Se ha convertido en uno de los puntos de mayor debate del anteproyecto de ley de familias que empieza su andadura en el Congreso. El permiso parental de ocho semanas hasta los ocho años del menor de momento no incluye el matiz de ‘remunerado’ y varias voces han salido ya a solicitar que durante su tramitación parlamentaria se incluya entre los retribuidos. La respuesta parece estar en la normativa europea.
En un dictamen previo a que el Consejo de Ministros aprobara en segunda vuelta el texto en su cita de este martes, el Consejo de Estado publicó un dictamen en el que instaba al Gobierno a transponer con mayor literalidad la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que apunta a la remuneración de ese permiso parental.
El informe del órgano consultivo, no vinculante, hace referencia, entre otras cuestiones, al nuevo artículo 48 bis del anteproyecto de ley de familias que regula un permiso parental para el cuidado de hijo, hija, o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que cumpla ocho años. Un permiso que se aplicará de forma gradual (será de seis semanas en 2023 y de ocho semanas a partir de 2024) y que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua. La pega está en la ausencia a la mención de retribución en la futura ley española frente a la mención a la retribución que aparece en el texto europeo.
La ambigüedad ha rodeado este asunto desde que se anunciara el permiso. En el primer borrador del anteproyecto salido del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se expone que “se introduce una disposición transitoria decimoquinta en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la aplicación gradual del nuevo permiso parental retribuido previsto en el artículo 48 bis, cumpliéndose así con las exigencias de la Directiva”. Sin embargo, las menciones a se diluyeron del discurso y varias entidades piden que se siga la directriz europea, que, a más tardar, deberá estar totalmente adaptada antes del 2 de agosto de 2024.
Tampoco cubre el anteproyecto el periodo de permiso parental planteado desde Europa. La disposición normativa europea apunta a cuatro meses frente a las ocho semanas en las que se queda en España en este primer acercamiento. La retribución en concreto, debe garantizarse, según la normativa europea, en la mitad de esos cuatro meses, dos meses que deberían ser intransferibles, según la redacción. Sí supera el permiso de paternidad, que lo sitúa en diez días y es sobradamente mayor en España (16 semanas).
En un encuentro informal con los medios para valorar la ley de familias y su impacto en la pobreza infantil, Unicef ha remarcado la necesidad de hacer este permiso retribuido. Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, ha pedido “clarificar” el permiso de ocho semanas así como incluir a las familias acogedoras de urgencia (aquellas que acogen a menores por menos de un año).
Desde la agencia de la ONU para la infancia señalan que aunque la futura ley introduce avances, hay aún “mucho margen de mejora” en las ayudas de protección social. En líneas generales, la transposición se adapta bastante a la norma europea y cumple con el permiso de cinco días para cuidados o la justificación para trabajadores de ausencias de cuatro días por motivos de causa mayor, ambos remunerados.
La tramitación parlamentaria de la ley de familias da margen para introducir cambios y el Gobierno parece abierto a ellos, aunque la vía de urgencia por la que transitará en el parlamento limita el tiempo de negociación. Mientras, la futura ley termina de perfilarse antes de entrar en vigor, la norma ha devuelto al debate temas como la conciliación, los cuidados y los derechos de los menores a una infancia protegida.
En este sentido, y además del matiz al permiso de ocho semanas, desde UNICEF solicitan también más generosidad con la mejora de las prestaciones por bebé. Se refiere a la ayuda de 100 euros al mes por hijo que recibirán (en forma de deducción fiscal) sobre todo las madres (y los padres que cumplan con una serie de requisitos) desde que nace su hijo hasta los tres años de este. La ley de familias amplía el número de beneficiarias al incluir, además de las mujeres trabajadoras que ya lo percibían, a aquellas que estén percibiendo una prestación por desempleo (contributiva o no) y a quienes tengan un empleo a tiempo parcial o temporal, teniendo que haber cotizado al menos 30 días.
El acuerdo de mínimos que pide Unicef al Gobierno pasa por ampliar la medida a todas las madres con hijos de 0 a 3 años. Universalizarla para que no se queden fuera quienes más lo necesitan que, generalmente no pueden acceder a deducciones fiscales por no llegar al mínimo para presentar la declaración de la Renta o no han podido cotizar. La ayuda monetaria directa se hace relevante, explica González-Bueno. Más deseable aún sería para Unicef que el ‘cheque bebé’ fuera compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o que se ampliara de 0 a 6 años. El ideal para la agencia pasaría por una ayuda universal hasta los 18 años.
España necesitaría 11.000 millones al año para destinar a prestaciones relacionadas con ayuda a la infancia. La cifra que defiende Unicef la basa en informes tanto de la OCDE como del Alto Comisionado de Pobreza Infantil que alarman de las altas tasas de niños bajo el umbral de la pobreza que tiene un país “rico” como España. En concreto, el 33,4% (casi uno de cada tres niños) está en riesgo de pobreza. 2,7 millones cuyo coste para el Estado se traduce entre 50.000 y 63.000 millones de euros anuales, según ambos informes.
