Según el índice de Reporteros sin fronteras, que mide el estado de la libertad de expresión en 180 países del mundo, Perú ha descendido hasta el puesto 125, lo que implica un descenso de 48 lugares, peor que Ecuador. Es decir, se evidencian las prácticas de acoso a periodistas por un lado y las barreras a la difusión de información por parte de periodistas independientes.
Por su parte, el reporte de derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de Estados Unidos, advierte que hay “reportes creíbles respecto al Perú de asesinatos ilegales o arbitrarios de la fuerza de seguridad tortura o trato o castigos crueles inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, restricciones serias a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluyendo violencia o amenaza de violencia contra periodistas, seria corrupción gubernamental y extendida violencia de género incluyendo violencia doméstica, violencia sexual y feminicidio.”
Este descenso en la medición internacional de derechos de las personas, está teniendo como correlato el descenso en la calificación de riesgo económico de entidades de medición internacional como Fitch y Standard & Poor’s. Esta última indica una baja al nivel BBB -, que pone a Perú cerca de perder el grado de inversión, que conlleva, como se indicó en la columna de la semana pasada, que “Perú se vuelve un país cada vez más inseguro para cualquier inversionista”, con el consiguiente aumento de la tasa de interés para los préstamos y, en consecuencia, el encarecimiento del capital necesario para cualquier actividad productiva.
Estas mediciones internacionales tienen como correlato un aumento del sueldo de congresistas en S/3283 mensuales, vía la figura “asignación por función congresal” y la disposición de 15 millones de soles para la mejora de los baños de los congresistas, con la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que además decidió transferir 100 millones de soles para la construcción de un estadio en Ayacucho luego de que el gobernador regional de dicho departamento le entregase un reloj y una pulsera a Dina Boluarte. La venalidad y desprecio por la ciudadanía que expresan estas acciones de la mayoría congresal y el gobierno por ella sostenido, están ocasionando un deterioro de la calidad de los servicios y acciones en todos los sectores: Ambiente, Agricultura, Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, entre otros, para perjuicio de todas las personas en Perú. A lo que se suma la captura de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, así como los intentos de toma por asalto de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, con el objetivo de perpetuar el saqueo del Estado.
Para detener esto se requiere acortar el período congresal y del gobierno nacional a 4 años, de modo que en el 2025 tengamos elecciones que nos den una nueva composición del Congreso y del Poder Ejecutivo. Las personas electas tendrán que impulsar un nuevo orden constitucional, orientado a la justicia social con participación ciudadana. Esto requiere una amplia movilización ciudadana en ese sentido, que a su vez exige extender la conciencia ciudadana acerca del poder de la gente para despedir a los actuales destructores de nuestro país e impulsar ese nuevo orden necesario.
Y a pesar de lo que superficialmente pareciera, están apareciendo espacios que pueden ampliar esa conciencia ciudadana. Tuve la gracia de participar en dos de ellos este fin de semana en Huánuco: una nueva organización de promotores de liderazgo entre jóvenes, formada principalmente por bachilleres en Psicología y en el “Foro Huánuco 2024: Perspectivas de Desarrollo en Tiempo de Crisis”, en conmemoración de los 36 años de la radio Studio 5. Puede accederse a las informaciones y reflexiones que se compartieron en la página de Facebook de dicha emisora. Además, conocí a una de las impulsoras de conciencia ambiental que, entre otras acciones, contribuye a la movilización por la derogatoria de la ley anti forestal. Así, puedo dar fe de que ese 90% de personas que rechaza el actual régimen congresal y a su Ejecutivo, cada vez tiene más ciudadanas y ciudadanos con ánimo de actuar para reemplazar la degradación estatal por un nuevo orden institucional.
