Con estas tres, ahora son nueve acciones ejecutivas del nuevo mandatario en materia migratoria en sus primeras dos semanas en la presidencia, que incluyen una propuesta de ley para otorgar estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de once millones de personas indocumentadas que ya se encuentran en el país.

“No estoy creando nuevas leyes; estoy eliminando las malas políticas”, dijo el presidente Biden durante la ceremonia en que firmó las nuevas órdenes ejecutivas.

El mandatario ordenó la creación de un grupo especial para la reunificación de familias que fueron separadas al ingresar al país durante la presidencia de Trump.

Ese grupo estará presidido por el secretario entrante de Seguridad, Alejandro Mayorkas, el primer latino e inmigrante al frente del Departamento de Seguridad Interior (HSD), pues nació en Cuba.

La orden del presidente Biden revoca otra de Trump que “se procuró justificar la separación de los hijos de sus padres”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El gobierno de Trump separó al menos a 5,500 niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Las separaciones se produjeron, sobre todo, en 2017 y 2018. Hay mil 500 niños separados que no fueron incluidos en una orden inicial de reunificación del juez Dana Sabraw de San Diego.

Abogados y defensores de derechos humanos siguen sin localizar a los padres de 611 niños. Según la ACLU, los padres de unos 400 niños fueron deportados y el resto podría estar en en Estados Unidos. Fue un “caso de crueldad y confusión”, de acuerdo con la administración Biden.

La ACLU se apoya en otros grupos sin fines de lucro para buscar a los padres por teléfono.

Otra nueva orden del presidente crea un marco de trabajo integral para identificar cuáles son las razones de la migración a Estados Unidos y para iniciar un proceso de asilo seguro y ordenado.

La tercera orden busca fortalecer el proceso de inclusión, al retomar solicitudes pendientes de residencia y ciudadanía.

La Casa Blanca destacó que los nuevos tres decretos que firmó el presidente son “medidas adicionales para reconstruir y fortalecer nuestro sistema migratorio”, y que se alejan de la línea dura que había impulsado Trump en sus cuatro años de gobierno.

Organizaciones de San Diego y Tijuana exigen por su parte que los migrantes que esperan en México la respuesta a su solicitud de asilo puedan aguardar en refugios estadunidenses sin que sean llevados a centros de detenciones.

Piden que el gobierno se cerciore  de que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan asistencia legal en Estados Unidos.

Por Manuel Ocaño

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