La Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, formada tras las protestas contra el Gobierno chileno en 2019, confirmó el suicidio de uno de los jóvenes afectados. El fallecido, de 26 años, no se habría recuperado de una depresión tras convertirse en una de las 400 personas que perdieron de forma parcial o total sus ojos, en medio de denuncias de represión desmedida por parte de la fuerza pública.
El suicidio de Patricio Pardo, de 26 años, reaviva las heridas de las protestas antigubernamentales de 2019, en Chile. Las más violentas desde el retorno de la democracia en 1990.
La Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular confirmó que el joven se quitó la vida, después de que “no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado”.
Las autoridades aún no se han pronunciado para establecer si el suicidio está directamente relacionado o no con las consecuencias que Pardo sufrió por las manifestaciones.
Para la Coordinadora, el Estado es el directo responsable. “No nos podemos sentir ajenos a esta desgracia que nos enluta a todos, por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día”, aseguró la asociación que reúne a la mayoría de los 400 manifestantes que resultaron con heridas oculares durante el estallido social.
Figuras políticas del país se sumaron a los reclamos por el fallecimiento de Pardo. La diputada comunista Carmen Hertz sostuvo que “la impunidad hiere el alma de la sociedad y martiriza a sus integrantes”.
Por su parte, la diputada electa Emilia Schneider dijo que “las víctimas de violaciones a los DD. HH. han sido abandonadas por el Estado”.
Y la escritora y Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán subrayó que los “jóvenes merecen vivir en un Chile justo, sin impunidad ni discursos negacionistas”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) consideró que la muerte de Pardo pone de manifiesto la necesidad de ofrecer ayuda psicológica a las decenas de personas afectadas por la violencia desatada durante las movilizaciones.
“Confirma la urgencia de apoyo psicológico y una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas desde el 18 de octubre de 2019”, indicó la organización.
En ese momento el descontento social había detonado por el aumento en el precio de la tarifa del metro, pero la acumulación de otras inconformidades de los ciudadanos se sumó y miles protestaron contra la desigualdad y el modelo económico del país.
Pronto las manifestaciones se extendieron de la capital, Santiago, a otras ciudades y se prolongaron hasta marzo de 2020, tiempo durante el cual los activistas denunciaron excesos de la fuerza pública.
Las víctimas de lesiones oculares en Chile siguen reclamando justicia
Tras esas manifestaciones, los militares, la Policía y los carabineros chilenos quedaron bajo la lupa de varias organizaciones por denuncias violaciones a los derechos humanos.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados luego de recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro impactaron al mundo.
El Ministerio del Interior, por su parte, reprochó los saqueos, incendios, daños a los bienes públicos y enfrentamientos por parte de cientos de activistas.
Pero tras las fuertes críticas por abusos de autoridad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, prometió que cualquier violación a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad sería investigada. En diciembre de 2019, la Policía reconoció responsabilidad en casos de abuso.
El general director de Carabineros chilenos, Mario Rozas, anunció sanciones de carácter disciplinario desde la expulsión del cuerpo policial hasta anotaciones negativas con impacto en la calificación de los carabineros involucrados.
Sin embargo, las víctimas de lesiones oculares siguen reclamando justicia. El pasado julio, decenas de ellas se manifestaron para exigir reparación para todos los que sufrieron lesiones oculares.
En octubre de este 2021, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur señaló que es lamentable que más de dos años después del estallido el Estado chileno no haya reconocido plenamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus propios agentes.
Las protestas antigubernamentales en Chile marcaron la historia del país y aunque a raíz de ellas la Administración Piñera anunció cambios y se impulsó la redacción de una nueva Constitución, una de las principales demandas de los manifestantes, los episodios de violencia siguen en la memoria de los ciudadanos, mientras reclaman por reparación y justicia.
