La democracia es un entramado de relaciones de poder donde los pueblos tienen la primacía, por lo que su signo distintivo es el diálogo de todos y todas. En ese sentido, su plenitud es una aspiración ideal. Lo que realmente tenemos es una democracia incipiente y en riesgo de retroceder por la falta de compromiso democrático de los actores políticos elegidos. Este riesgo afecta principalmente a los más pobres, pues son los que menos recursos tienen frente a abusos de poder que pueden producirse cuándo falla el sistema de pesos y contrapesos. Asimismo, este riesgo se agrava dado un sistema político con normas constitucionales mal diseñadas, con elecciones de congresistas y plancha presidencial en períodos rígidos de 5 años, por lo que nuestros pueblos carecen de vías para dirimir conflictos de poder entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En ese contexto, mientras mantengamos la actual Constitución, el resguardo ante abusos de poder de cualquier signo pasa por, de un lado, que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo acuerden medidas conjuntas en contra de la gente, y de otro, que se mantenga la independencia de los otros poderes estatales, especialmente los que impactan en las libertades personales, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por eso, situaciones como las que venimos espectando en los meses, años y décadas recientes, donde fiscales acusan y jueces condenan a actores políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, son pilares para la construcción de una democracia efectiva, en la que los abusos de poder estén contenidos, como ya ocurre ahora, y donde los pueblos puedan tener canales efectivos de poder sobre sus elegidos para las tareas de gobierno. Mientras conseguimos que esto último se plasme en una futura Constitución, nos corresponde valorar y eventualmente defender la independencia de jueces y fiscales. Recordando que ella es externa, respecto de otros poderes, e interna, respecto de sus propias administraciones. Por eso es muy importante castigar organizaciones criminales de infestación de la magistratura, como lo fueron los “hermanitos Cuellos Blancos del Puerto”, algunos de cuyos integrantes pugnan por detener los procesos en su contra. Igualmente es importante mantener una atenta vigilancia de la magistratura en los distintos distritos judiciales, pues las organizaciones criminales tienen lógicos intereses en corromperla.
También es necesario ejercer vigilancia ciudadana sobre la principal entidad capaz de ejercer fuerza física respecto de los ciudadanos y ciudadanas: la Policía Nacional. De manera que su fuerza legal no pueda ser usada para beneficio de los elegidos contra sus electores. En ese marco, hemos de mantenernos vigilantes ante el procedimiento disciplinario que se instaure a partir de la denuncia que un abogado del presidente de la República ha hecho contra el coronel PNP Harvey Colchado, por su actuación como apoyo del Ministerio Público en la investigación por los delitos de colusión y lavado de activos mediante una organización criminal en la que participaría la cuñada del presidente Castillo. El uso del poder político conferido para el servicio a la ciudadanía, para afectar derechos legales de un efectivo policial que cumple un deber funcional de investigar el uso ilícito de dicho poder, es algo que hemos de rechazar tajantemente. Al hacerlo, aportamos a cuidar parte de lo que sí funciona en nuestra incipiente democracia.
Pier Paolo Marzo R.
