Por Santiago Acosta-Ormaechea, Ilan Goldfajn y Jorge Roldos
La guerra en Ucrania está sacudiendo la economía mundial y aumentando la incertidumbre sobre las perspectivas para América Latina y el Caribe.
El impacto se está sintiendo en América Latina a través de una mayor inflación que está afectando los ingresos reales, especialmente de los más vulnerables. Las autoridades están reaccionando a este desafío endureciendo la política monetaria e implementando medidas para suavizar el golpe a los más vulnerables y contener los riesgos de malestar social.
Pero hay otros riesgos que se avecinan. Una posible escalada de la guerra podría eventualmente conducir a dificultades financieras globales y condiciones financieras más estrictas para la región.
Además, el actual endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos, a medida que la Reserva Federal adopta una postura más agresiva, podría eventualmente afectar las condiciones financieras globales.
El aumento de los costos de financiamiento global e interno puede acelerar las salidas de capital y representar un desafío para la región, dadas las grandes necesidades de financiamiento público y externo en algunos países y los limitados recursos para financiar la inversión en la región.
Cualquier mayor desaceleración del crecimiento en China, debido a la pandemia u otras razones, también podría tener un impacto en los precios clave de exportación y el comercio en la región. Todos estos riesgos nublan las perspectivas de crecimiento para América Latina y requieren medidas políticas.
El repunte de América Latina a punto de desacelerarse
Incluso antes de la guerra, la recuperación de la región de la pandemia que socava el crecimiento estaba perdiendo impulso. Después de un fuerte repunte el año pasado, el crecimiento está volviendo a su tasa de tendencia anterior a la pandemia a medida que cambian las políticas, desacelerándose a 2.5 por ciento para 2022. Las exportaciones y la inversión están retomando su papel como principales motores del crecimiento, pero los bancos centrales han tenido que endurecer la política monetaria para combatir el aumento de la inflación.
Pronosticamos que la expansión de Brasil se desacelerará a 0.8 por ciento este año luego del crecimiento del año pasado de 4.6 por ciento. México se desacelerará a 2 por ciento. Colombia probablemente registrará una desaceleración más baja con un crecimiento del 5,8 por ciento. El crecimiento en Chile y Perú será de 1,5 por ciento y 3 por ciento, respectivamente, lo que apunta a reducciones muy significativas en relación con las tasas de dos dígitos de su año anterior.
Respuesta al aumento de los precios de los alimentos y la energía
La pobreza y la desigualdad también siguen siendo preocupaciones clave, dado que el aumento de la inflación tiene un impacto desigual en la población. Los grupos más vulnerables de la región están siendo duramente golpeados por el aumento de los precios de los alimentos básicos y la energía, mientras que todavía luchan por recuperarse del impacto económico de la pandemia.
De hecho, desde que comenzó la guerra, varios países de la región han actuado para contener los efectos del aumento de los precios en los grupos vulnerables, que van desde reducciones de impuestos y aranceles de importación hasta límites de precios o transferencias sociales.
Cerca del 40 por ciento de los países han introducido nuevas medidas, principalmente por el lado de los impuestos, con un costo fiscal promedio estimado igual al 0,3 por ciento del producto interno bruto para este año.
Para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de disturbios sociales, los gobiernos deben proporcionar apoyo específico y temporal a los hogares de bajos ingresos y vulnerables, al tiempo que permiten que los precios internos se ajusten a los precios internacionales. Esto ayudaría a los grupos vulnerables y contendría los costos fiscales, al tiempo que incentivaría la producción y restringiría el consumo. En los países con redes de seguridad social bien desarrolladas, el acceso podría ampliarse para abarcar temporalmente a grupos más grandes de la población.
Cuando las redes de seguridad no están bien desarrolladas, los gobiernos pueden implementar mecanismos temporales para facilitar el traspaso de los aumentos de precios internacionales a los precios internos. Aunque esta estrategia protegería a los hogares de la volatilidad de los precios de las materias primas, también puede tener un costo fiscal significativo al tiempo que distorsiona los incentivos de precios para los consumidores y productores.
Los países que se benefician de mejoras en sus términos de intercambio —una medida de los precios de las exportaciones de un país en relación con sus importaciones— pueden encontrar más fácil financiar estas nuevas medidas. Sin embargo, cualquier espacio fiscal adicional debe utilizarse sabiamente dados los riesgos inusualmente altos que rodean la recuperación mundial y la evolución de los precios de los productos básicos, así como los crecientes costos para el financiamiento gubernamental.
Se necesita una consolidación inclusiva
Con las relaciones deuda pública/PIB por encima de los niveles anteriores a la pandemia y los costos de endeudamiento aumentando en medio de tasas de interés locales y globales más altas, los países deberán garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para ayudar a preservar la credibilidad y reconstruir el espacio fiscal. Sin embargo, será igualmente importante implementar medidas que protejan a los más vulnerables.
Esto requerirá una estrategia que se centre en la consolidación inclusiva. El gasto en programas sociales, salud, educación e inversión pública debe protegerse, al tiempo que se implementan reformas tributarias (como el fortalecimiento de los impuestos sobre la renta personal) que impulsarán el crecimiento de manera inclusiva y ayudarán a los países a mantener la sostenibilidad fiscal.
