El futuro judicial de Emilio Lozoya parece cada vez más encarrilado. Tras año y medio de dilaciones y prórrogas interminables, el caso del exdirector de Pemex giró de manera radical a comienzos de noviembre con la decisión del juez de enviarle a prisión de modo preventivo por los dos casos que enfrenta: los sobornos millonarios de Odebrecht y la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes a la siderúrgica Altos Hornos. Tras la decisión del juez estaba el cambio de posición de la Fiscalía General de la República (FGR) que decidió pasar al ataque. La nueva estrategia de la Fiscalía se confirma con la acusación formal presentada esta semana, de momento, para la causa de Odebrecht, que incluye cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa: 39 años en total, la pena más alta para este tipo de delitos.
Desde el inicio del proceso, el exdirector de Pemex había salvado la cárcel al convertirse en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista. El pacto saltó por los aires en la primera vista en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscalía considera desde entonces poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.
Lejos parece ya el llamado criterio de oportunidad, la figura a la que pretendía agarrarse Lozoya incriminando a sus superiores. La Fiscalía ha abandonado la senda del pacto y sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Lozoya recibió más de 9 millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña. Un dinero que ocultó gracias a una red empresas y propiedades en colaboración con sus familiares. Para su madre, Gilda Margarita Austin de Solís, procesada también por asociación delictuosas y cohecho, la Fiscalía pide 25 años de prisión.
Desde el comienzo del caso, en agosto del año pasado tras su mediática detención en un urbanización de lujo en España, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.
Además de la falta de pruebas solidas para amarrar una acusación contra Peña y Videgaray, la reparación del daño a Pemex ha sido uno de las argumentos centrales de la Fiscalía para el giro en su estrategia después de la contemporización. Durante la última audiencia, y ante la ofensiva que acabó con su cliente entre rejas, la defensa llegó a ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de Lozoya, por valor de más siete millones de dólares, como garantía para la reparación del daño cuantificado solamente en el causa de Odebrecht. Ahora la fiscalía solicita el decomiso de una mansión en Ixtapa, Guerrero, por 1,9 millones de dólares y cifra el daño en 7,3 millones.
Todo apunta a que Lozoya acabará perdiendo definitivamente sus beneficios y será también sentenciado convirtiéndose así en el personaje de más altura al que alcance la causa. El criterio de oportunidad parece alejarse aunque todavía hay algo de margen. El juez, quien en última instancia tiene la potestad de decidir si concede o no la prerrogativa, tiene de plazo hasta la apertura del juicio oral. De momento, el proceso se encuentra en la etapa intermedia, destinada a fijar las pruebas antes de la apertura del juicio.
