El Poder Judicial emitió un comunicado luego de que el Ejecutivo promulgara la Ley 32326, que modifica la Extinción de Dominio, advirtiendo sobre los riesgos que esta norma representa para la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilícitos.
En ese sentido, indicó que la especialidad de decomiso sin condena o extinción de dominio es una herramienta reconocida internacionalmente para retirar del comercio ilícito los activos utilizados u obtenidos fuera de la ley, los cuales muchas veces escapan al alcance del derecho penal, como en casos de testaferros, tráfico de datos, suplantación de identidad o comercio en el mercado negro.
El documento precisa, además, que desde 2019 hasta el primer trimestre de 2025, el Poder Judicial ha logrado recuperar a través de este mecanismo más de 172 millones de dólares.
Sin embargo, advierte que la reciente ley desconoce el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debilitando los avances logrados en la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales.
La entidad judicial también resalta que con esta modificatoria se incumplen compromisos internacionales, lo que podría exponer al país a ser incluido en listas de alto riesgo económico, como la “gris oscura” o incluso la “lista negra”, lo que impediría acceder a entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y podría acarrear sanciones internacionales.
Este riesgo se agrava considerando que el Perú será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el periodo 2025-2029.
El Poder Judicial sostiene, además, que la reforma legislativa debilita la labor del subsistema nacional, permitiendo que los activos ilícitos sigan circulando libremente, alimentando la minería ilegal, el sicariato, extorsión, narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, entre otros delitos graves.
Finalmente, la entidad recordó que el 82.2 % de los procesos resueltos por los jueces del subsistema no han sido impugnados ni cuestionados, lo que demuestra su eficacia y legitimidad.
“El Poder Judicial lamenta de manera profunda una reforma tan lesiva que destruye este mecanismo de lucha contra la corrupción y del que hemos hecho una defensa férrea en diversos espacios sin que se recoja las consideraciones jurídicas esbozadas”, explicó.
