Alvaro Henzler: “el sentir común es el hartazgo ante inoperancia e incapacidad del Ejecutivo y el Congreso”

La persistente incertidumbre y crisis política en el Perú generó que hace unas semanas más de 200 organizaciones se reunieran en un colectivo al que denominaron Coalición Ciudadana para presentar una propuesta de salidas a la actual situación de fragilidad institucional en el país. El paquete de reformas política y electorales contempla un adelanto de elecciones generales.

El economista Álvaro Henzler es el vocero de esta coalición. Es cofundador de EnseñaPeru, miembro del consejo directivo de la Asociación Civil Transparencia y actual presidente ejecutivo de Mosaico Lab Creativo, una aceleradora para organizaciones con propósito social.

El pronunciamiento de la coalición –integrada por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Transparencia, Proetica y Propuesta Ciudadana– expresa su indignación tanto por “los graves hechos que han derivado en acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre el presidente Castillo y su entorno”, así como por un Congreso que busca “favorecer intereses particulares, impulsa proyectos que afectan derechos fundamentales y no fiscaliza eficazmente”.

La acción de estos actores políticos ha conducido a una parálisis crítica de la que el país no podrá salir, a juicio de la coalición, sin “una agenda ciudadana de mediano y largo plazo con compromisos concretos”, así como las reformas planteadas y el adelanto de elecciones.

Esta misma semana, el país asistió a otro capítulo de la precaria lucha de poderes entre Ejecutivo y Congreso, que derivó en la renuncia del primer ministro Anibal Torres y la juramentación de la ministra Betssy Chávez como nueva premier del gobierno Castillo. OjoPúblico conversó con Henzler para conocer su diagnóstico del momento actual de la crisis político y entender las reformas que la coalición plantea.

¿Cómo calificaría o describiría el momento actual de la crisis política del país? 

El país está con un cáncer democrático decadente y, como ocurre con cualquier cáncer, cuando aparece no es que comenzó ahí, comenzó mucho antes. Aparte, se debe a un montón de cosas que se le han metido a nuestro cuerpo como nación, que han terminado en un tumor y, finalmente, se está ramificando en toda la esfera pública y política. Hay una decadencia acelerada en los últimos meses, a partir de este nuevo gobierno y el nuevo Congreso, pero creo que esa aceleración decadente es fruto de una serie de cosas que no han pasado o que hemos dejado de hacer en las últimas dos décadas.

¿Cómo así?

Después de la transición a la democracia en el 2000, hubo un espíritu republicano, un espíritu de retomar la democracia en las instituciones, desde lo más simbólico hasta lo que significó [la presidencia de Alejandro] Toledo, e incluso una serie de esfuerzos de los partidos políticos por renovarse, que lastimosamente no tuvo continuidad. Ese espíritu decayó en parte porque nos endulzamos con un crecimiento económico ascendente.

Ese crecimiento, claramente, trajo muchos beneficios: la bajada de la pobreza, menor inequidad, más empleo. Pensamos que podíamos avanzar en lo económico sin tomar en cuenta lo institucional. Y eso ha sido un grave error de la ciudadanía, de los partidos, de los empresarios, de todos, y hoy estamos pagando las consecuencias. De hecho, en la coalición cuando hemos analizado lo que sucede, hemos encontrado que en las últimas dos décadas las reformas políticas a nuestro sistema son casi inexistentes.

¿Qué otras causas estructurales han visto en el análisis que han realizado en la coalición?

Por un lado, tenemos una apatía ciudadana respecto de lo público, respecto de la política. Pensamos que siendo ejecutivos, emprendedores, empresarios, y creciendo la economía era suficiente para poder vivir en el país que soñamos y dejamos de lado lo público.

Lo segundo es la decadencia de los partidos políticos. Sin excepción todos los partidos hoy son caudillistas, con maquinarias más o menos grandes, con maquinarias millonarias o con maquinarias de vientres de alquiler, pero todos construidos a partir de una persona, defendiendo intereses más particulares o individuales, partidos que no representan a nadie más que a sus dueños.

El tercer elemento es un estado que no funciona, que incentiva la corrupción, que incentiva la ineficiencia. Todo esto ha ido creciendo a lo largo de los años y llegó a su momento cúspide en el 2016, cuando Ejecutivo y Legislativo empezaron a amenazarse con sus respectivas bombas atómicas: te cierro, Congreso, o te vaco, presidente. Todo ello nos ha llevado a nuestros momentos de mayor inestabilidad e ingobernabilidad como país.

Si esta decadencia venía desde antes, ¿qué es lo que ha cambiado del 2016 en adelante? ¿Qué ha causado la aceleración y ha llevado al uso indiscriminado de esas bombas atómicas, como las llama?

Lo primero es que la elección del 2016 refleja de manera muy clara la precariedad de la política en el país. Gana democráticamente un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que no tenía nada atrás. No tenía partido, su bancada era enana, si uno mira su primer gabinete, puede ver que lo construyó en los últimos meses o semanas antes de asumir la presidencia.

Esa victoria de PPK nos muestra la precariedad de un político que quería ser presidente pero que no tenía nada, ni partido siquiera, que le pudiera garantizar cierta gobernabilidad. Y, por otro lado, quienes perdieron, no aceptaron su derrota y, aún cuando se encontraban cerca ideológicamente, se dedicaron a obstruir y destruir.

Esas dos fuerzas mostraban de forma clara nuestra precariedad política. Y son precisamente esas dos fuerzas las que empiezan a utilizar esas dos bombas atómicas. A partir de entonces, esto solo se ha agravado. Y hemos llegado a ese momento, como mostraba una caricatura de Edery en El Comercio, donde ambos poderes están jugando cachascán para perpetuarse en el poder, totalmente de espaldas y despreciando a la ciudadanía.

Pero la ciudadanía que se está hartando…

Así es. La ciudadanía ya está harta de este patético show y sufre porque no hay manejo de la salud, de la economía, no hay soluciones para el empleo o la educación, y seguimos viendo cómo lo poco que se había avanzado en institucionalidad en estos veinte años se sigue derrumbando y derrumbando.

¿Es eso lo que lo lleva a usted, que no tiene experiencia política previa, no ha militado en un partido ni ha sido candidato, a dar este salto y encabezar esta coalición para buscar salida al entrampamiento en que nos encontramos?

Yo estoy muy comprometido con contribuir a la salida de la crisis, pero más que una decisión personal la coalición es una suma de instituciones. Yo soy parte del consejo directivo de Transparencia y desde ahí es que convocamos en mayo a estos diálogos con instituciones muy diversas. Liberales, progresistas, empresariales, sindicales, activistas, etc.

Esos diálogos han tomado varios meses y es ahí donde hemos ido madurando ideas, empezando por entender para qué queremos la coalición y cuál es el consenso mayoritario, que se ha definido como adelanto de elecciones más las siete reformas específicas que se están planteando. Y así como yo de Transparencia hay distintos voceros y líderes, por ejemplo, está Lucio Castro del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Jorge Median, de Capitalismo Consciente, o Jennie Dador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué es lo que une a esas organizaciones agrupadas en la coalición?

Independientemente de a quién votamos como ciudadanos, hay gente que votó a Pedro Castillo y hay quienes votaron a Keiko Fujimori, e independientemente de que nos consideremos de izquierda o de derecha, el sentir común es el hartazgo ante la inoperancia e incapacidad de los extremos presentes en el Ejecutivo y el Congreso.

Hay un consenso en que ya no podemos solo estar hartos sino que tenemos que buscar las posibilidades que nos brinda la Constitución, dentro de nuestro marco legal, para contribuir de una manera concreta. La coalición no es un mero pronunciamiento o ideario, no es un sueño, lo que se ha hecho en estos meses de trabajo es aterrizar unas propuestas concretas. Esas propuestas son perfectibles, pero queríamos poner una ficha distinta sobre la mesa, que ojalá sirva para hacer lo que los partidos deberían hacer, es decir, representar a la ciudadanía y buscar una salida desprendida en medio de una crisis evidente.

La primera reforma que plantean es que “en las elecciones presidenciales de segunda vuelta participen los candidatos que obtengan las votaciones más altas hasta que la suma supere el 55% de los votos, pudiendo ser hasta 4 candidatos”. ¿Qué soluciona que haya más candidatos en segunda vuelta?

La lógica detrás es bien simple. Alguien gana en primera vuelta si obtiene el 50% más uno de los votos, pero es improbable. Si la lógica es esa, y tenemos, como en la última elección, que los dos primeros candidatos no alcanzaron ni el 20% cada uno, lejísimos del 50%. Así que en segunda vuelta lo que tuvimos fueron dos enanos compitiendo y eso generó una tremenda polarización. Ojo, esta sería una regla de excepción. Si uno analiza toda nuestra historia republicana esta norma que estamos planteando solo se habría aplicado dos veces. En la elección del 2006 hubieran pasado García, Humala y Flores Nano; y en esta última hubieran pasado cuatro. Es decir, no es que siempre vamos a tener cuatro candidatos en segunda vuelta.

La atomización del electorado es progresiva y el apoyo a los candidatos viene disminuyendo elección a elección, no parece probable que de pronto mañana vayan a surgir candidatos que vayan a acumular 55% entre dos para pasar a segunda vuelta. O sea, de aprobarse esa reforma, lo que se plantea como excepción se convertiría de inmediato en regla.

Es posible, es cierto, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que se busca, en todo caso, es arreglar que pasen a segunda vuelta candidatos que representan solamente a uno o dos de cada 10 peruanos y también darle a la ciudadanía más opciones en segunda vuelta. Esa es la lógica detrás. Y sentimos que arregla el problema de que dos hiperminorías que no representan a la mayoría de peruanos pasen a segunda vuelta, acotando en exceso el menú de opciones y produciendo excesiva polarización.

PROPUESTAS DE REFORMA. La coalición que representa Henzler ha sumado estas semanas 217 organizaciones de la sociedad civil.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

¿Qué va a ocurrir cuando tengamos presidentes que llegan a Palacio luego de ganar una segunda vuelta con 40%, 30% o 20 y pico por ciento de los votos? ¿No habrá un problema mayor de legitimidad o gobernabilidad?

Es importante ver que estas reformas son un sistema, y ahí viene la segunda reforma, que indica que la elección del Congreso, en lugar de hacerse en primera vuelta, en el caso probable de que haya una segunda vuelta, pasa a hacerse ahí. Participan todos los partidos inscritos, pero en nuestra opinión va a generar menos fragmentación en el Congreso y le va a dar un peso relativo más importante a quien vaya a ser gobierno y un peso relativo a la posición según lo que la ciudadanía quiera. Y, más importante, va con la reforma tres.

La renovación parcial a medio periodo.

Así es. A la mitad del periodo gubernamental de cinco años, la ciudadanía podría volver a elegir y renovar el 50% de congresistas. Con lo cual si la ciudadanía ve que el gobierno va avanzando bien y la oposición es muy obstruccionista, le va a dar más votos al gobierno. Si, más bien, vemos que el Gobierno está siendo autoritario, corrupto, le podrá quitar peso en el Congreso. Entonces, las reformas uno, dos y tres construyen un sistema que permite, en nuestra opinión, mayor gobernabilidad por mayor contrapeso y fuerzas menos afaccionadas.

Pero que sean un sistema no soluciona el problema de poca legitimidad que enfrentaría un presidente elegido en segunda vuelta con 30% o 20% de los votos. ¿Qué se haría al respecto?

Toda propuesta al final tiene sus pro y sus contras. Es posible que si pasan tres o cuatro a segunda vuelta, quien gane no alcance el 50% más uno de los votos. Pero sentimos que el problema es más grave que ese. Y además estamos acompañando esa reforma con el contrapeso que da esa renovación parcial y la posibilidad de aglutinar fuerzas en el Congreso y buscar así una mayor gobernabilidad.

Distintos expertos, como Mauricio Zavaleta en este mismo espacio, han señalado la necesidad de no incrementar los niveles de incertidumbre de nuestro sistema político. ¿No cree que someter a validación y, posiblemente, cambiar a una parte importante del Congreso a medio mandato aportaría mayor inestabilidad? 

Esa propuesta concreta está compuesta por tres elementos. Uno es la renovación de la mitad del Congreso a la mitad del periodo; el segundo es volver a permitir la reelección inmediata de los congresistas; y el último es eliminar la disolución del Congreso como posibilidad. El principio de fondo es que los congresistas no rinden cuentas, actúan con una suerte de cheque en blanco durante sus cinco años, y como no van a ser reelectos no tienen incentivos para buscar representar a sus electores y actúan de espaldas a la ciudadanía.

Entonces, lo que se busca es eliminar una bomba atómica, la disolución del Congreso, que no está en ninguna democracia moderna ni madura, y devolverle a la ciudadanía el real poder de someter a rendición de cuentas a los congresistas, que representan a esos ciudadanos. La renovación busca que la ciudadanía pueda castigar o premiar el desempeño de las bancadas y congresistas.

Y, por otro lado, hay que reinstaurar la reelección, cuya prohibición fue una reforma populista promovida por Vizcarra, que desacreditó la carrera política. La propuesta de la coalición no es la panacea, ninguna reforma puede resolverlo todo, y sabemos que hay otros elementos que tienen que contribuir a la gobernabilidad, pero como principio que los ciudadanos tengamos la capacidad de premiar o castigar la gestión parlamentaria a la mitad del periodo nos parece que es muy democrático. Junto a eso, por supuesto, hay que hacer un trabajo de renovar los partidos políticos.

La cuarta propuesta de reforma plantea que “las personas condenadas por delitos muy graves deben estar impedidas de postular o ejercer cargos públicos”, cosa que ya está contemplada en la ley. Pero a la vez propone que esas personas “deben estar impedidas de formar, dirigir, financiar e integrar partidos políticos”, incluso “si ya cumplieron su condena”. ¿No es esto inconstitucional?

Hay un precedente bien importante que señaló que personas que habían cumplido condena por terrorismo habiendo sido maestros no podían regresar a ser maestros, incluso habiendo cumplido su sentencia. Hubo una querella y al final el tribunal determinó que era perfectamente posible debido a la gravedad de los hechos.

También la ONU en su famosa convención anticorrupción posibilita medidas extremas para bajar la corrupción en aquellos países donde es un mal mayor. Nuestra propuesta es, efectivamente, una muerte civil absoluta para aquellas personas que han sido condenadas de delitos muy graves como terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada o corrupción.

Pero esos delitos graves no son todos delitos que están ligados al ámbito político. Y, por otro lado, ser maestro no es un derecho constitucional, mientras que participar en la vida política sí.

Sí, eso es cierto. Pero, primero, todos los delitos que hemos tipificado son aquellos que atentan contra el Estado y los asuntos públicos. Por otro lado, es algo que hemos discutido mucho, como sabes en la coalición hay varias organizaciones que defienden derechos humanos. Al final, investigando en la legislación local, en la legislación internacional y viendo la gravedad del cáncer de la corrupción que afecta al Perú, sentimos que lamentablemente es una medida que tenemos que tomar.

¿En ese ejercicio que han realizado han encontrado otros países que tengan una ley como la que ustedes están planteando, que impida la actividad política a quienes han cumplido condena por determinados delitos?

No lo sé ahora mismo, lo consultaré con las organizaciones de la coalición, seguramente alguna de ellas tendrá la respuesta exacta.

La quinta propuesta habla de “mejorar la calidad de la representación política incorporando al menos una circunscripción para pueblos indígenas u originarios”. ¿Qué problema concreto busca solucionar esta reforma?

Siendo un país tan diverso, como están planteadas las circunscripciones electorales hoy, es prácticamente imposible que parte de nuestra diversidad, que son los pueblos indígenas y originarios, tengan una representación formal en el Congreso. Eso genera una serie de problemas, porque son voces importantes que hay que escuchar, pero al no poder acceder al Parlamento, buscan canales informales para hacer escuchar su voz.

No se está buscando un doble voto, el ejemplo es Colombia, donde esto funciona bien. Lo que se plantea es que hay un grupo de personas que está en esta circunscripción y entonces aumentamos las posibilidades que esta minoría importante en el país puede asegurar una presencia en el Congreso.

Y así, aquellas personas entonces que antes votaban por Loreto, si ahora se encuentran registradas como integrantes de los pueblos originarios, ahora votarán por esa circunscripción. Esto implica un cambio constitucional de un par de párrafos y lo que estamos diciendo es que tiene que haber una ley que lo reglamente, lo que va a generar claramente una discusión en el Congreso.

Las dos propuestas finales, tanto la modificación en la elección del Tribunal Constitucional y limitar la vacancia presidencial, suponen directamente quitarle atribuciones al Congreso, atribuciones por las que el Congreso actual ha demostrado que tiene especial afecto. Se requiere 75 mil firmas ciudadanas para que la iniciativa sea evaluada y, llegado el caso, votada en el Congreso. ¿Qué posibilidades ve de que los congresistas actuales se suiciden políticamente de esta forma?

Yo creo que la reforma de la elección del Tribunal Constitucional, para evitar su politización, es necesaria. Estamos proponiendo que después de un concurso de méritos, un tercio pase de frente a ser juez, un tercio elegido por el Congreso y un tercio elegido por el Ejecutivo. Muchos constitucionalistas, incluso los creadores de la Carta Magna del 93, señalan que fue un error el sistema de elección del Tribunal Constitucional.

En cuanto a la reforma de la vacancia, no considero que le estemos quitando poder al Congreso, al contrario estamos clarificando la figura. Y así, la vacancia sería por incapacidad física o mental y, cambiando el artículo 117, cuando un presidente en ejercicio comete delitos muy graves, sí se le puede acusar y suspender llegado el caso. Lo que buscamos es que quede claro.

Dicho eso, la posibilidad de éxito de esta propuesta es mediana. Yo creo que esa probabilidad va a aumentar en la medida que pasen tres cosas: uno, que consigamos estas firmas en relativo corto tiempo, que la ciudadanía se apropie las reformas, las entienda, las apoye, entienda que no son perfectas pero es algo mejor de lo que teníamos antes. Lo segundo es la movilización ciudadana: los congresistas, si uno ve los últimos años de nuestra historia política, han cambiado de parecer significativamente cuando se han dado cuenta que la ciudadanía está a favor de tal o cual cosa.

Nosotros aspiramos a que, además de las firmas, comience a emerger esa gran mayoría de ciudadanos que no le gustan ninguno de los extremos y que puede ver en esta salida una salida real. Y a la vez que los varios congresistas sensatos, que los hay, aquellos interesados real y genuinamente en lo mejor para el país, comiencen a conversar entre ellos, comiencen a desprenderse de sus ideas, a pensar en el interés común, y así esa masa crítica de congresistas ejerza un liderazgo valiente. Yo sí creo que esos congresistas existen, en distintas tiendas políticas.