Las extintas FARC se comprometieron con las víctimas de secuestro para conocer toda la verdad

Fueron tres días que bien pudieron ser más. O quizá lo fueron, pues en la biblioteca Virgilio Barco (occidente de Bogotá), el tiempo pasó lento, muy lento. Tres días en los que las víctimas que sufrieron delitos de secuestro estuvieron frente a frente con el exsecretariado de las extintas FARC, con los siete máximos líderes de la guerrilla que se desmovilizó en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz, en las audiencias del Caso 01 organizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que nació con el Acuerdo.

Y en un ambiente tenso, marcado por el cansancio de las injusticias y del no saber el porqué de estos crímenes, quienes fueron privados de la libertad, y familiares de otros que nunca regresaron, se desahogaron y contaron lo que vivieron, cómo sobrevivieron. Los comparecientes escucharon durante más de 24 horas (en total) y reconocieron uno a uno los hechos para poderse acoger a las sanciones de la justicia transicional —y no la ordinaria— y, de paso, obtener el perdón de Colombia entera.

La imagen de los siete líderes fue simbólicamente fuerte: codos en la mesa, manos a la quijada y la mirada fija en quienes fueron relatando lo vivido. El primer día el sargento César Lasso llevó unas cadenas similares con las que lo tuvieron amarrado en la selva durante ocho años. Y las hizo sonar en el recinto. Después apareció el sargento Raimundo Malagón y con la voz entrecortada narró las torturas sufridas. También lo hizo el policía Olmes Duque, que se quebró al recordar cómo abusaron sexualmente de él.

Si bien no fue el primer encuentro entre víctimas y comparecientes, sí fue el primero en el que hubo reconocimiento por parte de los exguerrilleros. Durante tres días hubo revelaciones de hechos que no se conocían y las voces de las víctimas, cargadas de nobleza, contrastaron con el silencio mortuorio que hubo en el escenario mientras relataban lo que les había sucedido.

“Siento que el perdón me ha sanado el corazón. Y espero que al resto de personas que sufrimos los horrores del secuestro les pase lo mismo. Sé que no es fácil, pero es el camino que nos queda para seguir viviendo”, apuntó Lasso, privado de la libertad entre 1998 y 2012.

“Sabemos que estas humillaciones generaron profundas heridas. No estamos trayendo estos vejámenes para olvidarlos, sino para incorporarlos y que sean parte de nuestra historia, de la historia del horror de la guerra”, añadió Pastor Alape, exlíder de las extintas FARC, luego de que la magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió las audiencias, diera a conocer que el tribunal trabajó durante años para recoger los testimonios de 3.111 víctimas de las 21.396 que sufrieron el secuestro.

Aunque fue un momento sanador, que no hubiera sido posible sin el Acuerdo de Paz, durante los recesos algunas víctimas se mostraron inconformes con las respuestas genéricas de los líderes, respuestas que no sirven para reconstruir los hechos y que, para ellos, se quedan en simples formalismos. “Necesito saber dónde están los restos de mi familiar. Punto. Y nadie da razón, nadie sabe nada, no son claros”, dijo uno de los asistentes que prefirió no ser nombrado.

El mismo Lasso profundizó en el malestar colectivo. “¿Quién dio la orden de los secuestros? ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están sus restos? El reconocimiento que traen ha sido vago”.

La misma magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la audiencia, intervino varias veces para obtener contestaciones claras, diáfanas, pero fue complicado obtenerlas. Mientras lo hacía, Lemaitre explicó cómo el secuestro se convirtió en una herramienta de las extintas FARC para canjear con el Gobierno, para financiarse y para tener control territorial en diferentes zonas del país.

Sigifredo López, el único sobreviviente del secuestro de los diputados del Valle del Cauca en 2002 (suroccidente del país), fue más fuerte con los comparecientes. “Las víctimas la pasan mal mientras ustedes viven sabroso en el Congreso”.

El 11 de abril de 2002, un grupo comando de las FARC secuestró a 12 diputados que se encontraban en la sede de la Asamblea del Valle del Cauca. Cinco años después, la guerrilla comunicó que 11 de los representantes secuestrados murieron a causa del fuego cruzado durante un enfrenamiento con un grupo armado no identificado. Sigifredo López, fue liberado en febrero de 2009.

López, que en su momento fue capturado, pues se le acusó de manera injusta de que había estado detrás de la retención de sus compañeros y que era miembro de las FARC, también dijo que si bien lo principal era hablar de paz, no se podía dejar de lado la reparación económica.

“No lo digo por mí, sino por los cientos de víctimas que vieron sus proyectos de vida alterados por sus crímenes”, les soltó a rajatabla haciendo alusión a un componente que, para él, quedó fuera del Acuerdo. Al final, López elevó el tono: “Ustedes me jodieron la vida”.

En cuanto a Íngrid Betancourt, excandidata presidencial que fue secuestrada durante seis años (2002-2008), procuró ser breve en su intervención. “Para nosotros cada palabra que ustedes dicen es una daga en el corazón. En el caso mío, delante de la justicia, quiero deshacer una narrativa de hace 20 años. Si bien el trato que me dieron a mí fue diferente, es inexacto pintar esto como idílico, porque también sufrimos abuso y maltrato”, le reclamó directamente a Joaquín Gómez, excomandante del Bloque Sur de las extintas FARC.

Luego de escuchar a personas que estuvieron en la selva por años, a hijos e hijas que todavía no saben qué pasó con sus padres, a padres que indagan por el paradero de sus hijos, al menos los restos, y de saber detalles escabrosos, como la alianza de las FARC con bandas criminales de municipios para comprar secuestrados con fines extorsivos, la magistratura de la JEP tendrá ahora tres meses para remitir sus conclusiones al Tribunal de Paz, instancia encargada de determinar la sanción contra los imputados.

Tres días cargados de dolor, de lágrimas, pero también de perdón. Tres días que fueron posibles gracias al Acuerdo, tres días en que las víctimas del secuestro, esperan, sirvan para seguir conociendo la verdad de lo sucedido, la mejor forma de sanar y continuar para adelante, obviamente, sin dejar de recordar.