Cincuenta personas serán elegidas por la ciudadanía en abril y trabajarán con un equipo de 24 expertos designados por el Congreso
A tres meses del rechazo a la nueva Constitución de Chile en un referendo, 14 partidos con representación en el Congreso y tres movimientos han llegado a un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente. Lo han sellado desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional y se trata de una ruta constituyente muy distinta a la anterior, con reglas que instalan límites y que impedirían una propuesta refundacional.
El acuerdo, dado a conocer este lunes por la noche en la sede del Parlamento de la capital chilena, contempla la elección ciudadana de las 50 personas que deberán redactar el texto, un órgano paritario llamado consejo constitucional. Es un triunfo para Gabriel Boric, que empujó con fuerza por un órgano sin designados, aunque, en términos generales, las reglas de este nuevo intento constituyente las han puesto mayoritariamente los que ganaron en el referéndum del 4 de septiembre: la derecha tradicional y las fuerzas moderadas.
“El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y, sobre todo, llevar adelante un proceso constituyente exitoso, para que la Constitución sea un factor de unidad. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia y no solo las del pasado reciente”, ha dicho esta noche el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, al detallar junto al líder de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, el documento titulado Acuerdo por Chile.
El proceso estará marcado por la existencia de un grupo de 24 expertos que será elegido por el Congreso (12 designados por los senadores y 12 por los diputados), donde el oficialismo de Boric no tiene mayoría. Se elegirán “en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas”. Este equipo de expertos deberá presentar un anteproyecto para que el consejo constitucional comience a trabajar. Luego se integrarán al consejo, podrán hacer uso de la palabra en las sesiones y, al final del proceso, tendrán la opción de “formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto”. En caso de discrepancias, un grupo mixto de seis convencionales y seis expertos deberá llegar a consensos por tres quintos. Este punto ha sido un triunfo para la derecha, que buscaba mayor protagonismo de los especialistas y que no solo tuvieran un papel de asesores.
Este acuerdo tendrá que ratificarse por cuatro séptimos por el Congreso, porque se trata de un proyecto de ley de reforma de la Carta Fundamental. El nuevo intento constitucional de Chile tendrá menos tiempo: los expertos comenzarán a trabajar en enero, los 50 convencionales serán electos en abril con voto obligatorio y, tras una instalación el 21 de mayo, tendrán cinco meses para trabajar, hasta el 21 de octubre, cuando entreguen el texto final. Al terminar el proceso, la propuesta deberá ratificarse mediante un plebiscito de salida el 26 de noviembre de 2023.
En Chile rige la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet y reformulada decenas de veces en democracia. En medio del estallido social de octubre de 2019, el proceso constituyente fue la respuesta institucional que el mundo político en su conjunto ofreció a la ciudadanía para descomprimir las revueltas que pusieron en entredicho la democracia chilena.
En julio de 2021, una convención dominada por la izquierda y los independientes comenzó sus funciones y, luego de un año de trabajo, entregó un texto profundamente transformador de la institucionalidad chilena, con un marcado acento feminista y ecologista, defendido por el recién asumido Gobierno de Boric. En el plebiscito de salida de septiembre pasado, sin embargo, el electorado lo rechazó ampliamente, lo que dejó fortalecida a la derecha y a los grupos que se opusieron al texto. Desde entonces, los grupos políticos con representación en el Congreso habían intentado llegar a un acuerdo para fijar las reglas de este nuevo intento constituyente.
Desde el 4 de septiembre pasado, cuando se celebró el plebiscito de salida donde se rechazó la propuesta, las diferentes fuerzas políticas negociaban las condiciones de este nuevo intento. Solo algunos sectores, como el Partido Republicano de la derecha extrema, de José Antonio Kast, se han mantenido en la posición de que Chile no necesita una nueva Constitución.
Hasta hoy se habían acordado algunos importantes consensos, como la instalación de 12 puntos que deberán respetarse a la hora de redactar una nueva propuesta de Constitución, para evitar que, en definitiva, el texto tenga un carácter refundacional. Fue un punto que ganó la derecha. Entre estos mínimos comunes está que Chile siga siendo un Estado unitario; respetar los emblemas patrios, escudo nacional, himno; definir que el Estado chileno tiene tres poderes separados e independientes (lo que estaba en entredicho en la propuesta anterior, sobre todo por las transformaciones en el Poder Ejecutivo); y, entre otros, consagrar la autonomía del Banco Central, Justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría.
En una segunda etapa se acordó la existencia de un órgano de 14 miembros, todos juristas, que le permita a la futura convención dirimir sus diferencias, sobre todo en la línea se respetar las 12 bases que marcarán los debates. Su papel se ha asemejado a la de los árbitros y fue un nuevo triunfo de la derecha opositora. La tercera y última parte de las negociaciones, sin embargo, se había entrampado, justamente por su dificultad: la integración del órgano que redactará la nueva Constitución y la forma en que será elegido. Es lo que se ha negociado el pasado fin de semana por los partidos políticos del oficialismo y de la oposición y que se ha comunicado esta tarde a la ciudadanía.
Diferencias con el proceso anterior
El nuevo acuerdo tiene importantes diferencias con el proceso anterior. Antes se trataba de un órgano de 155 miembros, donde los independientes postularon sin la necesidad de los partidos. La derecha no logró ni siquiera un tercio de representantes. Hubo 17 escaños reservados para pueblos indígenas, mientras que en esta ocasión “el consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios [sobre los 50 miembros], asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección [de los que voten con la papeleta de escaños indígenas]”.
El órgano anterior tuvo un año de trabajo, en el que se protagonizaron graves problemas, por lo que fue perdiendo respaldo ciudadano. La propuesta rechazada en septiembre tenía 355 artículos y proponía, entre otros asuntos, democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que Chile no ha conocido nunca, descentralización y, junto con la paridad y una mirada ecologista –que cruzaban todo el texto– se garantizaban una gran cantidad de derechos sociales.
Las normas que generaron mayor rechazo fueron la plurinacionalidad –como países de la región como Bolivia y Ecuador–, las autonomías territoriales indígenas y el sistema de Gobierno con régimen presidencial y bicameralismo asimétrico, que representaba el fin del Senado, con 200 años de historia.
Con los 12 puntos que serán la base para la nueva discusión constitucional, el órgano de 14 miembros que le permitirá al futuro consejo dirimir sus diferencias y sobre todo con los 24 expertos, que serán nombrados por el Congreso, se limitan en buena medida las opciones de innovación de la constituyente de 50 miembros. Es, en definitiva, una propuesta que no acomodará a los extremos políticos, ni de la derecha ni de la izquierda.
