Las reformas no solo son leyes o presupuesto público. También se sostienen en el trabajo de los funcionarios que están a cargo de su implementación.

Desde el 2014, la Reforma Universitaria ha estado bajo el ataque de grupos interesados en evitar (o debilitar) la regulación del Estado y la supervisión de la calidad del sistema que se estableció en la Ley Nº 30220.

Lo que se ha visto en los últimos meses es una agresiva campaña de desinformación (y en algunos casos, de difamación) que los operadores de estos grupos contrarreforma han ejecutado para criticar a los funcionarios de la SUNEDU y del Ministerio de Educación (MINEDU), con respecto a los resultados del proceso. Lo que estos grupos pretenden es aprobar proyectos de ley en el Congreso de la República que debiliten el rol del Estado como garante de la calidad universitaria y retroceder en los avances alcanzados.

En medio de la campaña de desinformación, es muy importante conocer la historia detrás del licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), que ha sido la primera universidad que logra licenciarse luego de una primera denegatoria. Conocer el caso de la UNICA permite comprender mejor los procesos y el rol del Estado en la reforma.

Un primer punto es que la UNICA fue la primera universidad pública con licencia denegada en octubre de 2019, con más de 16,000 estudiantes. Si bien el resultado final del proceso de licenciamiento nos dice que, de las 51 universidades con licencia denegada, 48 eran privadas y solo 3 eran públicas, la denegatoria de la UNICA implicó un momento muy crítico para la reforma, sobre todo por el impacto social que tuvo la noticia no solo para la región Ica, sino también para las regiones de Huancavelica y Ayacucho, de donde provienen muchos de los jóvenes que postulaban todos los años a la universidad iqueña.

De los 44 indicadores evaluados el 2019, la UNICA no cumplía con 35, relacionados específicamente con docentes, infraestructura, investigación y servicios básicos. Este primer fracaso fue el resultado de muchos años de abandono y de problemas en la gestión originados por el conflicto de los grupos de docentes que se disputaban el control de la universidad, y que llevaron a la UNICA a una situación de ingobernabilidad.

Para octubre de 2019, el Estado había establecido un plan de emergencia (a través del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU) en caso se le denegara el licenciamiento a una universidad pública. El MINEDU sería el responsable de monitorear y brindar acompañamiento técnico a las autoridades universitarias para la ejecución del plan y el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que exigía la SUNEDU.

Aquí un detalle importante: todas las universidades públicas y privadas con licencia denegada pueden volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Pero en el caso de las universidades públicas, el Plan de Emergencia constituye una hoja de ruta del Estado para lograr el cumplimiento de las CBC. En el caso de las universidades privadas, estas pueden establecer la hoja de ruta que consideren sus dueños o promotores, en el marco de su autonomía.

Pero el rol del MINEDU como ente rector no era el de solo brindar acompañamiento técnico a la universidad. Se modificó la Ley Universitaria para que, en caso de que las autoridades no cumplieran con el plan de emergencia, el MINEDU pudiera cesar a todas las autoridades y designar una comisión reorganizadora que se hiciera cargo de alcanzar el licenciamiento de la universidad pública ante la SUNEDU. Esto último se justifica en la medida que se busca proteger el interés superior de los estudiantes y su derecho a acceder a una universidad que cumpla condiciones de calidad.

En el caso del plan de emergencia de la UNICA, se establecieron 5 hitos y 250 actividades que debían cumplir un modelo de licenciamiento más exigente, conocido como el modelo 1.5. La situación que se tenía que revertir en la universidad no era sencilla. Su estatuto no se adecuaba a la Ley Universitaria, tenían graves problemas en su infraestructura (algunas filiales habían quedado dañadas desde el terremoto del 2007), varios laboratorios no contaban con equipamiento, y los planes de estudios debían ser actualizados.

Revertir ese panorama requirió la participación de la comunidad universitaria: los docentes, administrativos, autoridades y estudiantes trabajaron con mucho esfuerzo y dedicaron largas jornadas de trabajo a sacar adelante el plan de emergencia durante casi 18 meses. Se debe resaltar que los grupos políticos de la UNICA que antes se habían enfrentado y habían promovido la ingobernabilidad de la universidad hasta el 2019, dejaron de lado sus diferencias y, salvo algunas excepciones, decidieron remar juntos hacia el objetivo del licenciamiento.  Es importante recordar que los docentes y estudiantes participan en los órganos de gobierno de las universidades públicas, por lo que también debían aprobar los cambios que se iban dando en el marco del plan.

Por su parte, el MINEDU designó a un equipo técnico de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU). El equipo era multidisciplinario y contaba con profesionales especialistas en planificación, gestión pública, pedagogía, presupuesto, inversión pública e investigación. Se trataba de funcionarios que tenían la responsabilidad de brindarle asistencia técnica a las autoridades y funcionarios de la UNICA, teniendo muy claro que era la misma universidad la responsable de la ejecución del plan de emergencia, en el marco de su autonomía. Cabe señalar que las universidades públicas son pliegos presupuestales autónomos, por lo que son responsables de la planificación y ejecución de su presupuesto.

Finalmente, la SUNEDU admitió el nuevo expediente de licenciamiento en julio de 2021. El proceso de evaluación duró seis meses y ha sido bastante riguroso. Y aquí es importante evidenciar que, si bien el MINEDU como ente rector ha brindado asistencia técnica a la UNICA, la SUNEDU ha verificado de manera técnica y transparente que la universidad cumpla con las CBC bajo el nuevo modelo 1.5. Eso se puede verificar en el Informe Técnico de Licenciamiento.

El caso de la UNICA y el logro de su licenciamiento evidencia lo que se puede alcanzar con una comunidad universitaria comprometida y un MINEDU acompañando técnicamente el proceso, respetando su autonomía pero velando por el interés superior del estudiante.

Ahora, el licenciamiento que se ha logrado no es sinónimo de excelencia. Si bien los resultados obtenidos en Ica y en todo el sistema universitario son evidentes, la reforma universitaria recién empieza. Lo que se necesita es mirar hacia adelante y replantear los objetivos y retos del proceso, siendo más ambiciosos en calidad e investigación, logrando que nuestras universidades públicas y privadas contribuyan al desarrollo del país y al futuro de nuestros jóvenes.

Fuente: Jugo de caigua