ROSARITO, México — Alex Murillo tiene una vida plena en la ciudad mexicana de Rosarito, a 40 minutos en auto de la frontera con Estados Unidos, cerca de Tijuana. De día, trabaja en un centro telefónico, desde donde habla con un tono alegre y atento a los jubilados de todo Estados Unidos sobre su seguro de Medicare. Después del trabajo, mete tacos, banderas y otros objetos en una mochila de gimnasio y se dirige a entrenar a un equipo de fútbol americano juvenil cuyos jugadores le atribuyen el mérito de haberles enseñado este deporte estadounidense.

Pero Murillo, de 43 años, no desea quedarse en Rosarito, donde vive desde hace casi una década. De hecho, siente que no pertenece a México, un país del que se fue cuando era un niño.

Para él, su hogar está en Phoenix, Arizona, donde creció, se alistó en la Marina, tuvo cuatro hijos… y más tarde se metió en problemas. Fue deportado dos días antes de la Navidad de 2011, tras cumplir una condena por transportar cientos de kilos de marihuana.

Murillo es uno de los cientos de veteranos militares inmigrantes que se han enfrentado a la expulsión de por vida a sus países de nacimiento por haber cometido delitos, a veces menores, después de su servicio militar.

“Siempre he esperado el día en que pueda volver”, comentó Murillo, que llevaba, como muchos días, una sudadera con capucha de los Cardenales de Arizona. “Todo lo que hago aquí es positivo, pero quiero estar en casa con mi familia”.

Tiene la esperanza de que la espera esté a punto de terminar.

El gobierno de Biden dijo este mes que comenzará a permitir que los veteranos nacidos en el extranjero que fueron deportados regresen a Estados Unidos y se les ayudará a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

“Nos comprometemos con traer de vuelta a los miembros del servicio militar, a los veteranos y a sus familiares directos que fueron expulsados de manera injusta y a garantizar que reciban los beneficios a los que pueden tener derecho”, comentó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

El anuncio fue trascendental para los veteranos que han estado exiliados de Estados Unidos, a menudo durante más de una década.

Robert Vivar, codirector del Centro Unificado de Recursos para Veteranos Deportados de Estados Unidos en Tijuana, calcula que hay al menos mil militares deportados que viven en casi 40 países. En los últimos años se ha permitido el regreso de unas dos decenas de ellos, en particular los que han cometido los delitos menos graves como posesión de armas de fuego o conducción bajo los efectos del alcohol. Los indultos de los gobernadores han abierto el camino para algunas repatriaciones, aunque pueden tardar años.

Sin embargo, decidir quién puede ser readmitido podría ser complicado: algunos de los veteranos cometieron delitos graves como violencia doméstica, agresiones sexuales y, en el caso de Murillo, infracciones graves en materia de drogas, y no está claro que todos puedan regresar.

“¿Cómo van a determinar quién fue ‘deportado de manera injusta’?”, preguntó Héctor Barajas, de 44 años, un exparacaidista condecorado del Ejército estadounidense que fue condenado por disparar a un auto en 2002, quien regresó en 2018 tras un indulto del exgobernador de California Jerry Brown.

Lo cierto es que el Departamento de Asuntos de los Veteranos y otras agencias se encargarán de asistir a un grupo de personas que muy probablemente requerirán una serie de servicios mientras se esfuerzan por reconstruir sus vidas.

Separados de sus familias, a menudo han visto cómo sus vidas se deshacían aún más en los países que habían dejado hace tiempo. Sus cónyuges los han abandonado; sus hijos se han convertido en personas problemáticas

“No es que ahora estemos en casa, tengamos un trabajo y hayamos recuperado a nuestras familias”, comentó Barajas, cuyo activismo llamó por primera vez la atención sobre la difícil situación de los veteranos deportados.

Ahora que es ciudadano estadounidense, Barajas ha luchado contra la depresión y la diabetes. Ha sido difícil conectar con su hija, de 16 años, tras su prolongada ausencia.

“Van a tener dificultades para integrarse”, dijo Rudy Melson, presidente de Consultants for America’s Veterans, una organización que ayuda a los veteranos que viven en el extranjero. “Tendremos que crear recursos, reglas y programas. Se lo debemos a estos hombres y mujeres que echamos a patadas para que vuelvan a estar completos”.

Cientos de miles de inmigrantes han luchado en importantes conflictos desde la Guerra de Independencia. Al servir honorablemente en el Ejército durante un año, o incluso por un solo día durante la guerra, tienen derecho según la ley a una naturalización expedita. Pero eso no suele suceder.

Algunos nunca se postulan, creyendo en los reclutadores que les dijeron que alistarse les conferiría automáticamente la ciudadanía. Presentar el papeleo mientras se está desplegado en el extranjero, especialmente en zonas de guerra, es un desafío. Algunas aplicaciones enviadas por correo desde las bases se han extraviado.

Muchos veteranos dijeron que no se dieron cuenta de que podían ser deportados hasta que se presentó un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al final de su condena. Muchos se sienten agraviados por el hecho de que, tras cumplir su pena, se enfrentan a un castigo adicional

“El país por el que estabas dispuesto a morir te echó como una basura”, opinó Héctor López, de 57 años, veterano del Ejército estadounidense, que fue deportado en 2006 y ahora ayuda a dirigir el centro de recursos para deportados en Tijuana.

Sin embargo, los detractores de las readmisiones generales dicen que cualquier no ciudadano que cometa un delito grave se enfrenta a una posible deportación. “Así es como funciona la ley”, dijo el representante Andy Biggs, republicano de Arizona, en una audiencia de 2019 sobre veteranos deportados. “Nadie puede ser una excepción”.

Los cambios en la ley de inmigración en 1996 hicieron que todos los titulares de tarjetas verdes fueran más vulnerables a la deportación al reclasificar algunos delitos de menor nivel como “delitos graves” para los cuales la expulsión es una medida obligatoria. Los delitos de drogas, el robo y el fraude fiscal se convirtieron en motivos de expulsión permanente, sin tener en cuenta el servicio militar.

Gonzalo Fuentes, quien llegó a Estados Unidos a los 3 años y sirvió en el Ejército durante la Operación Tormenta del Desierto, fue deportado en 1999 por transportar una carga de 26 kilos de marihuana a Luisiana desde Texas.

“Solo transporté marihuana una vez”, dijo Fuentes, de 54 años. “Es todo lo que se necesitó para complicar mi situación”.

Desesperado por regresar, cruzó la frontera de manera ilegal. Vivió y trabajó en Corpus Christi, Texas, hasta que fue deportado nuevamente en 2009, luego de que lo detuvieran por tener una luz trasera rota. Esa acción agregó otro delito a su historial.

Actualmente vive en Cancún, donde trabaja vendiendo paquetes vacacionales a estadounidenses y canadienses. Pero anhela estar con sus padres, que no están lo suficientemente saludables como para viajar. “Todo lo que quiero es una segunda oportunidad”, comenta. El nuevo compromiso de la administración Biden, dijo, “es mi última esperanza”.

Murillo dijo que nunca se había considerado como alguien que no fuera estadounidense.

“Crecí como un niño estadounidense normal”, dijo. “Jugaba béisbol, baloncesto y fútbol”.

Se alistó en la Marina tras salir de la preparatoria en 1996. En ese momento, sus padres estaban solicitando la ciudadanía, y él podría haberse sumado a su solicitud.

“Mamá, no te gastes el dinero en eso”, dice su madre, Leticia Bernal, que le dijo. “Me van a dar la nacionalidad en la Marina”.

Murillo fue desplegado a Oriente Medio en el portaviones USS George Washington como mecánico de aviación. En una base de Florida, en 1998, fue sorprendido consumiendo marihuana y finalmente fue dado de baja por mala conducta.

Regresó a Phoenix con un matrimonio roto y asegura que, a partir de ese momento, su vida cayó en espiral. Siguió con las drogas, perdió su trabajo instalando antenas parabólicas y se retrasó en el pago de la manutención de sus hijos tras divorciarse.

En abril de 2009, aceptó llevar un enorme cargamento de marihuana a San Luis por 10.000 dólares, pero un agente de la policía de tráfico lo atrapó.

Recibió una condena de 37 meses de prisión y, tras su liberación en diciembre de 2011, lo subieron a un autobús hacia México.

En Rosarito se convirtió en un devoto defensor de los veteranos deportados, creando conciencia sobre su situación llamando a miembros del Congreso y creando videos para el público. Su nombre se sumó al de los deportados que están pintados en el muro fronterizo de Tijuana.

De regreso en Arizona, sus hijos terminaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Unos años después, sus dos hijos comenzaron a abusar del fentanilo y a vivir en las calles, hasta que Murillo se los llevó a Rosarito, donde ayudó a que se encaminaran.

“Son más fuertes cuando están cerca de Alex”, dijo su madre, la señora Bernal.

En una noche reciente, después de la práctica de fútbol, sus compañeros entrenadores dijeron que lo extrañarían si regresaba a Estados Unidos, pero también dijeron que se lo merecía.

“Estaremos muy felices cuando el entrenador se regrese, ya ha pagado sus deudas”, dijo

Gil Rodríguez, uno de sus colegas.

Murillo dijo que solo quiere regresar adonde siente que pertenece.

“Crecí viendo Scooby Doo, Andy Griffith, Yo amo a Lucy y El precio es correcto, Oprah, el béisbol… y todas las cosas estadounidenses”, dijo. “Todo lo que soy es estadounidense”.