En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, OjoPúblico presenta un dramático panorama de las amenazas contra el patrimonio arqueológico inmueble en el país. Entre el 2009 y el 2017 se produjeron 1.556 atentados contra recintos y restos precolombinos tan solo en la Región Lima. Sin embargo, las autoridades apenas han impuesto 213 sanciones en todo el Perú. Entre los presuntos responsables hay desde ciudadanos comunes hasta autoridades locales y empresas trasnacionales de la minería o la construcción.
El sitio arqueológico de Huacoy, un templo en forma de herradura tres veces más grande que el Estadio Nacional de Lima, encierra todo lo que hacemos los peruanos para destruir el pasado: al interior viven quinientas familias, algunas en casas de material noble y otras construcciones a medio hacer; un sector polvoriento es usado para ciclismo casual; y en medio de todo existe un colegio donde los niños reciben clases de historia del Perú. Este centro ceremonial de 1.500 años de antigüedad languidece además con permiso oficial: algunos habitantes tienen títulos de propiedad con “carga cultural”, un eufemismo burocrático para decir que sus terrenos están justamente sobre ruinas o pertenecen al contexto inmediato de un área monumental.
En el 2016 una de las propietarias, Rufina Cangana, recibió autorización de la Municipalidad de Carabayllo para independizar una parcela seis veces más grande que el Parque Universitario del Centro de Lima. Al menos la mitad de ese terreno está comprometido por el contexto arqueológico, pero ahora es administrado por una empresa inmobiliaria asociada con la señora Cangana, según documentos de Registros Públicos revisados por OjoPúblico. Y no es la porción más grande. La plaza central de Huacoy está dividida en seis sectores parecidos. Esta es solo la última porción por urbanizar.
COPAMIENTO. El templo arqueológico Huacoy, ubicado en el distrito de Carabayllo, está tomado por unas quinientas familias en lo que fue su plaza central.
El rasgo más dramático de este caso es que no se trata del más grave. Los atentados al patrimonio arqueológico de Lima han aumentado de manera sostenida en los últimos cuatro años, según un análisis realizado para la investigación Memoria Robada con base en datos y reportes oficiales, entrevistas a expertos y visitas a lugares afectados. La frecuencia de afectaciones pasó de 187 en el 2014 a 321 en el 2017. Muchos de estos casos fueron invasiones u ocupaciones de distinta magnitud, seguidas en proporción por episodios de destrucción por excavación o demolición, alteraciones y obras públicas o privadas.
La información obtenida por OjoPúblico ofrece un panorama dramático sobre el nivel de destrucción del patrimonio inmueble precolombino y de las limitaciones del Estado para sancionar a los presuntos responsables: desde ciudadanos comunes y asociaciones privadas hasta municipios distritales, compañías inmobiliarias, y algunas de las empresas más grandes del sector minero y de la construcción.
El problema se agrava por la ineficacia de los procesos sancionadores iniciados por el Ministerio de Cultura: en octubre del 2017 un informe de Control Interno —a pedido de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural— estableció que hasta ese momento habían prescrito 781 expedientes por presuntas afectaciones del patrimonio arqueológico.
Uno de los últimos casos se produjo en noviembre del 2017, por los días en que el Perú se remecía con un nuevo testimonio del caso Lava Jato: mientras la prensa especulaba sobre el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, el Ministerio de Cultura declaró prescrito un proceso sancionador contra su empresa por afectar presuntamente una zona arqueológica cercana a uno de sus proyectos más importantes.
CASO ODEBRECHT
El caso se remontaba a febrero del 2009, cuando la perito en arqueología Ruth Quispe, del Instituto Nacional de Cultura —el ente rector antecesor al Ministerio de Cultura—, realizó una inspección a la zona monumental El Paraíso, ubicada en el límite entre los distritos San Martín de Porres y el Callao. Quispe trataba de establecer los alcances de una operación con explosivos y maquinaria pesada reportada en las inmediaciones. De entrada, encontró que algunos muros precolombinos se habían derrumbado, aunque no pudo establecer la causa precisa. Cuando se acercó al punto de las operaciones, encontró un letrero con el nombre “La Grama” y las iniciales CDB Callao, el consorcio formado para la construcción del nuevo terminal de contenedores del puerto. Un vigilante le confirmó que era una cantera a cargo de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.
La empresa brasileña estaba explotando el terreno con el fin de obtener rocas y material de relleno para la construcción del Muelle Sur, una plataforma para servicios portuarios de 180.000 metros cuadrados, declarada de interés nacional por el Gobierno Peruano. La obra requería la extracción de 1.5 millones de metros cúbicos de material en un sector aledaño a una zona de comprobada importancia arqueológica.
Según el expediente del caso, Odebrecht había iniciado la operación de la cantera antes de obtener la aprobación para el plan de monitoreo arqueológico al que estaba obligada. Además, expertos en catastro del INC establecieron que el área solicitada para evaluación invadía la zona intangible de otras dos zonas arqueológicas aledañas: Cerro Pan de Azúcar y el Paisaje Cultural Arqueológico Camino Oquendo 01. A todo eso se sumaba el hecho de que las presuntas alteraciones con maquinaria pesada habían sobrepasado hasta por 60 metros el área establecida en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que Odebrecht había obtenido en diciembre del 2008.
En abril del 2009, tras dos nuevas inspecciones en presencia de especialistas de la empresa, la perito Ruth Quispe reportó que el área afectada no era solo de 35 metros cuadrados, como dedujo inicialmente, sino de 398 metros cuadrados. “Se pudo confirmar que sobrepasaron el área del CIRA”, informó Quispe, quien añadió que la empresa había reconocido la infracción. Aunque la arqueóloga calificó el daño como leve, de acuerdo al glosario oficial de sanciones administrativas, recomendó el inicio de un proceso administrativo sancionador contra Odebrecht por su presunta responsabilidad en la remoción de suelos en el área intangible de Paraíso.
El proceso administrativo se inició en agosto del 2009. Odebrecht argumentó que solo estaba explotando una cantera antigua, que la zona no estaba señalizada y que si había traspasado los límites del CIRA fue porque, mientras los equipos de topografía del INC tenían una precisión milimétrica, los suyos presentaban un margen de error de diez metros. Aunque estos descargos fueron considerados improcedentes, medio año después, en febrero del 2010, el entonces Instituto Nacional de Cultura admitió un acuerdo para cambiar la posible multa por el compromiso de la empresa de implementar un proyecto de conservación y restauración de la zona arqueológica afectada.
El proyecto debía incluir la delimitación y señalización de los sitios arqueológicos El Paraíso y el cercano Camino Oquedo 01; también debía asumir la recomposición del terreno de la cantera, para remediar el impacto físico y visual a la zona. Sin embargo, de acuerdo a documentos obtenidos por OjoPúblico, cuatro años después el ahora Ministerio de Cultura descubrió que la empresa no había cumplido los acuerdos: para empezar, solo entonces supo que ya no explotaba la cantera; y tampoco había cumplido con los trabajos para remediar el impacto en la zona: la delimitación y señalización de los sitios tuvo que ser hecha por los especialistas del ministerio. Sobre el terreno todavía quedaban rastros de las obras que excedieron el área autorizada por el CIRA y algunos montículos de piedras sobre el lado este del sitio arqueológico.
PROCESO: Resolución del INC que determina abrir proceso sancionador a Odebrecht con una posible multa de hasta 1.000 UIT.
El expediente quedó en suspenso hasta que en noviembre del 2017 fue declarado prescrito.
Odebrecht respondió a una consulta de OjoPúblico por este caso con un comunicado en que aseguraba que, en su condición de empresa constructora de obras de infraestructura, observa de forma estricta toda la legislación, procedimientos, requisitos y protocolos inherentes a la defensa y protección del Patrimonio Cultural de la Nación. “Toda la documentación de sustento en referencia a este caso puntual se encuentra almacenada en nuestro archivo central, estamos realizando la búsqueda correspondiente para las aclaraciones del caso”.
CASO YANACOCHA
Entre los casos más notorios de impacto de las industrias más poderosas en el Patrimonio Cultural de la Nación destaca el de la minera trasnacional Yanacocha, la principal productora de oro de Sudamérica. A la fecha, es la empresa más sancionada por causar alteraciones de zonas arqueológicas: su historial incluye cinco multas que suman 3.450 UIT, equivalentes a más de 12 millones de soles.
Los casos más serios se refieren a varios lugares de importancia cultural en Cajamarca, donde esta minera opera desde los años noventa.
Uno de esos episodios fue la destrucción total de diecisiete sitios en el sector de Carachugo, precisamente donde inició sus operaciones. Según un informe de la oficina regional del INC en Cajamarca, emitido en abril del 2007, los daños también alcanzaron al sitio más importante del conjunto, que “se encuentra afectado en un 70% debido a trabajos de instalación de accesos para plataformas de perforación y depósito de desmonte”.
El 3 de enero del 2008, la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del INC estableció que los elementos del caso configuraban una falta gravísima. “La empresa minera Yanacocha S.R.L. conocía de la existencia y ubicación de los sitios arqueológicos, por lo tanto, se deduce que la destrucción de los mismos fue de carácter intencional”, señaló la historiadora Blanca Alva, responsable de esa dependencia, en la Resolución Directoral N° 002/INC-DDPH.
En su momento, la compañía basó sus descargos en tres argumentos: que no era posible determinar si los sitios afectados tenían importancia arqueológica; que al momento de la afectación no habían sido declarados como tales; y que los casos habían prescrito. El INC no admitió ninguna de estas explicaciones. Por el contrario, le aplicó una multa de 1.000 UIT, la más alta establecida en la ley para estos casos
MULTAS. Yanacocha lidera el ranking de empresas con sanciones económicas más altas por alterar o destruir sitios arqueológicos.
Aquella no fue la peor noticia de ese día para la trasnacional. En la misma fecha, el INC emitió otras dos resoluciones que imponían multas a la minera por destrucción de sitios arqueológicos. La primera, motivada por acciones detectadas en el año 2006, fue de 400 UIT “por haber alterado de forma muy grave y continua” cinco lugares en el llamado Sector Yanacocha Norte B. Cuatro de esos sitios fueron arrasados por completo y el sitio restante había quedado comprometido en más del 50%.
La tercera sanción fue por la destrucción de diez sitios, incluyendo recintos de piedra, muros y estructuras de centros poblados antiguos en el sector Cerro San José. Las evidencias recogidas por los peritos permitieron concluir que la serie de atentados “fue producto de la actividad minera y fueron ejecutados de forma continua, reiterada, de manera intencional”.
De las cinco multas aplicadas a Yanacocha, dos fueron por 1.000 UIT cada una y encabezan el ranking de las reparaciones exigidas por el Estado ante casos de destrucción o daño de monumentos arqueológicos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Cultura, obtenidas mediante un pedido de transparencia, la minera ha pagado una tercera parte, 1.150 UIT.
“Minera Yanacocha es una empresa que actúa siempre en el marco de las leyes peruanas y cumple escrupulosamente con las regulaciones y mandatos vigentes”, indicó la compañía en respuesta a una consulta de OjoPúblico para este reportaje.
La trasnacional refirió que con ese criterio se allanó respecto a la sanción que recibió por los daños a los sitios arqueológicos en el Sector Yanacocha Norte B. “La empresa fue notificada del impacto, hizo el descargo pertinente, pero la autoridad consideró que debía aplicarse una multa de 150 UIT. Yanacocha acató la resolución y cumplió con el pago de la multa dentro del plazo legal”, indicó en su respuesta. Sin embargo, no mencionó las tres multas que, según la data oficial, todavía tiene pendientes por un monto de 2.300 UIT, lo que al valor actual representa más de 9 millones de soles.
SANCIÓN. La ladrillera Proceram y la inmobiliaria San Valentín fueron sancionadas con 100 UIT por destruir la parte baja de la quebrada y las laderas de los cerros del sitio Longueras.
CASO AMÉRICA MÓVIL PERÚ
A inicios de agosto del 2011, la empresa de telefonía que opera la marca Claro solicitó un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para instalar una torre de transmisión celular en un área de 400 metros cuadrados del cerro Shir, en la provincia de Otuzco, La Libertad. El día en que se realizó la primera inspección, en presencia de un representante de la compañía, un arqueólogo de la Dirección Regional de Cultura encontró fragmentos de cerámica prehispánica en la superficie. El hallazgo motivó la suspensión de la diligencia hasta una nueva fecha. Cuando la inspección se retomó, dos meses después, el mismo arqueólogo encontró que “en el área solicitada para la emisión del CIRA se habían excavado zanjas, sin ninguna autorización del Ministerio de Cultura”.
Las zanjas, que ocupaban un área de cuatro metros por lado y un metro de profundidad, habían disturbado totalmente las evidencias arqueológicas que se había detectado en la primera visita, según el informe emitido por el arqueólogo Jesús Briceño. “[…] la empresa administrada tenía pleno conocimiento de la condición de intangibilidad de la zona”, señalaría en enero del 2013 la resolución directoral 002-2013-DGFC-VMPCIC/MC, que determinó una sanción de 50 UIT a la empresa de telefonía por una infracción considerada grave. “Dado que aún no se han realizado investigaciones exhaustivas en el mismo, se ha perdido una fuente de información valiosa para la explicación del desarrollo cultural de la zona”, indicó.
No fue el único caso que involucra a esta empresa de telefonía en presuntos daños al patrimonio arqueológico en el país. En octubre del 2015, la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Cultura resolvió abrirle un nuevo proceso sancionador, junto con la empresa Telefónica Móviles S.A., “por haber realizado obras de remoción y excavación de suelo en una extensión total de 300 metros cuadrados” sobre el sitio arqueológico Carhua de Canta, en la sierra de Lima. Las obras consistieron en la preparación de un nivel plano, un cerco de material noble y dos antenas sobre la zona arqueológica.
A pesar de que el ministerio consideró el caso como una “alteración grave”, el proceso fue declarado prescrito en noviembre del 2017.
OjoPúblico envió consultas sobre el caso a ambas empresas, pero hasta el cierre de edición no fue posible obtener sus respuestas.
CABALLOS DE PASO
En abril del 2013, el personal del Museo de Sitio de Pachacámac reportó que el perímetro de la zona arqueológica había sido afectado por un cerco vivo de plantas y una chacra para sembrío de frutas instalados por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos de Paso, cuyo terreno es colindante con el área monumental. “Se observó que el cerco vivo, así como la chacra, cuentan con un sistema de riego mediante goteo”, señaló el informe. El área de cultivo, usufructuada por un trabajador de la asociación, ocupaba 150 metros cuadrados.
En los días siguientes, el personal del Ministerio de Cultura retiró el cerco y trasplantó los frutales a la chacra del museo. En medio de los trabajos se detectó la existencia de un muro precolombino a cuarenta centímetros de profundidad que corría en paralelo a los linderos y se proyectaba hacia el terreno de la asociación. Según documentos oficiales revisados para este informe, el representante de los criadores fue advertido del hallazgo. Sin embargo, al día siguiente se detectó la presencia de maquinaria pesada que removía terreno al interior de esa propiedad.
El ministerio verificó que se estaban realizando trabajos de demolición de antiguos cuartos con un tractor pequeño, que el área aplanada estaba dentro de la zona intangible y que el pozo de cateo que dejó al descubierto el muro precolombino había sido alterado y cubierto con tierra. “Esta infracción puede ser calificada, debido al tipo de evidencia arqueológica implicada, como una alteración grave”, señaló un informe técnico de la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Cultura.
Por estos hechos, el ministerio impuso una sanción de 80 UIT a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. En sus descargos, la institución solicitó la nulidad de la sanción por una serie de motivos que iban desde el veto al perito del ministerio por que no estaba colegiado hasta vicios procesales al no haber sido notificados a tiempo de la ampliación de los límites del sitio arqueológico. En abril del 2016, tres años después del episodio, el viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales reconoció los errores y declaró la nulidad del proceso.
“Esa resolución anuló la multa y no hemos presentado ningún otro escrito ni recibido alguna otra resolución del Ministerio”, señaló Carlos Semsh, asesor de la asociación, a una consulta de OjoPúblico sobre el caso.
PACHACÁMAC 360. Vista del santuario arqueológico más grande e importante de Lima, que no está libre de amenazas a su integridad. (Mover con el cursor).
PANORAMA CRÍTICO
El historial de daños y afectaciones al patrimonio arqueológico parece interminable. La revisión de OjoPúblico detectó episodios como el de un consorcio que cortó un muro prehispánico para construir un canal de concreto en el sitio arqueológico Incahuasi, en Cañete. También el de una municipalidad distrital de La Libertad que abrió un relleno sanitario en el sitio Mocollope y destruyó contextos funerarios y muros prehispánicos. Y el de una empresa ladrillera y una inmobiliaria que arrasaron con el 95% de la base de la quebrada del sitio La Longuera y el 50% de las laderas de los cerros. Según la base de datos de la Oficina de Ejecutoría Coactiva del Ministerio de Cultura, ninguna de las sanciones económicas impuestas en estos casos se ha cumplido.
Tan solo en los tres primeros meses del 2018, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGDPC) recibió 128 denuncias por daños al patrimonio arqueológico inmueble. Sin embargo, en apenas 15 casos se inició un proceso administrativo sancionador.
“Si hay una denuncia por día, son 365 en promedio. Por lo menos deberíamos tener 50 o 100 procesos administrativos sancionadores al año”, señaló Leslie Urteaga Peña, directora de la DGDPC. “No los tengo ni los he tenido tampoco”.
A inicios de los años ochenta, el arqueólogo suizo Fréderic-André Engel realizó el catastro del sitio arqueológico Cementerio Chilca, un área de enterramientos al sur de Lima cuyos vestigios se remontan hasta el año 1.000 d.C. El sitio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en septiembre del 2001. Apenas una década después, el consorcio SSK Santos CMI introdujo maquinaria pesada y aplanó un área de 7.500 metros cuadrados en la zona. Los peritos del Ministerio de Cultura identificaron la destrucción de infraestructura arqueológica, fragmentos de cerámica y restos óseos. El infome del caso señaló que se trataba de una infracción muy grave y recomendó abrir un proceso sancionador que derivó en una multa de 100 UIT. La pena nunca se hizo efectiva. La razón principal fue que el sitio no estaba delimitado y, en consecuencia, no había forma de asegurar su protección legal.
