional aprobada en la SAC, e indicó que dicha acción “se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso” que busca afectar su autonomía “e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales”.
Además, la junta reiteró lo que planteó previamente en la recusación que presentó contra el congresista Esdras Medina, autor del informe final, para que se aparte del proceso por haber adelantado opinión.
“El informe votado hoy, propuesto por el congresista Esdras Medina, está viciado, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre de 2023 votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la JNJ, por la misma causa en la que ha intervenido como delegado, entre otras”, señaló.
“Asimismo, el 4 de diciembre último presentó una moción en la que, una vez más, pidió la remoción de los miembros de la JNJ, por abrir procedimiento disciplinario a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas”, agregó.
Dada esa situación, la entidad de justicia consideró que la SAC violó de manera flagrante el Pacto de San José.
“De esta forma se viola de modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un principio universal, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, indicaron en el comunicado.
“El informe aprobado, además, vulnera el derecho de los miembros de la JNJ a la debida motivación, dado que no responde a ninguno de los casi veinte argumentos fácticos y jurídicos sustentados por la JNJ en su defensa”, remarcaron.
Finalmente, la entidad aseveró que “seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional”, y que “confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia”.
