La oposición denunció que el gobernador fue “secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular”. El líder fue trasladado desde Santa Cruz hasta La Paz, donde fue recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y el principal opositor boliviano, fue detenido este miércoles por órdenes de la Fiscalía, el Gobierno Nacional no tiene capacidad legal , para ordenar el arresto, su papel es dar cumplimiento a la orden impartida por el Ministerio Público, pero a nivel internacional, se pretende señalar que tal medida fue ordenado por el Presidente de la República.
La Gobernación denunció que se trató de un “secuestro ” mientras regresaba a su domicilio. El hecho fue fuertemente condenado por la oposición. Una vez se supo de su detención, decenas de simpatizantes tomaron las calles de Santa Cruz e incluso llegaron hasta el aeropuerto con el fin de evitar que el líder político fuera trasladado a La Paz, es obvio que los partidarios y los núcleos activos de oposición, han encontrado en este tema, un motivo para reiniciar la acciones de desestabilización que hasta hace poco venían desarrollando con cualquier pretexto.
Sin embargo, el Ejecutivo boliviano desestimó las denuncias de la oposición, informó sobre la supuesta legalidad del operativo y traslado a Camacho en un helicóptero hasta La Paz, donde fue ingresado en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)
El Fiscal a cargo explicó que “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que había sido emitida en octubre de este año.
Por el momento se desconocen las consecuencias políticas que este hecho genere en el país andino. No obstante, hay tres posibles escenarios a los que se enfrenta el gobernador de Santa Cruz.
En primer lugar, Camacho podría ser acusado de sedición -un alzamiento colectivo y violento en contra de la autoridad, el orden público o la disciplina militar, en el que subyace la intención de derrocar a los poderes del Estado- y, como consecuencia, quedar detenido por tiempo indefinido.
Para ello, hay una denuncia de la ex diputada Lidia Patty, que data de noviembre del 2020 y en la que se lo acusa de terrorismo tras los hechos relacionados a la crisis del 2019. Estos acontecimientos fueron los que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Esta denuncia fue efectuada contra otros políticos además de Camacho, entre ellos su padre, José Luis Camacho, y la ex presidente interina Jeanine Áñez, quien está detenida desde marzo del 2021. La ex mandataria fue sentenciada este año a 10 años de prisión por la causa conocida como “Golpe de Estado II” en la que la señalan por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes tras situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial. Todos estos hechos derivaron del conocido “Golpe de Estado I”.
En ese sentido, el futuro de Camacho podría resultar similar al de Áñez y la pena que le fue adjudicada, algo que ella misma señaló y condenó esta tarde en su cuenta de Twitter.o
Un segundo escenario, aunque menos probable, sería que el Gobernador firme una admisión pública en la que reconozca los delitos de sedición y terrorismo por los que se lo acusa. Esta posibilidad implicaría dos cuestiones no menores: por un lado, que diera la razón al oficialismo sobre las acusaciones relacionadas a la crisis del 2019, en la que la población alzó su voz contra Morales por cometer fraude en las elecciones; por el otro, que acepte como pena su exilio de Bolivia.
Esto último sería, en pocas palabras, su muerte política definitiva y una señal de victoria para Arce y Evo Morales.
Hay un tercer escenario, sin embargo, que plantea una indefinición sobre su situación procesal y, como consecuencia de ello, se desate una revuelta popular que comience en Santa Cruz, motor económico del país, y se extienda a otras ciudades.
El contexto en Bolivia no dista mucho de este planteo ya que, desde el accionar de las fuerzas policiales esta tarde, Santa Cruz ha quedado envuelta en protestas por parte de los seguidores del Gobernador quienes, en un primer momento hicieron todo lo posible por evitar que se procediera con su detención y traslado fuera del estado, y luego, continuaron expresando su descontento.
El edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fue uno de los focos de estas revueltas, que terminó con su incendio y el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía local para dispersar a la multitud
El incendio en el edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, hasta el momento no hay detenidos, siendo conocidos los promotores, se tiene por entendido que no habrán sanciones como corresponden cuando se han coemtido delitos. En el Perú hay más de 30 muertos por las acciones represivas de la policía con el apoyo de las FF.AA, para reestablecer la tranquilidad y poner coto al vandalismo, pero en Bolivia, se ve difícil que ello ocurra, por los privilegios y la superioridad racial y económica de estos sectores, ubicados en la zona mejor desarrollada de Bolivia, el departamento de Santa Cruz
Horas antes, los grupos de choque habían bloqueado las carreteras y avenidas de Santa Cruz y hasta llamaron a una “vigilia” en el domicilio del presidente del Comité Cívico de la región, Rómulo Calvo, a quien advirtieron que Arce también quiere “secuestrar” tras su activa participación durante las protestas de este año en el marco de la solicitud por el Censo de población.
La oposición tendrá un motivo, para rearticularse a nivel nacional, y reiniciar acciones de desestabilización contra el gobierno central, generando enfrentamientos hasta lograr el quiebre institucional.
Estos sectores se encuentran relegados del manejo del gobierno por más de 20 años, ya que en ese tiempo, el partido de gobierno ha venido ganando las elecciones, esto genera un clima de desesperación, añoran los viejos tiempos donde eran los protagonistas de las decisiones gubernamentales , lo fueron por décadas y siempre de espaldas a las mayorías de los bolivianas.