El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afronta una tormenta de denuncias de corrupción y peticiones de impeachment (juicio político) en uno de los momentos de menor popularidad por su estrategia contra la pandemia. La trama denunciada incluye sospechas de sobornos en la compra de vacunas contra la covid-19, en una maniobra que salpica a diputados que apoyan al Gobierno
Las acusaciones parten de una Comisión Parlamentaria en el Senado (CPI) brasileño que desde hace dos meses investiga las posibles responsabilidades del presidente en la gestión errática de la pandemia, que ya ha causado más de medio millón de muertos. Las críticas se dispararon el pasado viernes, cuando un diputado del partido de centroderecha Demócratas (aliado del presidente), Luis Miranda, y su hermano Luis Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, apuntaron a Bolsonaro ante la comisión parlamentaria. Los hermanos dijeron que hubo presiones para la compra de la vacuna Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, a pesar de que los contratos presentaban errores que podrían causar pérdidas de millones de dólares para el Ministerio de Salud. La importación de la vacuna india estaba a cargo de la empresa Precisa Medicamentos, que ya es sospechosa de corrupción en otros episodios de compras oficiales de medicamentos.
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Luís Ricardo Miranda es jefe de importación en el Ministerio de Salud y responsable de fiscalizar los contratos. La insistencia de sus jefes de que bendijera el contrato con Covaxin incluyó llamadas de madrugada y durante los fines de semana. Miranda, sin embargo, sintió que algo iba mal, especialmente después del episodio de compra de la vacuna de Pfizer. El Gobierno hizo esperar durante meses a los ejecutivos del laboratorio estadounidense, que habían ofrecido vender su vacuna a precios competitivos a Brasil. Más de 50 correos electrónicos enviados por Pfizer al ministerio quedaron sin respuesta, según contó en mayo pasado Carlos Murillo, responsable de Pfizer en América Latina, ante la comisión. El primer correo de la empresa databa de agosto del año pasado y el contrato con el Gobierno no se cerró hasta marzo de este año.
Las sospechas en torno a la gesión del presidente crecieron después de que los hermanos Miranda contasen que estuvieron con Bolsonaro el 20 de marzo para relatarle que había un intento de desviar dinero en la compra de la vacuna Covaxin. Bolsonaro les aseguró que investigaría el caso y les dijo supuestamente que sabía que aquello era cosa de un diputado de su base parlamentaria, Ricardo Barros, del Partido Progresista, que fue ministro de Salud durante la presidencia de Michel Temer (2016-2018). El diputado Barros está bajo investigación por beneficiar a otra empresa, Global Gestão, socia de Precisa Medicamentos, involucrada en las negociaciones por la vacuna Covaxin.
Desde la semana pasada, Brasil sigue la difusión de las denuncias contra el presidente como si fueran parte de una telenovela. Un día antes de que los hermanos Miranda comparecieran ante la comisión parlamentaria, un ministro de Bolsonaro amenazó con denunciarlos por calumnias. Al día siguiente, los hermanos Miranda mostraron a los parlamentarios copias de documentos que sugerían, por ejemplo, pagos anticipados en relación con la vacuna en un paraíso fisc
Bolsonaro ha tratado de descalificar públicamente las acusaciones, pero ha sentido el golpe a raíz de nuevas sospechas. El martes por la noche, el diario Folha de São Paulo publicó una entrevista con Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante de una distribuidora de vacunas, que estuvo en el ministerio en febrero para ofrecer 400 millones de dosis de Astra Zeneca. Según aseguró, el director de Logística del Ministerio, Roberto Ferreira Días, le pidió un soborno a modo de “peaje”. Ferreira Dias es uno de los jefes que también presionó, presuntamente, a Luis Ricardo Miranda para la compra de Covaxin. El Gobierno no pudo ignorar los hechos y Dias perdió su cargo poco después del reportaje de Folha. Este jueves, Dominguetti Pereira repitió las acusaciones en la comisión parlamentaria sobre la oferta de soborno: un dólar por dosis.
Brasil hace cuentas del número de vidas que podrían haberse salvado si la estrategia ante la pandemia hubiese sido diferente. El Gobierno de Bolsonaro se opuso desde el principio a las recomendaciones de los científicos e insistió en tratamientos no avalados por los estudios, como el uso de cloroquina. Ahora, los brasileños se preguntan si las posiciones radicales del presidente durante la covid no eran una cortina de humo para distraer de otros objetivos. “Al final, no se trataba de negacionismo ni era una cuestión ideológica; se trataba de corrupción”, dijo este miércoles Eliziane Gama, del partido Ciudadanía.
Petición de ‘impeachment’
Bolsonaro, mientras, repite que su Gobierno ha terminado con la corrupción. “No logran alcanzarme. No es con mentira ni con una Comisión integrada por bandidos que me van a quitar de acá”, reaccionó este miércoles el presidente. Pero la presión para que deje el cargo gana aliento. La petición de un impeachment (juicio político) ha sido presentada otra vez en la Cámara de los Diputados. Ya son más de 100 solicitudes contra el presidente, ahora por sospechas de corrupción en la provisión de vacunas contra la covid-19.
La última solicitud lleva firma de una mayoría de partidos de izquierda, pero también tiene la de algunos diputados de derecha que fueron elegidos con votos bolsonaristas. El gran ausente es el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso.
El Gobierno, por ahora, trata de mantener al mercado financiero contento con una propuesta de reforma tributaria enviada al Congreso poco después de lograr apoyo a la privatización de Eletrobras. También ha pagado ayudas de emergencia de tres meses a los más necesitados, entre 30 y 75 dólares mensuales. El problema es que la inflación no para de subir, agravada con una sequía que ha bajado los reservas de agua y ha hecho subir mucho el precio de la energía eléctrica. El empleo tampoco ha reaccionado, como demuestran los datos divulgados este miércoles. Entre febrero y abril, el paro subió un 0,5% y ya son 14,8 millones de brasileños los que están sin trabajo, y otros 33,3 millones en subempleo. Bolsonaro atraviesa el peor momento desde que llegó al poder.
