Alberto Otárola intentó justificar disparos a los manifestantes en Ayacucho alegando que “militares salieron desprolijos”

En diciembre del 2022; al menos una decena de regiones anunciaron marchas en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tras asegurar, al momento de su toma de juramento, que se mantendría hasta el 2026 en vez de convocar a elecciones generales. Ayacucho no fue la excepción a la convocatoria, y el 15 de diciembre de ese año ciudadanos peruanos se aprestaron a las calles a exigir la salida de la mandataria. Ante la multitudinaria presencia de la ciudadanía, el Estado convocó al Ejército a las calles en una orden que dio como resultado un total de 15 personas asesinadas.

Infobae Perú accedió al documento de formalización de Investigación Preparatoria de las víctimas de Ayacucho; en donde el Ministerio Público recoge una declaración clave de aquel día que no solo deja claro que el Estado peruano estaba al tanto de las medidas que se estaban tomando; sino que también detallan la manera en la que los jefes de las instituciones políticamente responsables actuaron pese a estar en conocimiento de que se estaban cometiendo abusos.

Entre los responsables políticos, se pudo esclarecer la injerencia del excomandante General de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre; pero también del Ministro de Defensa de entonces, Alberto Otárola; quien posteriormente pasó a acompañar a la jefa de Estado durante más de un año como primer ministro.

Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al lado de la presidenta Dina Boluarte en un acto militar.

La declaración testimonial, crucial para identificar la cadena de mando, es de ni más ni menos que la exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar; quien reveló ante la Fiscalía de la Nación hora por hora, los hechos y las alertas que ella, desde su Institución; emitió hacia ambos personajes. Pese a estas alertas, tanto Otárola como Gómez de la Torre prefirieron excusarse, dejando clara la intención de desatender los pedidos de cese al fuego, según lo advertido por el Ministerio Público.

Aquel día las protestas habían empezado desde muy temprano, sin embargo, al promediar las 4:00 p.m. ya se habían registrado grupos de manifestantes a las afueras del Aeropuerto Alfredo Mendivil; lo que generó el despliegue del Ejército en la pista de aterrizaje de dicho lugar. La incursión de las Fuerzas Armadas no se hizo esperar y el reporte de peruanos asesinados empezó a colmar los medios de comunicación.

Para formalización de denuncia contra Manuel Gómez la Torre, fiscalía rescató declaraciones de Eliana Revollar, en las que detalla cómo Alberto Otárola justificó asesinato de civiles en Ayacucho. Infobae Perú.

En sus declaraciones para el Ministerio Público, Revollar detalló que con el anuncio del primer ciudadano asesinado en Ayacucho, recibió la comunicación del defensor de dicha región, pues habían advertido el sobrevuelo de aviones del Ejército. En dicha declaración, el defensor Gustavo David Pacheco Villar advierte a Revollar que se “había comunicado con el gobernador, para que pueda mediar ante la PCM y cese la situación”.

Lo que deja claro que, desde un inicio, Wilfredo Oscorima también estaba al tanto de los asesinatos. Este funcionario, hasta la fecha, ha pasado desapercibido en las investigaciones por las muertes, pero con esta declaración también se da a entender que tenía conocimiento.

Ante la falta de atención a los pedidos de Pacheco Villar, la exdefensora pidió comunicarse telefónicamente con el entonces Ministro de Defensa, Alberto Otárola y con el Comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre; a fin de disuadirlo de las acciones que se estaban tomando.

Media hora después, al promediar las 5:47 p.m. Otárola ya estaba comunicándose con Revollar por medio de una llamada que resumiría la posición que el Ejecutivo mantendría durante todo el periodo de manifestaciones y hasta la fecha en las investigaciones contra todos los responsables políticos: que existían enfrentamientos con “una multitud de personas”.

Defensoría del Pueblo denunció que bombas lacrimógenas y armas de fuego eran disparadas desde helicópteros de las Fuerzas Armadas ante falta de comunicación con Alberto Otárola y Manuel Gómez de la Torre. X / Defensoría del Pueblo.

En la llamada, Revollar recuerda: “En esa conversación, le repetí lo que habíamos pedido en el tuit (exigir a las Fuerzas armadas “el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”) y que podía haber responsabilidad política, y le pedí que cese el uso de estos; y que se repliegue el personal militar armado que estaba fuera del aeropuerto”.

Ante estas solicitudes, la exdefensora del Pueblo recuerda que Otárola sí confirmó la utilización de este armamento, pero que ya no estaba siendo utilizado. “Su respuesta fue que sí, que ya los helicópteros no estaban sobrevolando”. En ese momento, la excusa usada por el titular del Mindef se basó una simple falta de organización. La misma que generó la muerte de ciudadanos peruanos.

Aun con estas excusas, la práctica del uso letal de la fuerza en condiciones desiguales fue advertida como presuntos delitos de lesa humanidad por diferentes informes de organizaciones nacionales e internacionales veladoras de derechos humanos, una vez superado el periodo de conflicto social. Entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional y la CIDH.

Implicación lapidaria. Fiscalía resuelve que pese a acotaciones del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Infobae Perú.

Hace un par de semanas, Infobae Perú reveló que la Fiscalía de la Nación no solo había formalizado la investigación preparatoria por el caso de los asesinatos en Ayacucho, sino que también había incluido entre los responsables al entonces Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. Y es que las investigaciones y la declaración clave de la exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar, dejan claro que no existió un interés por parte de este, así como de Otárol; por solucionar el conflicto y, en cambio, dio paso a la justificación de los crímenes cometidos aquel 15 de diciembre.

Mientras que Revollar explicó ante la Fiscalía que a Gómez de la Torre se le había notificado de sus intentos de comunicación por medio de su Edecán, el militar señaló ante la Fiscalía de la Nación que se había enterado de las muertes por medio de los medios de comunicación, alegando “no tener conocimiento del hecho”.

“Tomé conocimiento del primer fallecido a través de los medios de comunicación, y el informe de la DIRESA de Ayacucho, aproximadamente a las 17:30 (05:30 p.m.) horas del 15/12/22, y de inmediato me comuniqué con el Comando Operacional del Este, pero no tenía conocimiento de este hecho y dispuse que averigüe y me dé cuenta”, señaló Gómez de la Torre ante el Ministerio Público.

No obstante, apenas unos 15 minutos antes de lo señalado por Gómez de la Torre, Revollar ya había dejado un mensaje con el edecán del ex-alto mando de las Fuerzas Armadas. Como si no fuera suficiente respecto a las imputaciones de omisión, la Fiscalía incluso advirtió que el militar habría incurrido en una confesión involuntaria, pues para las 5:30 p.m. ya estaba en conocimiento de la existencia de fallecidos; no obstante, pasada esa hora “se continuó realizando acciones por parte de los efectivos militares”.

El alto al fuego incluso se perpetró por casi dos horas y “no cesó hasta las 19:00 horas”, señaló la Fiscalía en el informe, en el que incluso se precisa la existencia de videos que dejan clara esta afirmación. “Conforme se aprecia de los registros fílmicos, los militares seguían realizando disparos de forma discriminada, con posterioridad a las 17:30 (5:30 p.m.)”, se lee.

La intervención y análisis de la Fiscalía incluso invalida las excusas ofrecidas por Otárola y Gómez de la Torre de que se trataba de una manifestación violenta alegando que los ciudadanos ayacuchanos “si bien realizaban acciones violentas, no generaron una situación de peligro inminente contra la vida de los militares ni terceras personas.

Poco a poco, las imputaciones contra los más altos mandos se van cerrando alrededor de la presidenta Dina Boluarte, cuya acusación constitucional por algunos de estos casos — que fue presentada por Patricia Benavides cuando era Fiscal de la Nación en medio de cuestionamientos tras la revelación del caso ‘La fiscal y su cúpula en el poder’ — se mantiene cautelosamente alejada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cediendo paso a la impunidad.

Fuente: Infobae