Las protestas iniciadas en octubre pasado continúan su curso luego de la reticencia de sectores de la ciudadanía contra la explotación de una gran mina de cobre. Con carreteras intervenidas y bloqueos diarios, la extensión de las manifestaciones ya hace mella en la economía, no solo nacional sino regional. Mientras, la compañía Minera Panamá llamó a abrir “nuevos canales de diálogo” y advirtió que podría suspender la producción de esta semana.
Este lunes 20 de noviembre Panamá comienza una nueva semana de inestabilidad producto del rechazo de parte de la ciudadanía contra una mina de cobre explotada por la firma canadiense First Quantum Minerals, dando lugar a cortes de carreteras que propician el desabastecimiento de suministros y golpean la economía doméstica.
Dentro de las nuevas medidas contra la empresa norteamericana, los sindicatos docentes, de la construcción y los grupos indígenas –los sectores que encabezan la protesta- convocaron a un nuevo paro nacional para este lunes. Es el segundo tras el del jueves pasado, pero ese tuvo muy poca adhesión.
Desde el 23 de octubre, fecha de inicio de la protesta, está obstruida la vía Panamericana, la principal carretera del país, y otros caminos a urbes como Ciudad de Panamá. Según los manifestantes, la situación no cambiará hasta que sea derogado el contrato aprobado el 20 de octubre, que extendió por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá.
En estos bloqueos también han fallecido cuatro personas, dos atropelladas y otras dos por disparos en eventos no vinculados y que fueron protagonizados por conductores que se vieron perjudicados por los cortes.
Esta postura reticente sigue profundizando la crisis del país centroamericano, la cual está alcanzando a la ciudadanía y a las empresas.
Según las patronales panameñas, las pérdidas económicas ya rondan los 1.700 millones de dólares y está descartada la creación de 15.000 puestos de trabajo temporales en la época festiva de diciembre en un territorio donde casi la mitad de los trabajadores están sumergidos en la informalidad.
Además, los bloqueos también dañaron a la cadena de suministros, generando desabastecimiento de alimentos y gasolina.
Bajo ese panorama, la empresa Minera Panamá –subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals- manifestó que está dispuesta a “abrir nuevos espacios de diálogo” para apaciguar la crisis generada por el rechazo a la operación de los yacimientos de cobre, los cuales podrían detener “temporalmente la producción” esta semana.
La compañía remarcó que estas nuevas conversaciones serían útiles para “abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad” y “crear relaciones duraderas” basadas en un diálogo fluido.
La voz de los ecologistas
Según los grupos ambientalistas que han rechazado durante años la mina Cobre Panamá, la cual es la más grande a cielo abierto de la región y que exporta el mineral desde 2019, la resolución más efectiva para el Estado no es la derogación del nuevo contrato, sino que el Tribunal Supremo lo declare inconstitucional.
Los ecologistas destacan que el contrato de explotación de la mina, ubicada “en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica”, tiene los mismos errores que hicieron que en 2017 el Supremo dictaminara inconstitucional un vínculo similar.
La presión en los magistrados es continua. Activistas, jóvenes y grupos civiles mantienen un campamento frente a la Corte Suprema para forzar una resolución a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos.
Por caso, los letrados se reunirán a finales de esta semana para analizar dos de los diez elementos aceptados.
El Gobierno defendió el nuevo convenio alegando que impone mecanismos para la vigilancia medioambiental y aumenta considerablemente los aportes impositivos.
La mina Cobre Panamá emplea a 40.000 personas de forma directa e indirecta, invirtiendo 10.000 millones de dólares –equivalente al 5% del PIB y el 75% de las exportaciones, según datos suministrados por First Quantum.
