Este incidente muestra que Chile no tiene ni quiere tener una alternativa seria al tema migratorio, salvo, como acaba de hacer en este caso, convertir su problema interno en un problema de los peruanos. La conclusión de este incidente no puede ser más desalentadora: Chile no sabe cómo solucionar este problema y me temo que el Perú tampoco.  Ninguno de los dos países acepta que el tema de la migración es regional y que la solución, por lo tanto, es colectiva.

La crisis migratoria que hoy vive el Perú se inició en la década pasada con la llegada, primero, de colombianos que huían de una guerra y una violencia que tenía décadas en ese país. A lo que se sumó, también en la década pasada, la migración venezolana que fue creciendo exponencialmente. En el año 2016 el número de venezolanos registrados no superaba los cuatro mil, hoy, luego de siete años, hay algo más de un millón doscientos mil.

El Perú no es ajeno a este proceso migratorio que es regional y mundial. Hoy, según cifras oficiales del INEI, tres millones trescientos mil peruanas y peruanos viven en el extranjero. Es decir, un poco más del 10% de nuestra población. Este porcentaje nos convierte en un país de alta migración. En el caso de Chile, según cifras oficiales el porcentaje de nacionales que viven fuera de su país es de 3,3%, casi tres veces menos si lo comparamos con el nuestro.

Un factor que aceleró y agravó esta crisis migratoria fue la equivocada, y fracasada, política de la administración norteamericana, del gobierno de PPK y de varios países de la región frente al proceso político venezolano. La diplomacia peruana, en esos años, se convirtió en uno de los más importantes operadores políticos de la diplomacia norteamericana interesada, como hasta ahora, en terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y si bien esta política acabó siendo un fracaso total, abrió las puertas al éxodo venezolano sin ninguna estrategia para enfrentar ese problema en el futuro.

En el ámbito político se creó el llamado Grupo de Lima que se convirtió en el brazo diplomático de la administración norteamericana contra el proceso venezolano. Más allá de la postura que se tenga frente a este proceso, el llamado Grupo de Lima y los EEUU promovieron sanciones políticas y económicas y hasta impusieron una presidencia paralela a la realmente existente en Venezuela. El resultado de todo ello, junto con los graves errores internos, tanto del gobierno como de la oposición, fue una grave crisis económica, la polarización política y la aceleración de la emigración en ese país. El exilio venezolano alcanza hoy la cifra de algo más de siete millones de personas, seis de las cuales viven en países de América Latina. A esas políticas se sumaron acuerdos internacionales, como la llamada Declaración de Quito en 2018, avalados por el Perú e impulsados por los EEUU, que legitimaban y legalizaban el exilio venezolano. Fueron los tiempos en nuestro país del “perrito faldero que mueve la cola”.   De ahí en adelante, salvo pocas excepciones, hemos vivido, como se dice, en la oscuridad en materia de política exterior.

Un problema adicional es que no existen actualmente organismos multilaterales activos como tampoco voluntades políticas interesadas en encontrar soluciones a este problema. Como no hay UNASUR, por el momento, ni Alianza del Pacífico, la CAN está paralizada, la CELAC demora en reactivarse, y, además, países como Ecuador y Bolivia están viviendo una crisis política y económica significativa, no hay espacios subregionales o regionales ni instituciones multilaterales, donde se pueda negociar y encontrar una salida colectiva (o multilateral) a esta crisis.

Si bien existen mecanismos, como también acuerdos internacionales, algunos de ellos firmados por los países andinos, éstos no están siendo utilizados adecuadamente. En ese sentido, el problema migratorio no es solo humanitario es también político, y se ha convertido en un tema regional que hoy amenaza la seguridad y la unidad de América del Sur.

Por último, hay que señalar que, mientras los Presidentes López Obrador y Petro prioricen una política intervencionista al insistir en que vuelva Castillo al gobierno pese a ser un golpista, y el presidente Boric nos siga criticando con el tema de los DDHH y al mismo tiempo promoviendo el ingreso irregular de migrantes al Perú, y a la vez estos mandatarios sigan sin decir nada (o muy poco) sobre la crisis migratoria que existe en los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y  se puede incluir Argentina), no tendremos una salida a este problema en el corto plazo.

En este contexto el gobierno de Dina Boluarte tendría que enfrentar políticamente estos problemas externos porque se gana muy poco creyendo que el Perú preside la Alianza del Pacífico cuando esa presidencia no la reconoce la mayoría de sus miembros. La diplomacia no se practica creando “realidades paralelas”; tampoco con actos diplomáticos a los que asisten expresidentes y ex cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico que poco o nada pueden hacer para superar esta crisis. Se requiere, por tanto, salidas realistas y al mismo tiempo políticas, que tengan como uno de sus objetivos principales enfrentar el tema migratorio.

Nos debe quedar claro que, si no encontramos una solución en el corto plazo, lo más probable es que esta crisis se profundice creando focos de tensión en las fronteras con nuestros vecinos. Y ello no solamente afectará nuestra vecindad, también distanciará a los países de la región, impidiendo la integración; asimismo alentará a los grupos de ultraderecha a proponer soluciones autoritarias frente al tema de la migración y la inseguridad ciudadana. La idea de que basta con expulsar a los “extranjeros”, es decir promover la xenofobia, o que lo que necesitamos es tener un “Bukele” (presidente salvadoreño) para terminar con la crisis de seguridad, que hay que militarizar las fronteras, o, restaurar la pena de muerte, solo nos conduce a alimentar salidas autoritarias con incrustaciones fascistoides.

Por eso uno tiene la impresión que actitudes como la reiterada crítica de Petro al gobierno peruano (se puede incluir también la de los presidentes de Chile y México) no se debe solo a que considere(n) que este gobierno es derecha o que haya violado la Carta Democrática Interamericana, sino que se relaciona también con el silencio que mantiene(n) sobre la crisis migratoria, lo que expresa a su vez un desconocimiento de la responsabilidad de su país en este problema. Es parecido al “presente griego” que nos acaba de “regalar” Chile al facilitar el ingreso de grandes contingentes de migrantes al país, que es otra manera de decir “ese no es mi problema”.

Señalo estos errores y posibilidades porque la forma en que los países abordan la crisis migratoria nos mostrará el estado de la integración tanto subregional y regional como también de la democracia.

Por eso, no jugarse por la integración es condenar a nuestros países a democracias precarias, a que sigamos separados y por lo tanto a la marginalidad internacional en estos momentos de transición geopolítica a nivel mundial. En este marco es bueno recordar las palabras del desaparecido diplomático y ex canciller Carlos García-Bedoya, cuando planteaba la necesidad de un “nacionalismo latinoamericano”, convencido de “que la forma suprema de integración y que constituye la culminación del proceso integratorio, es la integración política”.

Fuente: La otra Mirada