El especialista en derecho penal y derechos humanos, Mario Escriba Tineo, mencionó que la iniciativa legislativa presentada por el congresista Jorge Morante de Fuerza Popular, significa un grave problema para el sistema de justicia y la lucha contra la corrupción.
La extinción de dominio es consecuencia de un proceso autónomo cuyo fin es hacer que el Estado sea titular de bienes patrimoniales obtenidos de las actividades ilícitas (corrupción, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, entre otras), es decir es una herramienta que busca prevenir y perseguir la delincuencia organizada. Y de acuerdo a la Procuraduría General del Estado, durante los cuatro años de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio se han dictado 616 sentencias judiciales fundadas, obteniendo un total de 60, 011 817.20 millones de dólares que han sido recuperados en favor del Estado.
Sin embargo, este miércoles, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la declaratoria del Estado de Emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, el Congreso puso en agenda el Proyecto de ley N°3577/2022-CR, presentado por la bancada de Fuerza Popular, la cual pretende realizan diversas modificatorias negativas a la Ley de Extinción de Dominio (LED).
Ante ello, Mario Escriba, mencionó que actos como este generan impunidad. Además, mencionó que la Especialidad de Extensión de Dominio, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica mostraron su rechazo ante esta iniciativa ya que, en su originalidad, para efectuar la pérdida o extinción de dominio (bienes muebles e inmuebles) no es necesaria una sentencia. “Como van las cosas, pareciera que se puede aprobar esta norma generando un grave perjuicio a la lucha contra la corrupción y al crimen organizado en el país”, manifestó.
“Es una situación sumamente grave, porque el Estado en estos cortos cuatro años, ha logrado extinguir múltiples bienes para evitar que esos recursos ilegalmente obtenidos puedan seguir siendo usados. Ahora, esta propuesta está restringida a que solo se pueda extinguir un bien cuando haya sentencia en el proceso penal, ya no va ser posible abarcar otros procesos”, manifestó a la emisora radial, Estación Wari.
Asimismo, refirió que dos de los graves problemas que enfrenta el país son la corrupción y el narcotráfico; por lo que con la iniciativa legislativa pretende beneficiar a estos sectores, principalmente.
“Justamente en este país lo que más rentabilidad ocasiona a los criminales es la corrupción y el narcotráfico. Parece que para algún sector de estas personas que hoy han visto extinguirse sus bienes y, probablemente aún mantienen escondidos otros bienes, no quieren que se les toque y eso no es posible” añadió.
“Es una suma más para favorecer a las personas que cometen delitos, sobre todo, delitos de alta peligrosidad y gravedad. Está solo para favorecer a alguien y ese alguien es una persona investigada por delitos graves”, concluyó Escriba.
Fuente: Noticias: SER.PE
