La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) lamenta que la Unión Europea haya vuelto a bloquear la tramitación del reglamento sobre morosidad privada. El Consejo de Competitividad de la Unión Europea ha pospuesto la aprobación de la Propuesta de la Comisión de Reglamento sobre morosidad en operaciones comerciales debido a la falta de consenso entre los países miembros.
Cepyme expresa su preocupación no solo por este nuevo obstáculo en la tramitación del reglamento, sino también por las dudas de algunos países respecto a la conveniencia de tramitar esta normativa como un Reglamento, reabriendo el debate sobre la posibilidad de aprobar una Directiva sobre morosidad en operaciones comerciales. La Confederación considera esencial unificar la regulación para combatir la morosidad a nivel europeo y asegurar condiciones equitativas para todas las empresas, un objetivo que solo un reglamento europeo podría garantizar.
A través de su Observatorio de Morosidad, la patronal ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la morosidad y urge al Gobierno de España y a los demás gobiernos europeos a seguir promoviendo una normativa común sobre este tema. La Confederación insta a alcanzar un acuerdo en el próximo Consejo de Competitividad, que se celebrará bajo la Presidencia húngara. La aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea es esencial para finalizar la tramitación de esta norma, ya que es el último paso legislativo pendiente tras el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado 20 de marzo. Es importante recordar que el nuevo Parlamento Europeo también deberá ratificar la decisión tras las elecciones europeas.
El Observatorio de Morosidad subraya la necesidad de considerar la realidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y las condiciones específicas de los distintos sectores económicos. La normativa debe ser efectiva en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago que generan graves problemas de liquidez y financiación para las pymes.
“La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir”, explican desde Cepyme en un comunicado.
Por este motivo, desde Cepyme, que lleva más de una década priorizando la lucha contra la morosidad, ha evaluado la situación de España en el contexto europeo. Está convencida de que es urgente unificar las normas contra la morosidad en Europa para asegurar que todas las empresas operen bajo las mismas reglas y proteger la libre competencia.
La morosidad, extremadamente perjudicial para el tejido productivo, no afecta de igual manera a todos los países de la UE. Según la Encuesta de Pagos D&B incluida en la documentación utilizada por la Comisión Europea, los pagos que se realizan después de la fecha de vencimiento varían significativamente: en Dinamarca es el 10%, mientras que en Rumanía alcanza el 86%. En España, los pagos tardíos representan el 56%, similar a Francia (58%) y Bélgica (56%), pero por debajo de Italia (62%) y lejos de Alemania (35%).
El informe de la Comisión, como respaldo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para combatir la morosidad en las operaciones comerciales, detalla las razones que llevan a las empresas a aceptar aplazamientos de pago. En España, es especialmente significativa la voluntad de mantener la relación comercial con los clientes, evitando así que futuras transacciones se vean afectadas, además de considerar las características específicas de cada sector.
Cepyme muestra su preocupación por el elevado costo de la morosidad, sus impactos en las pymes y el riesgo de que los períodos de pago se prolonguen. La lucha contra la morosidad es una de sus principales prioridades estratégicas. A través de su Observatorio de la Morosidad, la Confederación ha estado involucrada en la elaboración de esta regulación desde el principio, colaborando tanto con la Comisión Europea como con el Gobierno. Este reglamento es crucial, ya que establece una legislación uniforme para toda Europa en un tema especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas.
