La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes la decisión del Estado peruano que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Según el organismo, han incumplido las órdenes emitidas por la Corte IDH.

En un comunicado señalaron que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Por ello, indicaron que está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales.

“La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad”, se lee en parte de su pronunciamiento.

La Corte IDH también ha señalado que la medida jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que “menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante”.

Fujimori en libertad

El expresidente Alberto Fujimori salió el pasado miércoles de prisión luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su “inmediata excarcelación”. Esto pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó al Gobierno peruano a no proceder con dicha ejecución hasta verificar si contaba con los elementos necesarios y sugeridos por la instancia supranacional.

Fujimori abandonó el penal de Barbadillo a las 6:30 p.m. siendo recibido por sus hijos Keiko y Kenji. En el lugar había un fuerte resguardo policial y decenas de simpatizantes que aguardaron por horas la salida del exmandatario luego de conocida la orden del Tribunal Constitucional.

En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción emitió un comunicado en la víspera, donde informaba que Fujimori Fujimori tiene una deuda por reparación civil que alcanza los 57 millones de soles por tres de los casos por los que fue sentenciado.