Con 86 votos a favor, 12 abstenciones y tres votos en contra, el pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que propone inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometido algún delito en contra del Estado y la sociedad durante sus funciones, en situaciones de calamidad pública o emergencia sanitaria.
El vicepresidente de la Comisión de Justicia, el congresista Walter Ascona (APP), informó sobre la acumulación de los proyectos de ley 1134, 3425, 4933, 4953, 4998, 5041, 5051, 5114, 5269, 5389 y 5526, que proponen modificar los artículos del Código Penal, respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante épocas de emergencia.
También se plantea dictar otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales, para lo cual estipula las circunstancias agravantes señaladas y el reordenamiento sistemático para este caso, entre otros aspectos.
De igual manera, para estos casos la norma prevé la necesidad de modificar los artículos 38, 384, 387, 389 y 426 del Código Penal, para extender la inhabilitación de seis meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad que se refieren otros artículos del código en mención, entre otras normas.
La iniciativa también contempla algunos puntos vinculados a temas de la colusión simple y agravada, en relación con el delito del funcionario público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de compras y adquisiciones, concierta con los interesados para defraudar al Estado, siendo reprimido con penas privativas de libertad por diversas circunstancias y tiempo
