La Comisión Europea ha publicado el informe de mayor importancia para tratar de predecir el gasto en pensiones de cada país. España es uno de los países donde más pone el foco de su análisis por su trayectoria reciente, donde ha abordado una reforma que hoy considera insuficiente. El desembolso de la Seguridad Social alcanzará un punto crítico del 16,9% del PIB a mitad de siglo, un dato eleva 4,6 puntos la últimas. Medidas como la supresión del Factor de Sostenibilidad y la indexación completa de las pensiones al IPC encarecen un 3,3% del PIB el gasto de cara a mitad de siglo. Será el mayor el incremento del gasto de todos los países europeos y quedará queda compensado insuficientemente por el alza de cotizaciones sociales a asalariados y autónomos u otras medidas de ingresos como los incentivos para demorar la jubilación.
A la vista de los datos, Bruselas ha dado un toque de atención a España con la mayor revisión del gasto de sus pensiones entre los países europeos (3,8 puntos del PIB más en dos décadas). El análisis considera que este mayor esfuerzo quedará compensado insuficientemente por las subidas de cotizaciones sociales en asalariados y autónomos o los incentivos para demorar la jubilación.
El desajuste entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto se verá reflejado en un déficit máximo del 3,1% del PIB en la década de 2050, cuando el Gobierno limitaba el saldo fiscal negativo en el 1,5%. El déficit, en línea con el gasto, también se ha visto impregnado de un mayor pesimismo de la institución -de por sí ya pesimista en estos informes, según expertos consultados-, lo cual indica la insuficiente previsión de ingresos a largo plazo.
La Comisión también apunta que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB. Lo hará por el peso de las jubilaciones de ‘baby boom’, un efecto de sobra conocido que tendrá su mayor impacto en la década de 2040.
El documento que elabora y actualiza la Comisión Europea cada tres años llega antes de que Bruselas evalúe un paquete reformista que debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Y es que la institución comunitaria tiene voz y voto en el devenir de las prestaciones: en menos de un año, el Gobierno se someterá a los datos publicados y la Comisión Europea determinará si el sistema necesita más subidas de las cotizaciones sociales, recorte del gasto o una combinación de ambas. El ajuste que debería planificar el Gobierno sería del 0,8% del PIB, más de 10.000 millones, según calculó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La gran baza de Escrivá es el mayor peso de los trabajadores de mayor edad y una jubilación cada vez más tardía. Los incentivos para estirar la jubilación y los recortes en las salidas prematuras llevarían a un ahorro de 1,4 puntos del PIB a mitad de siglo, en línea con lo aproximado por el Gobierno el pasado otoño en el informe que recibió la propia Comisión Europea.
La indexación de las pensiones a la variación de los precios será el factor más relevante de gasto a largo plazo: esta medida protagoniza 3,4 puntos del gasto adicional de las pensiones las próximas décadas. La eliminación del extinto Factor de Sostenibilidad llegará a incrementar el gasto (reduciendo el ahorro porque antes lo recortaba) hasta un 1,7% del PIB.
En el lado de las medidas de ingresos, el incremento de las bases máximas de cotización generará mayores ingresos a corto plazo que se verá ‘recompensado’ por los cotizantes a largo plazo, resultando en un mayor desembolso por valor de 0,8 puntos del PIB.
El periodo de cómputo, una medida que Bruselas llama a corregir aumentando cinco años los años cotizados observados para recibir la pensión, provocaría otro incremento de 0,2 puntos con la actual normativa.
