El plan fiscal de Milei enfrenta riesgos en lo social y político, con advertencias que llegan hasta del FMI

El avance del programa fiscal del Gobierno de Javier Milei cosechó resultados en los mercados en sus primeros dos meses. Las acciones y, sobre todo, los bonos de la deuda siguen en alza; los dólares financieros contradijeron los pronósticos negativos y se mantienen estables, mientras las reservas del BCRA crecieron USD 6.000 millones. Aún con las numerosas salvedades para el resultado superavitario de enero, el plan fiscal fue aprobado. Las dudas están en otro lado.

Cada vez más análisis económicos se centran en lo que pasa “en la calle” y en la sostenibilidad política del programa del Gobierno y menos en las propias medidas implementadas en el terreno fiscal y monetario. Más allá del éxito que tenga el plan Milei en esta etapa inicial para ordenar las cuentas públicas, eliminar distorsiones y comenzar a bajar la inflación, como paso previo para cualquier otro programa con reformas de fondo, se destacan dos interrogantes: cuánto necesitará Milei de “la política”, con la que cada día se lleva peor, y hasta dónde llega la tolerancia social para el ajuste, ya que a lo largo de los años los argentinos han demostrado ser más tolerantes a vivir con inflación que a enfrentar un ajuste. Y mucho menos si se lo implementa con motosierra.

Algunos, como le gusta decir al Gobierno, “la ven”. Es el caso del Fondo Monetario. Tras reunirse con el Presidente y brindar elogios a su programa, la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, dio en un comunicado una alarma por la situación social, algo curioso por venir de quien viene

“Dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”, dijo Gopinath.

Agregó que la Argentina necesita “reformas de mercado” pero a la vez resaltó que éstas “deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo”.

Si el FMI pide que no caiga el valor de las jubilaciones y los planes sociales, algo debe haber visto. El celebrado superávit de enero se obtuvo gracias a una baja en el gasto en todos los rubros pero con foco en las prestaciones sociales y gastos operativos (en especial, salarios), que se desplomaron 30% anual en términos reales. Esos dos rubros, en conjunto, explicaron el 57% de la caída del gasto, según datos de LCG.

El economista Luis Secco se ubica entre quienes ven más problemas del plan Milei en el plano social y político que en lo estrictamente económico. Cree que el Presidente tiene “el diagnóstico y el diseño correcto” pero el punto crítico está en la implementación de las medidas.

“En las últimas semanas, aparecieron sistemáticamente dudas sobre la política o sobre la gobernabilidad. Pedirle a Milei que cambie es difícil, tampoco tenemos por qué pretenderlo, pero dar señales de gobernabilidad ayudaría a despejar cierta sospecha de ‘transitoriedad’ del ajuste, que lo vuelve más doloroso en el corto plazo y menos efectivo,” dijo Secco a FM Milenium.

Para el economista, el programa “tiene dos patas, una es la estabilización y la otra son las reformas. Esta última parte está prácticamente caída y eso es fundamental. La gobernabilidad por sí misma no sirve de nada, en realidad es un trampolín a partir de la cual hacer cosas”

El Presidente, durante la campaña del año pasado, motosierra en mano (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso, pese a las piruetas discursivas del Gobierno, dejó en suspenso muchas de esas reformas que, se supone, colaborarían con la reactivación. Por impericia o por intransigencia, la gestión política del oficialismo dejó la norma en el camino. La agudización del conflicto con los gobernadores de los últimos días puede implicar otro traspié en el plano fiscal. O bien, más problemas con “la calle” cuando en las provincias haya recortes salariales para los docentes o subas desmedidas de tarifas, por citar algunos ejemplos posibles.

El riesgo que algunos leen en el mercado es que esos nubarrones se lleven por delante el desempeño fiscal tan elogiado por los mercados. El informe semanal de Grupo SBS lo apunta: “El dato fiscal de enero mostró un superávit financiero mensual por primera vez en más de 10 años. Vemos al resultado como una señal del compromiso del gobierno de sanear las cuentas públicas, aunque el desafío es, como siempre destacamos, la sostenibilidad política y social del ajuste, con gran parte de la caída del gasto de enero explicada por licuación de partidas, recortes fuertes a provincias y aumento de deuda flotante”.

Para la consultora que dirige Miguel Kiguel, Econviews, “el desafío más grande está en la parte social y política” a la vista de lo ocurrido con la Ley Ómnibus. Considera además que “la opinión pública es otro escollo relevante. La Argentina está transitando lo peor de la recesión. Las mediciones de febrero no fueron malas para el gobierno, pero no hay garantía de que esto siga así unos meses más”.

“Este gobierno heredó más de 40% de pobreza. Aunque no sea su culpa, el desarrollo de la situación social es un insumo clave para la estabilidad política y económica del oficialismo. Por ende, mantener un equilibrio entre la necesidad de ordenar las cuentas y la política social pasa a ser una de las variables clave en donde no parece haber demasiado margen de error”, afirmó la consultora.

¿Cuánto margen social tiene por delante un Gobierno con debilidad política de nacimiento, sin alianzas sólidas, con un relato cargado de agresividad y medidas abiertamente impopulares? Seguramente menos que otros gobierno con solo 2 meses en funciones. Aunque un punto asoma a favor del Presidente y su ajuste: siempre avisó que iba a hacer lo que está haciendo. Hasta en campaña dijo que iba a ajustar con mayor rigor del que pedía el FMI. Gita Gopinath, tras visitar la Argentina y entrevistarse con dirigentes gremiales, empresarios y economistas, pudo confirmarlo y así lo transmitió en su mensaje posterior.

Una aproximación a saber cuánto tiempo tiene Milei por delante para implementar el ajuste y cuánto prendió su discurso en la opinión pública la ofrece una encuesta de Taquion. “Los argentinos se están ajustando, en su mayoría, por necesidad. Sin embargo, hay un 34% que lo hace por convicción. Un 43% de los Generación Z muestran acompañamiento hacia las medidas de Milei”, señaló Taquion.

La encuesta hizo una consulta clave: “¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar al Gobierno para ver mejoras?”. La respuesta fue bien repartida: un 16% aseguró que esperaría más de 2 años, un 14% entre uno y dos años, un 16% entre 6 meses y un año, un 11% entre 3 y 6 meses y un 16% entre uno y tres meses, que terminarán de consumirse en poco tiempo. El 27% restante de los encuestados inició el gobierno de Milei sin paciencia alguna y eligió la respuesta más temida: “No estoy dispuesto a esperar al Gobierno”.

El informe de Taquion, pese a todo, le da crédito al Gobierno: “Mucho se discute sobre la tolerancia social al plan de gobierno. En ese sentido, aún no se registran signos de hartazgo equivalentes a situaciones similares que los argentinos hayan vivido en el pasado. El presidente todavía logra eludir o mitigar el impacto del descontento social sobre su figura”.